Ya está aquí el nuevo esquema en el que podrá moverse nuestra enseñanza superior. Un combinado tan ambicioso como indefinido: más autonomía para las universidades a la hora de seleccionar a sus profesores (con lo bueno y con lo malo que supone para combatir el enchufismo) y más órganos de participación para la comunidad del campus.
El tempranero espaldarazo gubernamental a la norma socialista es toda una declaración de intenciones, con la enseñanza puesta en el centro de la mira telescópica del Ejecutivo para el curso político que arranca.
«Con esta ley vamos a contar con un sistema de acreditación nacional que responde a un criterio estrictamente científico, avalado por la experiencia y dotado de garantías», comentó ayer la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. «Los centros convocarán sencillamente las plazas que necesiten».
La frase tiene aristas y corta según se mire. Porque -con respecto al modelo que planteaba el PP – el modelo de selección del profesorado propuesto ahora hace que el mismo esté más controlado por la universidad que convoca la plaza e invita más a la endogamia.
Donde antes la LOU popular exigía tribunales de siete miembros (elegidos por sorteo, con uno o dos sexenios de investigación y hasta seleccionados todos ellos de universidades distintas a la que saca el puesto de trabajo para luchar contra las plazas dadas a dedo); la reforma socialista apuesta por un mero sistema de acreditación donde unos profesionales de «reconocido prestigio» darán el visto bueno a los currículos de los candidatos, primero, y donde los estatutos de cada universidad regularán -ya en los concursos de acceso- las «composiciones de las comisiones de selección de las plazas».
Además del criticado paso atrás en el destierro de la endogamia que supone el texto, la reforma de la LOU aprobada ayer, después de dos años de consultas, trae algunas novedades de enjundia: la elección del rector se podrá hacer o bien mediante sufragio universal o bien por el claustro, se crea el Consejo de Estudiantes Universitarios y el Estatuto del Estudiante, y se incluyen la mayoría de las sugerencias que realizó en su día el Consejo de Estado. Una de ellas, la apuntada: la que se refiere a la participación de los profesores en las cuestiones académicas de las universidades de titularidad privada.
¿Los ecos? Dijo el PP ayer que la reforma «compromete» el futuro de nuestra universidad. Señaló ERC que «no apoyará» la norma si ésta no es mejorada en el Congreso. Aplaudió el PSOE la noticia, que dará a la institución «más calidad y autonomía». Definitivamente ha comenzado el curso educativo. Que doña financiación bendiga a la tercera reforma universitaria de la democracia.
