De hecho, en su valoración inicial de la convalidación, el sindicato CSIF ha pedido a los a los grupos parlamentarios del Congreso que garanticen la seguridad jurídica de los procesos selectivos.
Y también que aceleren un trámite parlamentario para su conversión en Ley que amenaza con cuestionar más aspectos claves del acuerdo alcanzado hace unas semanas por el ex ministro de Política Territorial y Función Pública (y ahora titular de Cultura y Deporte), Miquel Iceta, con los sindicatos de función pública.
Dicho pacto, que no ha resistido intacto el traspaso de las competencias sobre los funcionarios a la cartera de Hacienda, se ha convertido este miércoles en campo de batalla parlamentario en una norma que promete reducir la temporalidad en todas las Administraciones Públicas al 8%.
Así, la norma establece, entre otras medidas, una duración máxima de tres años a la relación de interinidad y se realizará un último proceso de estabilización para los interinos que ocupen actualmente plazas de carácter estructural.
El personal interino que no apruebe los procesos selectivos de temporalidad, tendrá derecho a una compensación económica equivalente a 20 días por año trabajado. Este último aspecto quedaría en suspenso ante el nuevo acuerdo.
Abuso de la contratación interina
Tampoco establece la norma cómo actuar para frenar el abuso de los contratos interinidad, una modalidad que castiga especialmente a sectores como la educación o la sanidad.
Los contratos de interinidad registran una volatilidad mucho mayor que el resto de contratos temporales, ya que es el recurso más utilizado por las Administraciones Públicas, como se ha visto en la crisis de la pandemia.