jueves,19 mayo 2022
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Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

Los inmersos en un juicio oral por corrupción no podrán ir en las listas electorales

Redacción
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara su departamento incorporará la prohibición de que los cargos públicos contra los que se haya abierto juicio oral por un delito de corrupción no puedan formar parte de una lista electoral. El ministro hizo este anuncio durante una interpelación en el Congreso, solicitada por UPyD, sobre las reformas legales necesarias para combatir la corrupción.

Gallardón también anunció que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal incorporará la obligación de que los cargos públicos deban declarar ante el juez cuando son citados como testigos y no puedan testificar por escrito.

El titular de Justicia avanzó estas novedades junto a la eliminación de "algunas otras perversiones con las que hemos convivido prácticamente sin darnos cuenta", y aludió a la supresión de la figura de los magistrados autonómicos, hasta ahora designados por el Consejo General del Poder Judicial a partir de la terna presentada por los Parlamentos autonómicos. "Carece de cualquier sentido democrático que un poder del Estado pueda elegir a quien esté ejerciendo jurisdicción", indicó.

La reforma de la justicia universal favorece a los narcos 

Por otro lado, los jueces de la Audiencia Nacional consideran que la reforma de la justicia universal deja un vacío legal para operaciones en aguas internacionales contra el narcotráfico, destaca EL PAÍS, que recuerda que el juez Fernando Andreu excarceló el martes a ocho narcos egipcios por este motivo y el juez Javier Gómez Bermúdez resolverá sobre una situación similar la próxima semana con ocho supuestos delincuentes sirios. La situación generada por la reforma puede derivar en la puesta en libertad de decenas de narcotraficantes en los próximos meses por este vacío legal.

En la línea, el juez Santiago Pedraz ha subrayado la disparidad de criterios de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Antidroga sobre el alcance de los convenios internacionales firmados por España a la hora de perseguir determinados delitos. El magistrado respondió al recurso interpuesto por el fiscal contra su decisión de no aplicar la reforma que limita la jurisdicción universal en la causa sobre la muerte de José Couso.

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