jueves,18 agosto 2022
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¿Hasta dónde llegarán las fronteras de la Unión? (1 de 3)

Los valores compartidos deben marcar las fronteras de la Unión

Transitar por Eurolandia
Este es el primer artículo, de tres, que se dedican a los límites de las fronteras de la Unión. Pretende exponer las condiciones previas que debe exigir la Unión para admitir a nuevos miembros, entre los cuales destaca uno que es de carácter estructural: que los valores sean comunes.

Como ocurre en la inmensa mayoría de las organizaciones internacionales, la integración europea es un proceso abierto en el tiempo y en el espacio. La mejor prueba de  ello es que la hoy Unión Europea ha pasado de seis Estados miembros en 1952 (inicio de la primera de las Comunidades Europeas -la CECA-) a 28 en 2013 (27 desde que, en 2020, el Reino Unido la abandonó). Y este proceso continuará  en el futuro con nuevas incorporaciones. Sobre esas potenciales ampliaciones y sus problemas, así como de las relaciones de la UE con sus vecinos, versa este trabajo.

Parece razonable que la Unión no debería ampliarse más allá de lo que marque el estricto respeto a los valores que establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que dice textualmente:

 La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

 Además de respetar estos principios, un segundo condicionante para entrar en la Unión lo marcan los requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes a miembros, que vienen establecidos por los denominados Criterios de Copenhague: contar con instituciones democráticas estables, economía de mercado competitiva y capacidad jurídica para asumir el acervo común.

A los dos anteriores, debiera añadirse un tercero, que no está explicito pero que por su importancia sí se tiene en cuenta: que el país candidato sea políticamente estable y que cuente con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente.

El proceso de adhesión a la Unión es voluntario. Hay países que, cumpliendo con todos los estándares requeridos, por razones diversas. no desean formar parte de la misma. Estos son los casos, por ejemplo, de Noruega o Suiza. Otros, en cambio, sí desean hacerlo pero por el momento muy pocos, tal vez ninguno, cumple con dichos estándares.

Actualmente 10 Estados desean ingresar en la Unión. Son: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania. Dos ellos son grandes en superficie y población (Turquía y Ucrania) y el resto son pequeños. En su inmensa mayoría son países menos desarrollados aunque en distinto grado; y varios de ellos son muy inestables políticamente. Como es obvio, la Unión ha de poner límites a su ampliación tratando de fijar sus fronteras definitivas. Y parece que ya ha llegado ese momento.

Antes de admitir nuevos miembros, la Unión debe poner orden en su propia casa: modificar sus tratados para evitar los errores de la precipitada ampliación de 2004, en la que entraron Estados –casos de Hungría y Polonia- que, como se ha demostrado después, no estaban aún maduros para ello. Por otra parte, dicha ampliación fue una de las razones del fracaso en la ratificación del proyecto de tratado constitucional de esos años.

La Unión debe modificar sus tratados (el vigente de Lisboa) no solo para ampliarse sino también por razones internas. Las sucesivas crisis del siglo XXI y la salida del Reino Unido, han puesto de manifiesto las muchas debilidades que tiene. Y hacerlo cuanto antes ya que, posponerlos en el tiempo, podría perjudicar gravemente la consolidación del proceso. En algunos Estados, y más en concreto  Francia y España, en el corto y medio plazo podrían acceder al gobierno partidos políticos que no creen en el proyecto europeo, llegando a admitir, como mucho, la Europa de las patrias que preconizara De Gaulle en los años sesenta del pasado siglo.

La Unión ha de caminar, decididamente, hacia una estructura federal, ampliando y consolidando sus competencias que, no olvidemos, son de atribución. Y la mejor forma de hacerlo es a través de un tratado constitucional.

Ese nuevo tratado constitucional debiera revisar profundamente el marco institucional de la Unión, en particular el papel que han de jugar tres de sus grandes instituciones: el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión; también debe contemplar la supresión del derecho de veto (la regla de la unanimidad) en los casos que aún subsiste, reservándolo, como mucho, para la admisión de nuevos miembros y solo para los Estados que alcancen una determinada población (los que no lo consigan tendrían que agruparse para tal fin); prever la posibilidad de expulsión de un socio por grave incumplimiento de sus obligaciones (actualmente solo se contemplan sanciones y la retirada voluntaria); completar la unión económica y monetaria añadiendo la unión fiscal, esto es, dotar a la Unión de impuestos propios (en sustitución de los actuales recursos propios), y suspensión de la regla del equilibrio presupuestario permitiéndole emitir deuda pública (Next Generation constituye un primer ensayo); e incorporar a la Unión de forma clara y precisa las competencias que las crisis han manifestado como necesarias: la sanitaria, la energética, la migratoria y la política exterior y de seguridad común (PESC), que debe pasar del actual intergubernamentalismo al bloque de integración.

Una Unión que abrace el federalismo sin reservas, puede consolidar su integración y acometer, sin miedo, las políticas de ampliación y de vecindad, de lo que se ocupan los dos  artículos siguientes.

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