Este website utiliza cookies propias y de terceros. Alguna de estas cookies sirven para realizar analíticas de visitas, otras para gestionar la publicidad y otras son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio. Si continúa navegando o pulsa en aceptar, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies?
Versión Española Versión Mexicana Ibercampus English Version Version française Versione italiana

viernes, 18 de junio de 2021  
    en Ibercampus en  | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | Suscribirse | RSS RSS
I+D+i
Capital humano
Economía
Cultura
Estrategias verdes
Salud
Sociedad
Deportes
Debates y firmas invitadas
Entrevistas
Educación
Becas & prácticas
Empleo y Formación
Iberoamérica
Tendencias
Empresas y RSC
Universidades
Convocatorias
Ranking Wanabis
Denuncias de los consumidores
Consumo
El Tiempo
EMPRESAS Y RSC Ampliar +  
Disparado el recibo eléctrico entre gestos políticos ante puertas giratorias y conflictos de interés
Las empresas pagan a Hacienda tras la COVID un 33% menos y los contribuyentes del IRPF el 1,2% más
Sólo 7 empresas del IBEX 35 informaban claramente de sus riesgos de corrupción antes de la pandemia
ABENGOA
ABERTIS
ACCIONA
ACERINOX
ACNUR
ACS
ADECCO
AMADEUS
ARCELORMITTAL
ASIFIN
BANCO POPULAR
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
DIA
EBRO
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG (IBERIA)
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
JAZZTEL
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REE
REPSOL
SACYR
SOLIDARIOS
TÉCNICAS REUNIDAS
TELEFÓNICA
VISCOFAN
UNIVERSIDADES Ampliar +  
Los 5 rectores del CeiA3 logran en Andalucía el mayor centro de I+D agroalimentario español
Muere con 71 años Gustavo Villapalos, ex rector UCM e impulsor de 6 universidades privadas y de URJC
UPC muestra que el ruido de origen humano puede contribuir a reducir las poblaciones de posidonia
 Universidades




















ENTREVISTAS Ampliar +  
Escario: "Con un mínimo global del 15% se corta en seco la carrera a la baja en Sociedades"
"Los fondos europeos generarán beneficios, pero no para las mayorías sociales ni los ecosistemas"
"La internacionalización de las universidades latinoamericanas necesita de una agenda conjunta"
EMPLEO Y FORMACIÓN Ampliar +  
España, muy por detrás de la UE en ODS relativos a trabajo decente y reducción de desigualdades
Las empresas españolas facilitaron equipo para teletrabajar a un 35% de sus trabajadores en 2020
Objetivo legal FP: Acreditar en 4 años las competencias de 3 de los10 millones de personas sin ellas
IBEROAMÉRICA Ampliar +  
ONT y AECID se unen para formar a médicos de Latinoamérica en donación de órganos
Las universidades de EEUU elogian el plan de Biden para impulsar el acceso y lo juzgan insuficiente
XXVII Cumbre: 8 países iberoamericanos firman el Convenio para impulsar la circulación del talento
TENDENCIAS Ampliar +  
UPM lidera la standarización mundial de la Seda de Araña (S3I), artrópodo con 40.000 especies
Nace en Valladolid, eEvents, pionera de eventos audiovisuales
La producción constante necesita la automatización


EMPLEO Y FORMACIÓN
El Gobierno de Sánchez rompe el velo de sus predecesores

España firmará la Carta Social Europea pese a sus reclamaciones colectivas y protección del despido

Los gobiernos españoles no ratificaron derechos laborales europeos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea revisada y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha carta. Si el Parlamento la aprueba, España pasar a formar parte de los paises que han ratificado las modificaciones introducidas en 1995 y 1996 para crear un sistema de control de cumplimiento de los derechos sociales y amplían, al tiempo, su catálogo.
Redacción 1 de febrero de 2019 Enviar a un amigo
Comparte esta noticia en LinkedInComparte esta noticia en FacebookComparte esta noticia en TwitterEnviar a MeneaméAñadir a del.icio.usAñadir a YahooRSS


