Sin embargo, fuentes oficiales del Ejecutivo han confirmado al sector educativo que los colegios privados y concertados no estarán obligados a cotizar por las matrículas, manutención, locomoción y horas extraescolares de los hijos de sus empleados. A partir de ahora la educación de los hijos de maestros y otros trabajadores del sector de la educación será la única excepción a la aplicación generalizada del Decreto 16/2013, según el cual los pagos en especie dejan de estar exentos y han de cotizar íntegramente a la Seguridad Social.
Con esta medida se pone fin a la polémica que estaba suscitando la nueva normativa en el ámbito de la enseñanza. Patronales, sindicatos y otros representantes del sector han mostrado reiteradamente su disconformidad con una norma, que según los expertos podía llevar al cierre a muchos colegios privados y que de acuerdo a la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) podía implicar un coste anual de 300 millones de euros para el sector.
Juan Carlos Vilar, Experto en gestión de centros de enseñanza y Consejero Delegado de Consultores Argos opina lo siguiente en una tribuna para Ibercanmpus: “el Gobierno ha recapitulado, pero parte del daño ya está hecho. El decreto 16/2013 y las sucesivas prórrogas para la liquidación de los pagos han ocasionado una enorme incertidumbre y desconcierto en los centros educativos. Y eso se ha traducido en un parón generalizado de la toma de decisiones en lo referente a compras, inversiones o contrataciones de personal. Ha venido a conseguir lo contrario de lo que se pretendía según su texto expositivo, en el que se dice sin complejos que el Real Decreto contiene “medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores”.
Una situación similar se ha producido en las cerca de 50.000 empresas españolas que utilizan vales o tarjetas de comida, guardería, transporte e informática para complementar el salario de sus trabajadores con remuneraciones no salariales. En este caso, al aprobarse de improviso en diciembre pasado el citado Real Decreto, convalidado en el Parlamento con los votos del PP y la oposición de todos los demás grupos parlamentarios, los presidentes de CEOE, CEPYME y representantes del sector hostelero manifestaron su oposición y temor a las consecuencias económicas y sociales.
