viernes,19 agosto 2022
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La consulta pública española sobre el cambio climático, abierta hasta el 10 de octubre

Redacción
El pasado 18 de Julio del 2017 los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) abrieron  el proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La consulta pública, abierta hasta el 10 de octubre […]

El pasado 18 de Julio del 2017 los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) abrieron 

el proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La consulta pública, abierta hasta el 10 de octubre del 2017, que se desarrollará a través de un novedoso procedimiento, deja a la ciudadanía expresar sus opiniones para modelar una ley sin la base de un borrador previo, tan solo mediante un formulario de 24 preguntas concretas, aunque también se incluirán cuestiones de carácter más general. La futura Ley servirá para cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, así como los recogidos en el Acuerdo de París donde señala que cada país tendrá que diseñar un plan sobre esta cuestión. Además, el pasado 14 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la creación de una Comisión de Expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética para analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible. 

aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 7 de julio de 2017 del Real Decreto que actualiza la vigente reglamentación de las instalaciones para suministro a vehículos. El objetivo de esta nueva norma es adaptar los requisitos de las gasolineras a los avances tecnológicos y a los nuevos carburantes (bioetanol y biodiesel) con el objetivo de reforzar los sistemas de prevención ante fugas de combustible y a reducir las probabilidades de una contaminación de suelos. Además, la norma establece las medidas adicionales que deben implantar las gasolineras desatendidas, entre ellas, un interruptor de paro de emergencia que permita el corte de corriente, la supervisión con cámaras de seguridad y la conexión a una central receptora de alarma. Todo ello completa con revisiones periódicas de detección de fugas y requisitos adicionales para las instalaciones de servicio que suministran biocombustibles. 

 

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