miércoles,25 mayo 2022
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Demanda más agilidad en los procesos

El fiscal general denuncia la falta de medios contra la corrupción

Redacción
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, denunció ayer en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que debate ideas contra la corrupción la falta de medios en la Administración de Justicia y la escasez de instrumentos legislativos adecuados en la lucha contra las malas prácticas de la clase política. Según expuso, la legislación es "manifiestamente insuficiente, enrevesada y no acorde con la gravedad que se demanda por la ciudadanía".

 Además criticó la "precariedad en los medios materiales y humanos con los que trabajan las fiscalías provinciales, donde se ventilan el 80% de las causas, lo que hace que afrontarlas se convierta en una tarea titánica y en muchos casos destinada al fracaso". Reclamó para los fiscales la instrucción de las causas y denunció que "las causas más complejas llegan precocinadas por la policía y Hacienda". "Hay que evitar que los procedimientos por delitos de corrupción se perpetúen en el tiempo, con la consiguiente desmoralización social y pérdida de confianza en la Justicia", indicó. El fiscal general incidió en que la instrucción no debe ser "un juicio por adelantado en fase escrita" y recordó que su finalidad "no es acreditar los hechos", sino concretar indicios delictivos para poder formular una acusación que debe acreditarse ante el tribunal de enjuiciamiento. EL PAÍS interpreta que "Torres-Dulce censura la reforma del Ejecutivo por insuficiente".

Torres-Dulce subrayó que delitos como la prevaricación, el cohecho o la malversación de caudales públicos constituyen un "ataque demoledor a los pilares del Estado de Derecho" y advirtió de que si no se combaten de manera "contundente" alientan a la ciudadanía a "justificar" delitos como el "fraude tributario o a la Seguridad Social".

Además de Torres-Dulce, ayer comparecieron el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, y el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Pendás reclamó una reflexión sobre la retribución de los políticos, que consideró bajo, y abogó por garantizar salidas adecuadas y atractivas de la vida política para evitar que los políticos se conviertan en una especie de casta profesionalizada y para atraer a la política a la gente "más valiosa". Álvarez de Miranda propuso dotar al Tribunal de Cuentas de una unidad de partidos políticos que duplique el personal dedicado a su control, así como una mayor precisión a la hora de fijar los objetivos de los programas de fiscalización.

Por otra parte, Álvarez de Miranda confirmó que el Tribunal de Cuentas ha abierto un trámite de audiencia previa para que 13 partidos y 24 fundaciones puedan alegar sobre las irregularidades detectadas en su financiación. En este sentido, Torres-Dulce pidió "tiempo" para investigar las irregularidades en las donaciones por valor de 11,4 millones de euros entre 2009 y 2011.

CiU y PSOE reclamaron la financiación de los partidos con dinero público para evitar la financiación irregular y donaciones de particulares que puedan dar lugar a situaciones de prevaricación o cohecho. En la primera sesión de la Comisión todas las fuerzas parlamentarias coincidieron en la necesidad de alcanzar un "pacto de Estado" contra la corrupción.

Urdangarin niega los delitos fiscales que se le imputan y acusa a Hacienda de negligencia

El abogado de Iñaki Urdangarin ha presentado un nuevo escrito de defensa ante el juez delcaso Nóosen el que niega la comisión de los delitos fiscales que le atribuye la Agencia Tributaria y considera que, de haberlos, serían responsabilidad de las empresas pagadoras y no de Urdangarin como receptor del dinero. Hacienda sostiene que el duque de Palma declaró de forma incorrecta el dinero recibido por participar en varios consejos de administración de distintas empresas, al declarar las retenciones a través del impuesto de sociedades de Aizoon, sociedad que comparte al 50% con la Infanta Cristina, y no a través del IRPF.

El abogado de Urdangarin considera que "la Administración tributaria pudo y debió actuar frente a los pagadores de los rendimientos para exigir la correspondiente retención", por lo que considera una "negligencia" ir contra Urdangarin y no contra las empresas, que fueron las que "no actuaron con la diligencia debida en el momento de presentar su declaración, dejando de declarar y de practicar la correspondiente retención sobre los presuntos rendimientos abonados".

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