Los jubilados del PAS de la Universidad Autónoma de Madrid se manifestaron el jueves 16 de junio, como es su costumbre, en el pleno de la Asamblea de Madrid y posteriormente lo hicieron en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid coincidiendo con el acto de investidura como doctores Honoris Causa de Paul Auster y Richard L. Kagan, lo que motivó que el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid pidiera la intervención de la policía para echar a los jubilados de los exteriores donde, a puerta cerrada, se celebraba el acto.
Hace décadas que la policía no entra en los campus universitarios si no es por un motivo grave: en sus funciones de indagación y persecución de ilícitos penales o administrativos, por la existencia de un delito, si están robando coches en el parking o abusando de un estudiante. En todos estos casos, la policía entrará en el campus con o sin permiso del rector.
Las universidades se escudan en su autonomía universitaria para tratar de impedir que la policía entre en sus campus cuando hay manifestaciones o protestas de estudiantes, como el caso de la Universidad Autónoma de Barcelona que interpuso una denuncia motivada por una intervención de orden público que le tocó resolver al Tribunal Supremo.
La cuestión es que desde la “época de Franco” la policía no es bien vista en los campus universitarios. Aquellos últimos años de la época franquista, cuando la policía sofocaba manifestaciones estudiantiles en las que los jóvenes pedían un cambio político y social, cuando policías montados a caballo entraban en las facultades para desalojarlas, han quedado atrás. Con la democracia, las universidades han defendido su territorio y ensalzan que “sin el permiso del rector, la policía no puede entrar”.
Pero qué pasa si es el propio rector o rectora quien llama a la policía, pensaremos que ha sucedido algo gordo de verdad y que sus vigilantes no pueden controlar el tema porque hay un delito de por medio y es imprescindible la fuerza policial. Ese ha sido el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha llamado a la policía para echar “del exterior” a unos cincuenta jubilados que ya no saben cómo exigir su paga por jubilación. Desde el año 2013, la Universidad Autónoma de Madrid NO abona a sus trabajadores del personal de Administración y Servicios la paga por jubilación, que sí están abonando el resto de las universidades públicas de Madrid que comparten el mismo Convenio colectivo y el mismo Acuerdo (Universidad Complutense, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá). El mismo a convenio y Acuerdo que recogen el referido pago.
La Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, en 2012, a raíz de la crisis económica, estableció una suspensión del abono de los beneficios sociales a todo el personal de organismos públicos para el año 2013. Desde ese momento, la UAM dejó de pagar a sus trabajadores del PAS la remuneración que establecen los acuerdos por jubilación forzosa. Sin embargo, las cinco universidades restantes, aunque en un principio dejaron de pagarlo, procedieron inmediatamente a reanudar el abono por ser un derecho de sus trabajadores recogido en el Convenio Colectivo y en el II Acuerdo de Funcionarios y defendido por los sindicatos, las gerencias y los rectorados de todas las universidades menos de la UAM.
Atendiendo a estas normas, cinco universidades de la Comunidad entendieron que tenían el deber de terminar la relación laboral de sus trabajadores con la paga de jubilación mientras que la UAM jamás ha intentado acercarse a las propuestas de esas cinco universidades para hacer efectivos los pagos. Que la Comunidad de Madrid haya aceptado el presupuesto de todas las universidades que cumplen con sus jubilados y, a la vez, acepte la negativa al pago de la UAM, además de incomprensible y contradictorio deja al colectivo en total indefensión y su vida laboral en la Comunidad de Madrid se ve penalizada frente a sus compañeros de otras universidades por el solo hecho de haber trabajado en la UAM.
Desde la Consejería de Hacienda se sigue vetando este pago a los jubilados de la UAM, según la Ley de Presupuestos, mientras que se permite que el resto de Universidades lo abonen. La Ley no puede ser de distinto cumplimiento para unos y otros, y los jubilados han instado a la propia Presidenta de la Comunidad para que intervenga ante los
consejeros de Hacienda y Educación, para que resuelvan esta contradicción y todos los trabajadores a cargo de la Comunidad de Madrid reciban el mismo trato y justicia.
Mientras la Universidad Autónoma de Madrid se ampara en la Ley de Presupuetos para no pagar, la Comunidad de Madrid se ampara en la autonomía universitaria para dejar el pago al criterio de la Universidad. La misma autonomía universitaria que otras universidades ponen de escudo para impedir que la policía entre en sus campus.
Magdalena Mora Tejada, Jubilada de la UAM
