Algunos profesores castellanohablantes han optado por contratar a traductores de gallego para esta tarea, pero otros se han negado y están pidiendo amparo a la Delegación provincial de Educación correspondiente y a la Fiscalía.
En su opinión, la decisión de la Xunta vulnera la Constitución y el artículo 314 de la Ley Orgánica 10/95, que prohíbe la discriminación por la lengua. El propio Estatuto de autonomía de la comunidad especifica en su artículo tercero que "los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas".
En Galicia, los docentes de Primaria depositan en el centro el resumen detallado de su materia con los epígrafes que ésta incluirá. Los de Secundaria, en cambio, han de remitirlo a la Consellería de Educación.
Hasta la fecha, según fuentes oficiosas, en torno a un 60% de los enseñantes elaboraba esta documentación en castellano sin mayor problema. Con el nuevo curso, la ley sigue siendo la misma, pero la Xunta se ha acogido a una interpretación de la misma para presionar al profesorado que no emplea el gallego en los citados escritos.
