Estas reformas tendrían que encaminarse, según dicho informe, hacia una gobernanza más profesional y eficiente, con una mayoría de miembros externos en los órganos que tengan competencia para designar al rector; una financiación con mayores dotaciones presupuestarias y un mayor equilibrio entre los precios públicos y el sistema de becas; una mayor autonomía de modo que estas instituciones en la selección de su profesorado, y, especialmente una mayor internacionalización, es decir que se impulse y se promueva la movilidad geográfica de los miembros de la comunidad universitaria ya que las universidades españolas sólo tienen un 1% de alumnos foráneos, frente a la media del 7% de la OCDE.
En el informe, igualmente se constata que es necesario realizar un mayor esfuerzo para transmitir a la sociedad el papel protagonista que deben desempeñar las universidades en la salida la crisis pero todavía no se las percibe como un elemento determinante.
