La miopía e irresponsabilidad de las declaraciones públicas o de las iniciativas que están llevando a cabo algunos de los gobiernos de los Estados miembros de la UE, son un peligro real para el proceso de integración comunitario que con tanto esfuerzo venimos construyendo desde los años cincuenta del pasado siglo.
Las amenazas se ciernen sobre los dos principales soportes económicos de la integración: el mercado interior y la unión económica y monetaria.
En relación con el mercado interior, tales declaraciones y sobre todo las medidas que están tomando algunos gobiernos para luchar contra la actual crisis económica, amenazan claramente los principios de libre circulación y las reglas sobre la competencia que propugnan los tratados. Este es el caso de uno de los ministros del actual gobierno español que ha incitado a que consumamos productos nacionales –aunque no se sabe bien a que nación se refiere tras la confusión que su gobierno ha originado con el Estado de las Autonomías-, una actitud proteccionista que atenta claramente contra la libre circulación de los productos; o la del gobierno italiano, que anda persiguiendo e intimidando a los inmigrantes –también a los intracomunitarios- con el fin de que se dirijan a otros Estados, lo que no deja de ser una delirante muestra de racismo; o, en fin, la del gobierno británico, que pretende constituir una reserva de trabajo para los nacionales, como si ya no existieran suficientes con las que realizan la Administración Pública y otros Entes.
El segundo pilar al que también atacan directamente algunas de las medidas contra la crisis económica que están tomando los gobiernos nacionales, es a la unión económica y monetaria. Prácticamente todos los Estados miembros de la UE están incrementando el gasto público a unas cotas que hacen inevitable considerables déficit presupuestarios. Se están alcanzando unos límites muy superiores a los que permite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al que vienen obligados a cumplir los Estados de la Eurozona.
Con independencia que el incumplimiento del Pacto de Estabilidad pueda tener unas consecuencias muy serias en términos, por ejemplo, de inflación, de desequilibrio interno o de pérdida de competitividad, lo que pone de manifiesto esta situación es la necesidad de adecuar el presupuesto comunitario a la dimensión de la economía de la UE y de las exigencias de una unión económica y monetaria. Esto es, el presupuesto común debe tener la dimensión financiera suficiente que permita a las autoridades comunitarias luchar contra el ciclo económico y no dejar que esta función la lleven a cabo únicamente los Estados.
En fin y para concluir, flaco favor hacen esas manifestaciones y medidas a la integración europea y mucho menos cuando se concretan en acciones claramente contrarias a lo que estipulan los tratados. Es una deriva nacionalista que se da tanto en gobiernos que presumen de progresistas como en los que son claramente conservadores. Y es que, desgraciadamente, en todas las crisis económicas afloran los sentimientos nacionalistas más rastreros. Los políticos que los incitan y los miserables intelectuales que los defienden, todavía no han aprendido que de ninguna crisis económica se ha salido con medidas proteccionistas.
Y mientras tanto, la Comisión Europea, por lo menos hasta el momento, viene guardado un sospechoso silencio en contra de lo que es su obligación: procurar que se cumplan los tratados.
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