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POLÍTICAS
Solo prueban 2 de los 12 indicadores utilizados por la UE

España, suspensa en contratación pública con una de las peores notas de toda la Unión Europea


Según un estudio de la Comisión Europea, dentro del marco de puntuación del mercado único (EU Single Market Scoreboard on public procurement), la contratación pública debe mejorar mucho en España, pues solo dos de los doce indicadores que analiza este informe aprueban las calificaciones, según informa Confilegal.es. Se trata de unos informes anuales que publica Bruselas y que analiza área por área las políticas públicas en cada país, y las puntúa teniendo en cuenta varios aspectos.
Redacción 7 de noviembre de 2018 Enviar a un amigo
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Las compras públicas, como la de obras, bienes o servicios por parte de organismos públicos, representan más del 14% del PIB de la UE, y tal como se explica, está regulado por la ley para asegurarse que el sector público obtenga la mejor relación calidad-precio y que se respeten tres principios clave: igual tratamiento, no discriminación y transparencia. Estos son, esencialmente, los principios que se vigila que se cumplan en este análisis.

Los indicadores analizados en el informe son: oferta única, sin convocatoria, tasa de publicación, contratos cooperativos, criterios de adjudicación, velocidad de decisión, contratistas de pymes, ofrecidos de pymes, procedimientos divididos en lotes, falta llamadas para las ofertas, falta de número de registro del vendedor y falta de números de registro del comprador.

Según la Comisión, “aunque sólo proporcionan una imagen simplificada, estos indicadores siguen destacando los aspectos básicos de los mercados de contratación de países”. Como conclusión, la CE asegura que “en general, la actuación de España en el 2017 no fue satisfactoria”.

El análisis de la CE muestra que nuestro país sólo cumple dos de los doce indicadores. Por una parte, aprueba “satisfactoriamente” los criterios de adjudicación, que básicamente miden la proporción de procedimientos adjudicados sólo sobre la base del precio más bajo y refleja, según el estudio, como los compradores públicos escogen las empresas a quienes adjudiquen contratos. En particular, si deciden basándose en el precio único o si también tienen en cuenta la calidad. En esta categoría, España se considera que “depende poco del precio”, con un 30% de dependencia a los últimos datos del 2017.

Por otra parte, se encuentra “dentro de la media” con el indicador “sin convocatoria”, que mide la proporción de procedimientos de adquisición que se negocian con una empresa sin que haya una convocatoria, y refleja varios aspectos de la contratación, incluida la transparencia y la competencia.

Según explica el informe, la convocatoria de ofertas o licitación antes de empezar las negociaciones de compra “es mejor, ya que hace que el proceso de selección de licitadores sea más transparente y aumente la competencia”. Eso comporta una mejor relación calidad-precio. En este aspecto, España consigue una puntuación del 8%, y el límite para superarlo es el 5%

Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho y secretaria de Administración,forma parte del grupo de trabajo a nivel de Administración local que recientemente creo un decálogo para establecer unas pautas que ayuden a impulsar  la integridad en la contratación pública, recuerda que en el estudio se analizan doce parámetros, de los cuales España presenta diez indicadores negativos/insatisfactorios, uno se encuentra en la media y el último que arroja un resultado satisfactorio.

“Entre las deficiencias detectadas, destaca en el indicador de un único licitador, que supone una menor competitividad en el mercado y una limitación a la concurrencia, y, en consecuencia al mejor precio y condiciones. También el indicador sobre la velocidad en la ejecución, que mide los plazos de tramitación de las licitaciones, por cuanto los plazos largos implican procedimientos más caros e inciertos para los licitadores y lastrados por el peso de la burocracia”, comenta Campos.

Otro dato que esta experta le parece llamativo es el relativo a la participación de las PYMES en la contratación pública. “A pesar de que es deseable una mayor presencia de PYMES, que son la mayoría de empresas de Europa, los resultados arrojan tan sólo su participación en un 28% en España, frente al 88% como mejor resultado. Este indicador demuestra claramente la existencia de obstáculos y barreras para su entrada en un mercado que supone acerca de un 20% del PIB en España”.

Para Campos, “el escenario descrito en este Informe exige la adopción de medidas para que España deje de estar en el vagón de cola de la contratación pública en Europa. No obstante, debe señalarse que los resultados se obtienen sobre datos anteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en marzo del año 2018 y que, precisamente pretende actuar sobre varios de estos indicadores”.

Y hace alusión, por ejemplo, en la participación de las PYMES “con medidas de fomento expresas, como la división en lotes o la obligatoria contratación electrónica o la reducción y simplificación de plazos y trámites para concluir las contrataciones públicas”.

Para Concepcion Campos, por  tanto, “resultará clave la implantación del nuevo modelo de contratación estratégica íntegra, socialmente responsable y eficiente, alineada con la Estrategia 2020 que permita posicionar responder adecuadamente a las necesidades puestas de manifiestos y alcanzar, al menos, los promedios de los países de nuestro entorno”.


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