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El Gobierno de Sánchez rompe el velo de sus predecesores

España firmará la Carta Social Europea pese a sus reclamaciones colectivas y protección del despido

Los gobiernos españoles no ratificaron derechos laborales europeos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea revisada y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha carta. Si el Parlamento la aprueba, España pasar a formar parte de los paises que han ratificado las modificaciones introducidas en 1995 y 1996 para crear un sistema de control de cumplimiento de los derechos sociales y amplían, al tiempo, su catálogo.
Redacción 1 de febrero de 2019 Enviar a un amigo
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Los sucesivos gobiernos de la última década España han sido siempre reacios a la ratificación de las dos modificaciones producidas en la Carta. El sometimiento de nuestro ordenamiento a un sistema de control supranacional conllevaría automáticas y sucesivas sanciones y condenas de las políticas neoliberales llevadas a cabo en los últimos años. Por su parte, la ampliación de los derechos sociales operada con la revisión de 1996 chocaría frontalmente con la reducción de los mismos que, desde entonces, se ha venido produciendo a nivel estatal, según explicó Gabriel Moreno González en eldiario.es.

En 1995 se aprobó en el seno del Consejo de Europa un protocolo adicional a la Carta por el que se reformaba el sistema de reclamaciones colectivas que determinados sujetos legitimados podían presentar en casos de violación de los derechos sociales. Organizaciones de trabajadores (nacionales e internacionales) y otras organizaciones no gubernamentales pueden, de acuerdo a este nuevo protocolo, denunciar a los Estados por incumplimiento de la Carta Social ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que, tras examinar las reclamaciones, podría llegar a condenar al Estado acusado.

Por su parte, en 1996, se aprobó una revisión de la Carta para actualizarla y adaptar su contenido a los nuevos tiempos, ampliando considerablemente el catálogo inicial de derechos sociales que se reconocían, y de manera destacada, los relativos a la protección de los trabajadores en caso de despido.

Como el Comité Europeo de Derechos Sociales  realiza una función de control, a pesar de que los trabajadores españoles  no puedan reclamar ante él, España en la jurisprudencia del Comité  ha sido  condenada sistemáticamente por vulnerar las disposiciones más básicas de la Carta.

Últimas reclamaciones de firmas por las ONGs 

Cáritas Española, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, la Plataforma del Tercer Sector y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN España) se dirigieron este verano  de manera conjunta a la nueva vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para exhortar al Gobierno a la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea Revisada de 1996 y su protocolo adicional de reclamaciones colectivas, para avanzar en la erradicación de la pobreza.

Previamente, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres reclamaron al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la ratificación urgente por el Estado español de la Carta Social Europea Revisada como refuerzo a la garantía y efectividad en nuestro país de los derechos sociales reconocidos en ese tratado internacional. “Esta ausencia de ratificación del principal instrumento de derechos sociales vigente en Europa constituye una anomalía reprochable, por lo que el movimiento social de la discapacidad junto con todo el tercer sector de acción social exigen al Gobierno y al Parlamento la pronta incorporación de la Carta Social revisada al ordenamiento jurídico español”, declaró.

Segun Gabriel Moreno González, “el olvido de los medios de comunicación y de la opinión pública en general sobre nuestra vergonzosa posición en el ranking de los países incumplidores, se ve reforzado por el no menos doloso olvido de nuestros tribunales. La Constitución, recordemos, con base a la previsión del artículo 10.2, obliga a los poderes públicos y a los órganos jurisdiccionales a interpretar los derechos fundamentales de acuerdo con los tratados sobre tales materias firmados por España. Pues bien, el silencio que guarda el Tribunal Constitucional es pavoroso: nunca menta, siquiera, las resoluciones de condena a nuestro país cuando analiza las decenas de recursos de inconstitucionalidad por vulneración de los derechos sociales que se presentan en su sede”.

