La Fiscalía Anticorrupciónseñala en una hora difundida varias horas después de surgir las primeras noticias que se investiga el pago de una comisión ilegal de 30 millones de dólares entregada entre los años 2012 y 2015 al presidente de Guatemala en aquellos años, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, para que la mercantil española Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona SL, obtuviera a través de su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal SA, la adjudicación irregular del contrato para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal. Estos hechos son investigados por la justicia guatemalteca, que recientemente condenó a 15 años de cárcel por corrupción a Baldetti.
La investigación en España se extiende también a la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del comisario Villarejo por parte de la mercantil A Pérez y Cía SL, para impedir la detención y extradición del empresario español Ángel Pérez-Maura, que había sido ordenada por las autoridades de Guatemala en abril de 2016. El policía debía conseguir también que no se iniciaran ningún procedimiento penal contra él en España.
Los otros arrestados son Francisco Javier Soucheiron, el abogado Enrique Maestre y el comisionista Adrián de la Joya, los dos últimos citados en el escándalo de los papeles de Panamá. Adrián de la Joya, es considerado por los investigadores como una persona muy próxima a Villarejo. De la Joya ya se vio salpicado por otros tres casos de corrupción: el procedimiento por el Pequeño Nicolás (la tarde de la detención del pequeño Nicolás, Villarejo también se comunicó varias veces con el empresario Adrián de la Joya), Gürtel y Lezo , donde el principal implicado es el expresidente madrileño Ignacio González y en cuyo marco ya fue arrestado en su día. En aquel sumario está acusado de haber recibido un cheque de 1,4 millones de euros del empresario Javier López Madrid para transferirlo desde su cuenta de Suiza a Ildefonso de Miguel, directivo del Canal de Isabel II y supuesto testaferro de González. El financiero admitió ante el juez haber recibido el dinero, pero negó haberlo transferido. Afirmó que se lo quedó por unas deudas que OHL (grupo del exministro Villar Mir) tenía con él.
Como adelantó El Confidencial el pasado septiembre, la nueva pieza PIT que ahora investiga Anticorrupción salpica al exjuez Baltasar Garzón y a la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. Documentos y audios intervenidos al comisario revelarían que, tras ser contratado por el naviero, Villarejo recurrió a Garzón y Delgado, que en aquella época era fiscal de la Audiencia Nacional, el órgano encargado de estudiar la extradición de Pérez-Maura, para evitar que la causa prosperara. Asimismo, el comisario ya jubilado habría pagado presuntamente al antiguo juez para que empleara sus contactos al otro lado del Atlántico en beneficio de Pérez-Maura.
Adrián de la Joya habría sido el encargado de poner a Pérez-Maura en contacto con Villarejo. Residente en Suiza, tenía que declarar este martes en la Audiencia Nacional por el caso Lezo. Según documentos contables incorporados al sumario de la operación Tándem, la compañía matriz de Pérez-Maura, Pérez y Cía SL, hizo un primer pago en 2016 de 3.388.000 euros a la agencia de investigación de Villarejo, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) —hay una factura de 2.178.000 euros y otra de 1.210.000—, y de otros 1.452.000 euros a Stuart & McKenzie, el bufete jurídico del policía. Esos pagos se debieron presuntamente a que Villarejo ya había alcanzado uno de los objetivos: evitar la extradición del naviero a Guatemala. Efectivamentre, en abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la petición de entrega de Pérez-Maura.
A partir de ese momento, según ElConfidencial, las dos empresas de Villarejo empezaron a recibir de Pérez y Cía SL un total de 145.200 euros mensuales por los encargos que seguían pendientes. Hasta noviembre de 2017, fecha en la que estalló la operación Tándem, Pérez-Maura pagó a las compañías del comisario más de 7 millones de euros.
