El documento (´La contribución de las universidades españolas al desarrollo´) recomienda que se suprima el límite del 49 por ciento de docentes e investigadores contratados por las universidades, el fortalecimiento de sus órganos de dirección y una mayor intervención de éstas en los procesos de selección de alumnos como parte de un marco general de más autonomía, diferenciación y competencia.
El informe fue presentado hoy en un acto presidido por el Príncipe de Asturias, con asistencia de los ministros de Industria, Joan Clos, y de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, y la presidenta de la Fundación CYD, Ana Patricia Botín.
Según datos estadísticos recogidos en el informe, sólo un 3,5 por ciento de las empresas calificadas como innovadoras establecieron relaciones de colaboración con las universidades entre 2002 y 2004, con un descenso respecto al 4,1 por ciento del período 2001-2003.
La cooperación llega al 21,5 por ciento si son empresas grandes (más de 250 trabajadores).
El director del informe, Martí Parellada, explicó en conferencia de prensa previa que se detecta un ´estancamiento´ en el ´impulso tecnológico´ por parte de las universidades, ya que la creación de ´spinn-off´ (empresas innovadoras colaboradoras con la universidad) había crecido de 39 a 87 entre 2001 y 2004, pero se mantiene con 90 en 2004 y 89 en 2005.
Las solicitudes de patentes ha pasado de 284 a 297 de 2003 a 2004, año éste último en que generaron unos ingresos de 1,9 millones de euros.
Así, la ´debilidad´ de las relaciones entre universidad y empresa se expresa cuando la universidad es pionera y ofrece adelantos tecnológicos a las empresas siguiendo su propia iniciativa (´technology push´).
Por el contrario, el sistema funciona ´razonablemente bien´ si se compara con otros países cuando las universidades responden a la demanda empresarial (´demand pull´), a la vista de los fondos gestionados por la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (420 millones de euros en 2004) y la actividad de parques científicos y tecnológicos.
Todo esto induce a pensar, según Parellada, que los incentivos para el ´impulso tecnológico´ de la universidad ´no funcionan como debieran´.
El informe incluye una encuesta entre 539 expertos de la empresa, universidad y administraciones públicas, que opinan sobre la situación universitaria en 2005.
Las debilidades principales del sistema universitario español se refieren al recurso que hacen las empresas de las universidades para realizar proyectos de investigación y la movilidad de profesores e investigadores entre unas y otras, según los resultados del barómetro.
Además, están la promoción de las actitudes emprendedoras de estudiantes y profesores, la formación en competencias y aptitudes y el compromiso de las empresas con el modelo universitario como motor de desarrollo económico.
Como puntos positivos, los encuestados creen que ha mejorado la percepción social de la importancia que para la universidad tiene la relación con la empresa, la dotación de infraestructuras, la tecnología, la creación y transferencia de conocimiento y la prioridad dada la políticas y recursos universitarios.
El informe resalta que la inversión en I+D ha llegado al 1,13 por ciento del PIB en 2005, pero alejada del 1,86 por ciento de la UE-25, y defiende que España alcance el 2 por ciento.
En el gasto en I+D universitario, el nivel español estaba ese año en el 0,33 por ciento del PIB en 2005, mientras que la media de los 25 Estados comunitarios era del 0,41 en 2004.
En cuanto a recursos absolutos, un investigador universitario disponía de 51.000 euros anuales en 2004, la mitad que en Europa.
El informe defiende una financiación pública de la universidad por objetivos y vinculada a contratos-programa y a la rendición de cuentas, así como mecanismos de competitividad para la obtención de recursos.
Igualmente, un aumento de la aportación de empresas y alumnos y un incremento de las ayudas directas para éstos y la activación de los préstamos-renta.
Mayor capacidad para que las universidades fijen los precios públicos, avanzar en un sistema nacional de evaluación y acreditación, más participación de representantes externos en las universidades y nuevas formas de designación de sus órganos unipersonales son otras de las recomendaciones