 Noticias relacionadas
 España anuncia que activará la Iniciativa de trabajo decente para Jóvenes de la OIT
 Solo el 13,4% de las 40.176 reclamaciones financieras aceptadas acaba siendo favorable al consumidor
 Más de millón y medio de reclamaciones contra las empresas de luz y gas durante 2017 en España
 Los consumidores europeos, facultados como los americanos a sumar demandas de diversos países

Los sucesivos gobiernos de la última década España han sido siempre reacios a la ratificación de las dos modificaciones producidas en la Carta. El sometimiento de nuestro ordenamiento a un sistema de control supranacional conllevaría automáticas y sucesivas sanciones y condenas de las políticas neoliberales llevadas a cabo en los últimos años. Por su parte, la ampliación de los derechos sociales operada con la revisión de 1996 chocaría frontalmente con la reducción de los mismos que, desde entonces, se ha venido produciendo a nivel estatal, según explicó Gabriel Moreno González en eldiario.es.

En 1995 se aprobó en el seno del Consejo de Europa un protocolo adicional a la Carta por el que se reformaba el sistema de reclamaciones colectivas que determinados sujetos legitimados podían presentar en casos de violación de los derechos sociales. Organizaciones de trabajadores (nacionales e internacionales) y otras organizaciones no gubernamentales pueden, de acuerdo a este nuevo protocolo, denunciar a los Estados por incumplimiento de la Carta Social ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que, tras examinar las reclamaciones, podría llegar a condenar al Estado acusado.

Por su parte, en 1996, se aprobó una revisión de la Carta para actualizarla y adaptar su contenido a los nuevos tiempos, ampliando considerablemente el catálogo inicial de derechos sociales que se reconocían, y de manera destacada, los relativos a la protección de los trabajadores en caso de despido.

Como el Comité Europeo de Derechos Sociales  realiza una función de control, a pesar de que los trabajadores españoles  no puedan reclamar ante él, España en la jurisprudencia del Comité  ha sido  condenada sistemáticamente por vulnerar las disposiciones más básicas de la Carta.

Últimas reclamaciones de firmas por las ONGs 

Cáritas Española, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, la Plataforma del Tercer Sector y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN España) se dirigieron este verano  de manera conjunta a la nueva vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para exhortar al Gobierno a la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea Revisada de 1996 y su protocolo adicional de reclamaciones colectivas, para avanzar en la erradicación de la pobreza.

Previamente, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres reclamaron al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la ratificación urgente por el Estado español de la Carta Social Europea Revisada como refuerzo a la garantía y efectividad en nuestro país de los derechos sociales reconocidos en ese tratado internacional. “Esta ausencia de ratificación del principal instrumento de derechos sociales vigente en Europa constituye una anomalía reprochable, por lo que el movimiento social de la discapacidad junto con todo el tercer sector de acción social exigen al Gobierno y al Parlamento la pronta incorporación de la Carta Social revisada al ordenamiento jurídico español”, declaró.

Segun Gabriel Moreno González, “el olvido de los medios de comunicación y de la opinión pública en general sobre nuestra vergonzosa posición en el ranking de los países incumplidores, se ve reforzado por el no menos doloso olvido de nuestros tribunales. La Constitución, recordemos, con base a la previsión del artículo 10.2, obliga a los poderes públicos y a los órganos jurisdiccionales a interpretar los derechos fundamentales de acuerdo con los tratados sobre tales materias firmados por España. Pues bien, el silencio que guarda el Tribunal Constitucional es pavoroso: nunca menta, siquiera, las resoluciones de condena a nuestro país cuando analiza las decenas de recursos de inconstitucionalidad por vulneración de los derechos sociales que se presentan en su sede”.