La información dada por el Gobierno de Sánchez:

La Carta Social Europea, abierta a la firma en Turín el 18 de octubre de 1961, garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales. Fue ratificada por España el 6 de mayo de 1980 y entró en vigor para nuestro país el 5 de junio de ese mismo año, aunque su contenido figuraba de hecho entre los elementos inspiradores de nuestra Constitución y del primer Estatuto de los Trabajadores.
La Carta Social Europea (revisada) de 1996 actualiza el contenido de la Carta de 1961, teniendo en cuenta los cambios sociales fundamentales acaecidos desde su adopción. Consolida en un solo instrumento los derechos recogidos en la Carta de 1961 y en el Protocolo adicional (nº1) de 1988, la reforma del mecanismo de control prevista por el Protocolo modificador (nº2) de 1991 y añade la posibilidad de suscribir el Protocolo adicional (nº3) de 1995 de reclamaciones colectivas, independiente de la firma de la Carta revisada y que España no ratificará en el presente procedimiento. Asimismo, amplía el catálogo de derechos e introduce nuevas enmiendas, prestando especial consideración a las personas vulnerables.
La Carta Social Europea (revisada) se abrió a la firma el 3 de mayo 1996 y entró en vigor el 1 de julio de 1999. Hasta la fecha la han ratificado 34 países. España la firmó el 23 de octubre de 2000, pero la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación española llevó a posponer su ratificación.
Su texto consta de un Preámbulo, seis Partes y un Anexo.
En la Parte I se recogen derechos y principios cuya efectividad debe constituir el objetivo para el diseño de las políticas sociales de los Estados Parte y de su cooperación internacional.
En el articulado de la Parte II se recogen los compromisos por los que las Partes pueden considerarse vinculadas, según se establece en la Parte III de la Carta, en las siguientes materias: derecho al trabajo, a unas condiciones de trabajo equitativas; a la seguridad e higiene en el trabajo; a una remuneración equitativa; derecho de sindicación y de negociación colectiva; derecho de los niños y jóvenes a protección; derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad; derecho a la orientación profesional, a la formación profesional; derecho a la protección de la salud, a la seguridad social, a la asistencia social y médica y a los beneficios de los servicios sociales; derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad; derecho de la familia a protección social, jurídica y económica; derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica; derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de las otras Partes; derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia; derecho a la protección en caso de despido; derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador y a la dignidad en el trabajo; derecho de las personas de edad avanzada a protección social; derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato; derecho de los representantes de los trabajadores a protección en las empresas y facilidades que se les deberán conceder; derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo; derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social; y derecho a la vivienda.
Regula, en la Parte III, las obligaciones de las Partes respecto a los derechos reconocidos en la Carta. Así, cada Estado Parte ha de obligarse, al menos, de 16 artículos, o 63 párrafos numerados, a su elección, además de 6 de los siguientes artículos de la Parte II: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20. Aunque la Carta Social Europea (revisada) permite que los Estados se obliguen selectivamente a determinados artículos, la actual situación de nuestro ordenamiento hace posible que la ratificación de la Carta revisada por parte de España se haga con respecto a la totalidad.
Se establece la continuidad del régimen de supervisión de la Carta Social Europea y su Protocolo Adicional I en la Parte IV.
La Parte V consagra el principio de no discriminación, prevé el derecho de las Partes a la suspensión de obligaciones en caso de guerra o peligro público y determina la imposibilidad de aplicar restricciones o limitaciones de los derechos y principios de la Parte I, salvo los establecidos por Ley y que sean necesarios en una sociedad democrática para garantizar el respeto de los derechos y libertades de terceros o para proteger el orden público, la seguridad nacional, la salud pública o las buenas costumbres.
También se regulan en esta Parte las relaciones entre la Carta y el derecho interno y los acuerdos internacionales ya suscritos, preservando el régimen más favorable a las personas protegidas. Por último, se regula en esta parte el régimen aplicable a las enmiendas.
La Parte VI recoge los procedimientos habituales para firma, ratificación, entrada en vigor, aplicación territorial, denuncia y notificaciones.
Destina el Anexo a aportar aclaraciones sobre la aplicación general de la Carta Social Europea (revisada) y, más concretamente, en lo que se refiere a personas protegidas

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