Para la entrega de estos datos el rectorado de la URJC ha dado un plazo de 48 horas que expira este miércoles. Fuentes del Ejecutivo de Cristina Cifuentes aseguran que tras el curso 2011-2012, cuando la Comunidad patrocinó el máster de la presidenta pagando la matrícula de otros ocho alumnos, el IDP no ha vuelto a recibir ni directa ni indirectamente más fondos del erario madrileño.
Pero durante seis años (2005-2010) el IDP obtuvo al menos 460.000 euros. ¿Cómo? A través de seis convenios -todos con el IMAP menos uno con Mintra y todos ellos cuantificados en las distintas memorias del IDP menos uno- así como de tres contratos sucesivos para sendos cursos sucesivos de "especialización sobre arbitraje" y de otros acuerdos de rango muy menor.
Entonces gobernaba Esperanza Aguirre. Y Cifuentes, que a esta hora sigue sosteniendo que logró su título de postgrado de la URJC tras presentar el Trabajo de Fin de Máster (TFM) ante un tribunal que ha adquirido tintes fantasmales -dos de sus tres integrantes ya han admitido que jamás participaron en él-, era vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. Cuando se matriculó en ese postgrado sobre Derecho Público del Estado Autonómico, la ahora jefa del Ejecutivo regional presidía también el comité de garantías del PP madrileño.
De la mano de González Trevijano, exrector hoy en el TC
Tres años antes del máster de Cifuentes, el portavoz del PP, Pablo Casado, había añadido a su currículum otro expedido por el mismo Instituto de Derecho Público gracias a la convalidación de 18 de las 22 asignaturas de que constaba aquel postgrado: la convalidación, como desveló este martes infoLibre, lleva la firma de Fernando Suárez, rector entre 2013 y 2017, cuando dimitió tras quedar al descubierto sus plagios.
A lo largo de todo el periodo en que la Comunidad de Madrid mimó al IDP se situaba al frente de la URJC el jurista Pedro González Trevijano. Entonces rector y figura esencial de la Rey Juan Carlos, Trevijano se incorporó en 2013 como magistrado al Tribunal Constitucional, destino en el que permanece. Su nombre figura en distintos convenios junto con el del todavía director del IDP el catedrático Enrique Álvarez Conde, que recaló en la Rey Juan Carlos tras cesar en octubre de 1999 como director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Había desempeñado ese cargo durante la etapa de Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas.
El organismo homólogo del INAP en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el ya extinto Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP) se convirtió muy pronto en una gran fuente de ingresos públicos para el Instituto de Derecho Público de la URJC. Como desveló el sábado este diario, fue el IMAP el que patrocinó de hecho el mismo máster que supuestamente cursó la hoy presidenta de la Comunidad mediante una fórmula difícilmente detectable: subvencionar las matrículas de los funcionarios que se inscribiesen en el máster de Derecho Público del Estado Autonómico.
Pero antes de que, en un viraje cuyas razones no han trascendido, la Administración madrileña acudiera al patrocinio inverso -subvención directa a los alumnos pero siempre que se inscribiesen en un determinado máster y no en cualquiera de su elección aun si se enmarcaba dentro de su ámbito profesional-, el IDP había recibido fondos de Madrid por otras dos vías: convenios y contratos convencionales.
Nuevas revelaciones de eldiario.es
Enrique Álvarez Conde, el director del máster de Cristina Cifuentes, es el administrador único de Instituto de Formación y Estudios Jurídicos SL, una empresa privada creada en 2004 que se dedica justamente a lo mismo que el Instituto de Derecho Público (IDP) adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y que dirige también Álvarez Conde. Ambas tienen como objeto la impartición de másteres, conferencias y seminarios de Derecho.
Tanto las cuentas de su empresa privada como las de la pública son opacas. Tal y como informó eldiario.es, Álvarez Conde no cuelga datos del instituto dependiente de la URJC, ni cuánto ingresa ni cuánto gasta, ni las subvenciones públicas (ni privadas) que recibe.
Además, sus cuentas están libres de fiscalización gracias a un privilegio anómalo. En un consejo de gobierno de la Universidad, siendo rector Pedro González Trevijano –hoy magistrado en el Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno–, se acordó que el Instituto gestionara "directamente sus ingresos y gastos sin fiscalización previa", como recogen las memorias del IDP. Además, en 2010, también bajo el mandato de Trevijano, obtiene un CIF propio, algo absolutamente inusual en un instituto universitario, lo que le permite operar por libre.
eldiario.es ha confirmado que además Conde creó un 'alter ego' del IDP en la privada: el Instituto de Formación y Estudios Jurídicos SL. Se dedica exactamente a lo mismo que el instituto público, según la memoria de la propia empresa: su objeto social es la "formación y la investigación científica en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Económicas e Informáticas. Formación que se llevará a cabo (…) a través de la realización de cursos, seminarios, másteres, conferencias, mesas redondas o la impartición, partición o colaboración en las mismas; publicaciones y, especialmente, investigadora", además de "la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, económico e informativo a particulares y empresas".
Creación paralela del instituto público y la empresa
Enrique Álvarez Conde es su administrador único desde enero de 2005, el mismo año que Esperanza Aguirre aprueba el instituto público de la URJC que él mismo dirige. Domiciliada desde 2005 en la primera planta de la calle Esproceda, 38 (Madrid), en sus primeros meses de existencia la empresa tenía su sede social en la calle Tren de Arganda, 8, a quince minutos a pie del campus de posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos en el barrio de Vicálvaro (Madrid).
Los funcionarios a tiempo completo, como es el caso de Álvarez Conde, deben pedir autorización, según la ley de incompatibilidades de la administración pública, para desarrollar actividades en la empresa privada. eldiario.es se ha puesto en contacto con el catedrático y la universidad para aclarar si se pidió y concedió este permiso sin obtener de momento respuesta.
La gestión de Álvarez Conde tanto en su empresa privada como en la pública es opaca. No presenta cuentas en ninguna de las dos, pese a que la ley le obliga en ambos casos. En la pública, tal y como reza el punto 3 del preámbulo de la Ley de Transparencia, quedan sujetas "las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas". En la privada, no aportar la información es una infracción mercantil.