La información dada por el Gobierno de Sánchez:

La Carta Social Europea, abierta a la firma en Turín el 18 de octubre de 1961, garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales. Fue ratificada por España el 6 de mayo de 1980 y entró en vigor para nuestro país el 5 de junio de ese mismo año, aunque su contenido figuraba de hecho entre los elementos inspiradores de nuestra Constitución y del primer Estatuto de los Trabajadores.
La Carta Social Europea (revisada) de 1996 actualiza el contenido de la Carta de 1961, teniendo en cuenta los cambios sociales fundamentales acaecidos desde su adopción. Consolida en un solo instrumento los derechos recogidos en la Carta de 1961 y en el Protocolo adicional (nº1) de 1988, la reforma del mecanismo de control prevista por el Protocolo modificador (nº2) de 1991 y añade la posibilidad de suscribir el Protocolo adicional (nº3) de 1995 de reclamaciones colectivas, independiente de la firma de la Carta revisada y que España no ratificará en el presente procedimiento. Asimismo, amplía el catálogo de derechos e introduce nuevas enmiendas, prestando especial consideración a las personas vulnerables.
La Carta Social Europea (revisada) se abrió a la firma el 3 de mayo 1996 y entró en vigor el 1 de julio de 1999. Hasta la fecha la han ratificado 34 países. España la firmó el 23 de octubre de 2000, pero la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación española llevó a posponer su ratificación.
Su texto consta de un Preámbulo, seis Partes y un Anexo.
En la Parte I se recogen derechos y principios cuya efectividad debe constituir el objetivo para el diseño de las políticas sociales de los Estados Parte y de su cooperación internacional.
En el articulado de la Parte II se recogen los compromisos por los que las Partes pueden considerarse vinculadas, según se establece en la Parte III de la Carta, en las siguientes materias: derecho al trabajo, a unas condiciones de trabajo equitativas; a la seguridad e higiene en el trabajo; a una remuneración equitativa; derecho de sindicación y de negociación colectiva; derecho de los niños y jóvenes a protección; derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad; derecho a la orientación profesional, a la formación profesional; derecho a la protección de la salud, a la seguridad social, a la asistencia social y médica y a los beneficios de los servicios sociales; derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad; derecho de la familia a protección social, jurídica y económica; derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica; derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de las otras Partes; derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia; derecho a la protección en caso de despido; derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador y a la dignidad en el trabajo; derecho de las personas de edad avanzada a protección social; derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato; derecho de los representantes de los trabajadores a protección en las empresas y facilidades que se les deberán conceder; derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo; derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social; y derecho a la vivienda.
Regula, en la Parte III, las obligaciones de las Partes respecto a los derechos reconocidos en la Carta. Así, cada Estado Parte ha de obligarse, al menos, de 16 artículos, o 63 párrafos numerados, a su elección, además de 6 de los siguientes artículos de la Parte II: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20. Aunque la Carta Social Europea (revisada) permite que los Estados se obliguen selectivamente a determinados artículos, la actual situación de nuestro ordenamiento hace posible que la ratificación de la Carta revisada por parte de España se haga con respecto a la totalidad.
Se establece la continuidad del régimen de supervisión de la Carta Social Europea y su Protocolo Adicional I en la Parte IV.
La Parte V consagra el principio de no discriminación, prevé el derecho de las Partes a la suspensión de obligaciones en caso de guerra o peligro público y determina la imposibilidad de aplicar restricciones o limitaciones de los derechos y principios de la Parte I, salvo los establecidos por Ley y que sean necesarios en una sociedad democrática para garantizar el respeto de los derechos y libertades de terceros o para proteger el orden público, la seguridad nacional, la salud pública o las buenas costumbres.
También se regulan en esta Parte las relaciones entre la Carta y el derecho interno y los acuerdos internacionales ya suscritos, preservando el régimen más favorable a las personas protegidas. Por último, se regula en esta parte el régimen aplicable a las enmiendas.
La Parte VI recoge los procedimientos habituales para firma, ratificación, entrada en vigor, aplicación territorial, denuncia y notificaciones.
Destina el Anexo a aportar aclaraciones sobre la aplicación general de la Carta Social Europea (revisada) y, más concretamente, en lo que se refiere a personas protegidas

