Esta norma regulará el acceso al empleo público de la Administración riojana de las personas con discapacidad física e intelectual y considera discapacitados a aquellos que tengan reconocida una minusvalía igual o superior al 33%.
El consejero destacó que antes «cuando las personas con discapacidad no cubrían las plazas pasaban al turno normal» y ahora «se bloquea la reserva de plazas» de forma que en caso de que «no se cubran con personas con discapacidad irán a la oferta de empleo público del siguiente año, también dirigidas a personas con discapacidad».
La normativa incluirá procesos selectivos diferenciados «con listas de esperas diferenciadas para esa cuota». Para los discapacitados psíquicos, a los que les es difícil «acceder al empleo público bajo los principios de igualdad de mérito y de capacidad» se ofrece la «posibilidad de convenir directamente con las asociaciones que les representan una serie de plazas con carácter eventual».
El consejero indicó que el nuevo porcentaje de reserva será el «más elevado de los regulados en otras comunidades autónomas y en el Estado», manifestando que, en la actualidad, el 3,08 % de los efectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja tienen un 33% o más de discapacidad.
