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Corrupción y crisis económica en España


La corrupción está en el corazón de las causas que explican buena parte de la actual crisis económica española. Por ello debe prestársele la mayor atención con el fin de tratar de desentrañar sus orígenes y las consecuencias que está provocando. A ella le dedicaré varios artículos en este blog.
Transitar por Eurolandia 3 de octubre de 2015 Enviar a un amigo
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Como es bien sabido, la economía es cíclica: a cada periodo de prosperidad sucede otro de recesión. Así ha ocurrido a lo largo de la historia y así continuará en el futuro puesto que todavía no se ha encontrado una fórmula que termine –o al menos atenúe en sus efectos- con los ciclos económicos. Lejos de ello, el actual proceso de globalización, que es prácticamente total en los movimientos de capital y muy importante en el mercado de bienes, hace hoy mucho más vulnerable cualquier economía desarrollada de lo que estaba en el pasado.
En el cambio de ciclo suelen influir una serie de factores, tanto externos como internos; en unos casos priman los primeros y en otros los segundos, si bien en las economías muy internacionalizadas –como es ya el caso de la española-, por lo general suelen ser más importantes los externos. Así ocurrió en la crisis de los setenta del siglo anterior, cuyo detonante básico fue el encarecimiento de los precios de las materias primas, en particular las del petróleo. En la actual crisis, el factor desencadenante también ha sido externo: la crisis financiera que se originó en Estados Unidos a mediados de 2007 y que rápidamente se transmitió al resto del mundo y en especial a la Unión Europea.

Sin embargo, no ha sido el contexto internacional el principal responsable de la actual crisis española: ha sido el interno. Es obvio que la crisis financiera internacional fue la chispa que hizo saltar por los aires nuestra propia crisis interna, pero España la hubiera padecido en cualquier caso: era cuestión de tiempo. El problema residía en las cuantiosas inversiones especulativas –sin posibilidad de recuperación- que se habían realizado desde mediados de los años noventa en adelante en el sector de la construcción; tales inversiones contribuyeron al recalentamiento de la demanda interna y sobre todo al incremento del endeudamiento, inicialmente del sector privado (empresas y familias) y posteriormente también del público. Dichas inversiones -en gran parte improductivas- fueron favorecidas por la corrupción que tradicionalmente ha padeciendo España y que, desde mediados de los noventa, se activó considerablemente alentada por los bajos tipos de interés de los préstamos y el descontrol político de la administración territorial (comunidades autónomas y corporaciones locales). De manera que de no haber existido tal corrupción o de no haber sido tan profunda y generaliza, las citadas inversiones especulativas no se hubieran producido en el grado en que se dieron y, en consecuencia, España hubiera padecido la crisis económica a un nivel muy similar al de los países más sólidos de la Unión Europea –léase Alemania y los nórdicos- ya que sus indicadores económicos no diferían de manera considerable en los inicios del siglo presente. Una vez desencadenada la crisis, las medidas que tomaron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy sobre ajuste fiscal y reformas del mercado laboral –en ambos casos impuestas por el Eurogrupo-, han recaído mayormente sobre las clases sociales más débiles: la crisis la están pagando quienes no la han provocado.
 
Las consecuencias son bien conocidas: se ha generado mucha pobreza, se ha incrementado a cotas insoportables el desempleo, se ha precarizado el mercado de trabajo y se ha incrementado la desigualdad social hasta hacer de España el segundo país más desigual de la Unión Europea, tras Letonia. Entre 2008 y 2013 la población activa se ha reducido en 66.000 personas, la ocupada lo ha hecho en 3.524,2 miles y el paro se ha incrementado en 3.460 miles; el efecto global de la crisis sobre el empleo (suma del decremento en población ocupada y del incremento en la desempleada), durante esos cinco años ha sido de un total de 6.984,6 miles de personas: este ha sido el coste directo de la crisis en términos de empleo en el periodo citado. Por lo que respecta a la precarización del mercado de trabajo, operando con los datos de la Encuesta de Población Activa y tomando el promedio del cuarto trimestre de 2012 y el tercero de 2013, los parados, desanimados, subempleados y asalariados sin un puesto de trabajo estable, sumaban un total de 11 millones de activos laborales en precario, lo que equivalía nada menos que al el 45% de la oferta de trabajo española; es decir, prácticamente uno de cada dos personas activas bien estaba en paro o bien tenía un puesto de trabajo muy inestable. Finalmente, en lo relativo a la estructura salarial, en 2012 –último año con datos definitivos- un 12% de los empleados del sector privado no llegaba al salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en dicho año en 8.979,6 euros, y un 33,3% no lo doblaba; en cambio, las diferencias salariales se hacían crecientes a medida que la escala iba aumentando; todo esto referido a los asalariados sometidos a convenios colectivos, si se toman en consideración los altos cargos y en general todos los ocupados no sujetos a tales convenios, la escala salarial alcanza diferencias abismales.
 
La corrupción no ha sido ajena ni mucho menos a esta situación. No es extraño que en los últimos años las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la sitúe, tras el paro, en segundo lugar en el ranking de los problemas españoles.

La corrupción es una hidra con muchas ramificaciones; esto es, existen muchos tipos de corrupción, todos ellos perniciosos. A la que aquí nos referimos es a la más común, repugnante y generalizada de todas ellas: la corrupción política. Es la que hace un uso indebido de recursos públicos, ya sea robando directamente, cobrando comisiones por concesiones administrativas, financiando ilegalmente a partidos políticos y sindicatos, malversando fondos públicos, etc.

Cuando la corrupción está muy arraiga en la sociedad, es decir, cuando es estructural como es el caso de la española, ocasiona perjuicios económicos muy graves: entre otros, frena las potencialidades de desarrollo económico y daña muy seriamente la calidad democrática y el Estado de Derecho. En un reciente artículo titulado “Relación entre corrupción y satisfacción” (Revista de Economía Aplicada Número 64, 2014), sus autores califican a esta lacra social de un impuesto arbitrario. Estima el coste social de la corrupción en España en 39,5 miles de millones de euros anuales, lo  que equivale a una media de 251,7 euros por español. Por comunidades autónomas, dicho coste, aunque elevado en todas ellas, varía significativamente entre las mismas; por encima de esta media y por este orden, se sitúan: Canarias, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Cataluña y Galicia; y por debajo de dicho umbral, el menor coste social de la corrupción corresponde, también por este orden, a: La Rioja, Navarra, País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. Así que, según el trabajo citado, los puntos extremos de corrupción los representan Canarias (la más corrupta) y La Rioja (la que  menos).
 

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