Otros asuntos de Empleo y Formación
Más asuntos de Empleo y Formación
Objetivo legal FP: Acreditar en 4 años las competencias de 3 de los10 millones de personas sin ellas
Las secuelas de la pandemia oscurecen aún más el pronóstico laboral de los graduados españoles
El BOE saca 14673 plazas de oferta de empleo público, tras anunciar Iceta la convocatoria de 10254
Así queda prórroga de ERTEs a 600.000 asalariados y ayudas a 400.000 autónomos tras el Consejo extra
Gobierno y 65 empresas u ONGs firman la Alianza por la FP y anuncian 9.000 millones,13% de fondos UE
"No permitiremos que los jóvenes vuelvan a pagar la crisis",dice Sánchez al retornar su paro al 40%
Promulgada la Ley que pone a los algoritmos "al servicio de la mayoría social", según el Gobierno
El punto cero del talento 
Negocian prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre
Preocupantes efectos de la pandemia en los jóvenes y la educación, alerta el Banco de España a APIE
La Herramienta Española de Igualdad Retributiva añade datos a la auditoría de lo obligado desde 2019
La Administración estatal busca jóvenes con vocación de lograr una sociedad más justa e igualitaria
Inspección regulariza a 30.000 trabajadoras del hogar
Tres meses de lista de espera para apuntarse al paro: los presupuestos de Trabajo crecerán el 22,5%
El mayor paro juvenil tras la COVD aconsejar priorizar también educación no formal y empleabilidad
Díaz y el viceprimer ministro belga acuerdan promover la propuesta de directiva de Salario Mínimo UE
Ciclo de seminarios web sobre la Ley de Formación Profesional cuya redacción empezó hace dos meses
El Supremo unifica doctrina sobre las vacaciones: las empresas no podrán cambiar fechas a sus fijos
Resiliencia, digitalización y formación en el área COVID19 en la formación para el empleo
Inspección de Trabajo se centrará hasta 2023 en becas y falsos autónomos, junto a empleadas de hogar

Suscríbete gratis a nuestro boletín
LIBROS
La Inteligencia Artificial transformará drásticamente uno de cada cinco empleos actuales
Guía para ayudarse contra las invasiones a la privacidad en las relaciones laborales
La educación destaca en las demandas de más de 20 expertos para preparar el nuevo contrato social
Censura y autocensura de prensa y universidad ocultaron la corrupción del Rey, según el nuevo libro
Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar
Discípulos de Piketty narran cómo los ricos contribuyen menos que jubilados y cómo hacerles pagar
TESIS Y TESINAS
Listo el primer implante corneal trifocal para corregir vista cansada, presbicia o usos digitales
´Las redes de poder en España´ hacen que Podemos caiga en la ´jaula de hierro estatal´
Solo un 11% de las tesis publicadas en las 22 universidades de Red Vives utilizan lengua catalana
La factura de agua de grandes ciudades será reducida por riegos inteligentes aunque suba en bolsa
La lucha contra la pandemia, menos eficaz por la polarización política y social
Un documento prueba que Junta de Andalucía desvía 11 millones del COVID para salvar Canal Sur
1 La crisis financiera tuvo un efecto 5 veces más demoledor en la natalidad que la pandemia
2 El 9,6% de las pymes teme tener que despedir en 2021, 3 veces menos que las que lo hicieron en 2020
3 Hacer ejercicio. Superar la pereza
4 Las empresas españolas facilitaron equipo para teletrabajar a un 35% de sus trabajadores en 2020
5 Siete Pasos de Desescalada
6 España, muy por detrás de la UE en ODS relativos a trabajo decente y reducción de desigualdades
7 La mediación concursal y los acuerdos extrajudiciales de pagos (VI)
8 Otro máximo histórico de luz (+45%) y Bruselas obliga a España a informarle de la subida real
9 "Los fondos europeos generarán beneficios, pero no para las mayorías sociales ni los ecosistemas"
10 La educación, un traspaso dinámico de poderes donde uno deja lo mejor que tiene al que espera
RANKING WANABIS Ampliar +  
"La evolución del e-learning: de "sólo ante el peligro" al aprendizaje interactivo"
"Los profesionales con formación online están mejor preparados para la economía global"
El big data, la robótica y el Mobile Learning, principales tendencias del e-learning
DEBATES Y FIRMAS Ampliar +  
La anotación en textos académicos, una "gran conversación" que promete democratizar la ciencia
Iniciativas para gravar la economía digital: conceptos, intereses y organizaciones internacionales
Días del Futuro Pasado en la prospectiva España 2050
Aviso Legal | Política de Privacidad | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | RSS RSS