La actual crisis económica está poniendo de manifiesto, una vez más, la importancia del proceso de integración europeo y, muy especialmente, la utilidad de contar con una monedad única. Dicho esto, hay que añadir que la crisis económica también está poniendo de manifiesto las debilidades de las que adolece el modelo económico comunitario. Tales debilidades son, principalmente, de dos órdenes: la primera, la carencia de una autoridad política y económica única ante los foros internacionales; y, la segunda, la falta de competencias fiscales para dotar al presupuesto común de mayores recursos
Por lo que respecta al primero de los aspectos, es obvio que la UE carece de una autoridad política supranacional que actúe con una sola voz y un solo voto en todos los foros económicos internacionales (FMI, OMC, OCDE, etc.) y no lo tenga que hacer de manera indirecta a través de sus Estados miembros.
Dado el peso económico de la UE, el euro se ha convertido, ya desde su creación en 1999, en la segunda de las monedas más importantes del mundo, tras el dólar de Estados Unidos. No obstante este hecho, la representación comunitaria en los organismos económicos-financieros internacionales, es todavía muy limitada en correspondencia con la debilidad de la integración política de la UE.
En los organismos económicos internacionales participan, por lo general, los Estados miembros y, dependiendo de las cuestiones que se debatan, también las instituciones comunitarias. Es curioso que los Estados miembros continúen teniendo representación en áreas internacionales en las que han perdido la mayoría de sus competencias en el interior de la UE. Ello se debe, en buena parte, a que muchos organismos internacionales sólo admiten como socios a Estados y no a otras organizaciones internacionales.
En consecuencia, el modelo económico comunitario está reclamando de una mayor integración política y en esto, como en otras muchas cuestiones de carácter económico, la UE no ha avanzado lo suficiente.
La segunda de las grandes limitaciones con las que se enfrenta el modelo económico de la Unión, es de carácter financiero. Esta limitación proviene de las dificultades legales que existen para incrementar los recursos del presupuesto de la UE. Y es que en lo referente a la fiscalidad, las competencias son nacionales y cualquier modificación requiere la aprobación del Consejo por unanimidad.
Existe, pues, una falta de autonomía real en las instituciones comunes en materia de fiscalidad. Al estar los actos legislativos relacionados con la misma sometidos a la regla de unanimidad del Consejo, hay que consensuar los acuerdos entre los Estados lo que convierte cualquier modificación en un procedimiento sumamente lento y de resultados limitados.
El presupuesto común se nutre de recursos propios pero carece de impuestos propios. Este es un matiz importante por cuanto la UE no tiene capacidad normativa y de gestión sobre impuestos, salvo los derechos de aduana que son de su exclusiva competencia pero cuya capacidad recaudatoria es muy reducida.
Con un presupuesto comunitario tan limitado como el actual –en torno al 1% del PIB de la UE- y con las ataduras legales que existen para incrementar sus fuentes de financiación, difícilmente se puede hacer una política comunitaria anticíclica.
Parece obvio que el sistema de recursos propios del presupuesto comunitario debiera dar paso a un sistema de impuestos comunitarios, única forma de poder incrementar los ingresos presupuestarios hasta llevarlos al entorno de lo que se considera habitual en un presupuesto federal. Entre las varias alternativas posibles, una de ellas, bajo mi punto de vista la más adecuada, es que el IVA pase al ámbito de las competencias comunitarias en exclusiva. Con ello se podrían cubrir varios frentes que actualmente están en una situación complicada como, por ejemplo, se podría aplicar el principio de tributación del IVA en origen, se podría articular un sistema de protección social común y se dotaría a la UE de capacidad financiera suficiente para realizar una política económica autónoma.
El plan comunitario propuesto por la Comisión para luchar contra la actual crisis económica prevé emplear unos recursos públicos que doblan los que actualmente tiene el presupuesto común. Esto quiere decir que tales recursos financieros han de ser aportados por los Estados miembros y lo harán financiando medidas de ámbito nacional no siempre coordinadas entre sí. Ello puede tener dos graves consecuencias: la primera, no ayudar a superar la crisis si los actores sociales dudan de su eficacia; y la segunda, poner en peligro el futuro del mercado interior ya que alguna de tales medidas pudiera vulnerar las normas comunitarias sobre la competencia.
