El estudio repasa una treintena de estimaciones de economía sumergida e indica que, como media, en los europeos, cada punto de economía sumergida reduce la recaudación fiscal 0,35 puntos. Dice que la metodología estimativa más en boga parte del análisis de la circulación monetaria, porque las transacciones se realizan mediante pagos en efectivo. Esos métodos la sitúan en el entorno del 18% del PIB europeo, aunque en los países del Sur se aproxime al 25% y España es el país de mayor crecimiento (un 6,3% anual desde el año 2003).
Según el estudio de Carbajo y Ruesga, una mayor intensidad en el uso de tarjetas y otros medios electrónicos de pago en toda Europa, además de reducir la economía sumergida, elevaría el PIB y el empleo, modernizaría la economía, e iría en favor de la nueva economía del conocimiento.
Por tanto, Carbajo y Ruesga aconsejan a los colegisladores europeos (Consejo y Parlamento Europeos) estudiar en mayor profundidad los últimos proyectos de regulación europea de los medios de pago (un reglamento y dos directivas), porque podrían crear más problemas de los que intentan resolver, ya que la experiencia previa en España de medidas similares ha sido negativa, debido a que desde el 2006 se redujeron las tasas de intercambio de las tarjetas pero aumentaron en mayor proporción las comisiones bancarias. El resultado ha sido un menor uso relativo de tarjetas y el mayor recurso tanto al efectivo como a los billetes de 500 y 200 euros, cuya proporción se ha elevado a pesar de la crisis en las cifras antes señaladas .
Para evitar que en toda Europa se extienda la experiencia española de ineficacia contra la economía sumergida y el fraude fiscal, este proyecto de paquete legislativo europeo debería ser objeto de mayor consenso por las diversas fuerzas políticas europeas. En España, esto debería suponer ampliar los Pactos por Europa que suscribieron los principales partidos políticos españoles ante el Consejo Europeo de finales de junio de 2013, que estudiaba medidas de incentivación económica, empleo juvenil y unión bancaria, cuyo éxito requeriría ser complementadas por otras más urgentes contra la economía sumergida, el fraude fiscal y la reducción de efectivo, extendiendo, simultáneamente a toda la Eurozona la supresión de circulación de los billetes de 200 y 500 euros.
