Según informó ayer el alto tribunal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado tres sentencias en las que estima los recursos presentados por CC OO, STEI y UGT contra la norma aprobada por el Consell de Govern en abril de 2013. Los tres fallos, avalados por los cinco magistrados de la sala contenciosa sin ningún voto particular, coinciden en señalar que el Govern eludió su obligación de solicitar un informe de la UIB pese a que el Estatuto de Autonomía consagra a la institución universitaria como órgano consultivo preceptivo en todo lo referente a la regulación de la lengua catalana.
Las sentencias, contra las que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, también atienden el argumento de los sindicatos recurrentes de que el Govern presentó una memoria de análisis de impacto normativo que resultaba insuficiente para justificar la aprobación del decreto.
Uno de los puntos del TIL establece que, como parte del proyecto educativo de cada centro, se debe tener como objetivo fundamental que todos los alumnos del mismo alcancen, la competencia lingüística en las lenguas oficiales y al menos en una extranjera, preferentemente la inglesa, al finalizar el periodo de escolarización obligatoria.
En la práctica, significaba que desde el pasado curso 2013-2014 los estudiantes no universitarios recibirían la enseñanza en catalán, castellano e inglés a partes iguales, en un 30% de cada una de las lenguas quedando el 10% restante a decisión de cada centro.
El trilingüismo enfrenta al Govern y la comunidad educativa
El TIL ha sido la causa principal del conflicto entre la Conselleria de Educación y buena parte de la comunidad educativa, que ha llevado a cabo diversas jornadas de huelga y numerosas protestas.
En septiembre del año pasado, miles de personas se manifestaron en las calles de Palma, Menorca e Ibiza en contra del TIL, y los profesores llevaron a cabo una huelga indefinida de tres semanas que se prolongó hasta octubre y terminó sin acuerdo, con el fin de impedir la aplicación del decreto.
Los sindicatos consideraban que el decreto del PP pretendía acabar con el modelo de inmersión lingüística e iba "en contra" del catalán. Asimismo, estiman que acababa con la autonomía de los centros, que hasta el momento definían su proyecto lingüístico a través del consejo escolar.
La semana pasada, coincidiendo con el comienzo del curso, volvió a haber una huelga en centros públicos y concertados de Mallorca y Formentera, si bien con menor seguimiento que las del otoño anterior.
La consellera: "Se tomarán las decisiones que correspondan"
Tras conocerse la decisión del tribunal, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Joana María Camps, ha señalado en el Parlament que "se analizará, se respetará y se tomarán tomas las decisiones que jurídicamente y legalmente corresponda".
Tras señalar que aún no le ha dado tiempo a analizarla, la consejera ha dicho que la estudiarán "para poder hablar con propiedad en el Parlament", donde precisamente ha sido cuestionada sobre esta cuestión por la diputada del grupo socialista Cristina Rita, quien ha pedido a Camps que "presente su dimisión".
Desde UGT también piden la dimisión de la consellera y que el Gobierno autonómico haga caso de lo que le dice toda la comunidad educativa y los tribunales. "Esperamos que el Govern no vuelva a hacer un acto de autoritarismo y esta vez sí acate la sentencia", ha declarado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT, María Alarcón.
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