Entre las informaciones que tendrán que incluir las compañías que superen los 500 empleados, conactivos superiores a 20 millones de euros o cifra de negocio por encima de 40 millones estarán laspolíticas de diversidad de la compañía en cuestiones como edad, sexo, discapacidad o formación y experiencia profesional.
También deberán especificar los efectos de las actividades de la empresa en el medio ambiente, las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, datos sobre las condiciones de trabajo y prevención del fraude o las violaciones de los Derechos Humanos, describiendo las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.
Estarán obligadas a aportar esta información las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y las comanditarias por acciones que tengan la condición de entidades de interés público con más de 500 trabajadores o sean consideradas empresas grandes por su cifra de negocios, activo o empleados; mientras que las pequeñas y medianas (pymes) quedan eximidas.
Este proyecto de ley, que supone una modificación del Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, es el producto de la transposición de la directiva europea 2014/05/UE al ordenamiento español y será sometido a debate en el Senado para su aprobación.
Según han explicado los portavoces de los grupos, las empresas tendrán que basar su información en estándares internacionales para que sea “comparable y verificable”, y tendrá que estar publicada en la página web de la sociedad durante cinco años .
Podemos, Ciudadanos y Esquerra critican el retraso en la transposición
El texto ha sido aprobado con 36 votos a favor y una abstención, la de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), con la inclusión de las enmiendas transaccionales con el apoyo de todos los grupos menos el Grupo Popular. Las enmiendas de Ciudadanos y el Grupo Mixto han sido rechazadas y Unidos Podemos ha decidido retirar las suyas.
En una sesión marcada por la percepción de “gran consenso” que han señalado los portavoces de las fuerzas políticas, los representantes de los grupos parlamentarios han destacado que con esta nueva normativa se pasa “de los números a los valores” y se ahonda en la petición de responsabilidad a las empresas, lo cual les ofrece la posibilidad de “poner en valor los aportes positivos” que realizan en su entorno.
Los portavoces de los grupos de Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC han criticado el retraso en la transposición de esta directiva europea, que data de octubre de 2014, aunque han reconocido que el proyecto de ley acordado amplía las exigencias del texto comunitario
