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Competencia, Gobierno y consumidores preparan más reformas

Otro máximo histórico de luz (+45%) y Bruselas obliga a España a informarle de la subida real

Redacción / 16-6-2021, actualizada 17-6-2021 a las 12 horas
Tras subir estos meses más del 45% sobre el año anterior y persistir con la nueva tarifa del Gobierno tras las promesas de próximas bajas durante el temporal Filomena durante enero pasado, Competencia, Gobierno y consumidores preparan más reformas. La Comisión Europea ha obligado a exigir a las comercializadoras que le informen de los precios a sus consumidores finales para poder entregar a la Oficina Estadística Europea, Eurostat.El recibo español es de los más caros e ininteligibles de la UE

Según datos del Operador del Mercado Eléctrico, la electricidad en el mercado mayorista llegó a marcar al empezar este miércoles máximos históricos de 105,51 euros por megavatio hora (MWh),  superiores a los 94,99 euros/MWh a los que se llegó durante la borrasca Filomena, e incluso récord máximo desde el 11 de enero de 2002, que fue de 103,76 euros, si bien terminaría el día en torno a 95,65. La tarifa aumenta así un 45% respecto a la primera quincena de junio del año pasado, apenas dos semanas después de la entrada en vigor del nuevo sistema de tarifas por tramos horarios. Este miércoles ha sido en promedio el tercer precio diario más caro de la historia, 94,63 euros por megavatio/hora (MWh), frente a los  90,95 euros del martes, precios que  no se veían desde el pasado 8 de enero, cuando el temporal Filomena colapsó el centro del país.

Estos datos coinciden con el informe de Facua-Consumidores en Acción, basado en el análisis de varias decenas de miles de facturas en viviendas habitadas con datos consolidados hasta el 15 de junio. Facua concluye que en el último año el recibo de la luz se ha incrementado casi 28 euros respecto al mismo período del año pasado, al pasar de 60,58 euros en junio de 2020 a 88,11 euros para una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo de 366 kilovatios hora mensuales. Se trata de un incremento interanual superior al 40%, en concreto del 45,4%.

A la vista de que persiste con la nueva tarifa introducida por el Gobierno el 1 de junio una subida superior al 40% sobre las mismas fechas del 2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desde hace unos meses cuenta con más consejeros del PSOE y de Unidas Podemos, estudia modificar los nuevos tramos horarios. Estos incumplen la mayoría de las promesas incluidas en el punto 3.2 del pacto de Gobierno de coalición alcanzado a finales de 2019 y que incluye la  "reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura". 

Ese pacto especifica también que  "el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética". Pero al contrario la reforma en vigor desde hace dos semanas deja tres nuevos tramos horarios de consumo para más de 10 millones de hogares con precios muy superiores a los de finales de 2019. De ahí la parte de Unidas Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez presiona para que se hagan efectivo su pacto,  por lo que la CNMC se muestra dispuesta a retocar los nuevos tramos, para dejarlos asi

  • Más cara en hora punta: de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas de lunes a viernes.
  • Precio normal en hora llana: de 8 a 10 horas y de 14 a 18 horas 
  • Precio más barato valle: de 22 a 8 horas los días laborales y las 24 horas de los sábados, domingos y festivos nacionales.

El Gobierno ha presentado además dos propuestas, pero hay otras sobre la mesa: bajar el IVA (también de los caros de Europa, según la OCU), crear una empresa pública de energía, ampliar dos horas el tramo más barato o reducir el precio de la potencia contratada son algunas de ellas. Transición Ecológica prepara una ley para abaratar el precio de la luz y recortar los beneficios de las grandes eléctricas,  iniciando como acordó el Consejo de Ministros la semana pasada la tramitación urgente de un anteproyecto para reducir los llamados "beneficios caídos del cielo" (windfall profits), pues ahora se permite a las compañías eléctricas incluir en el recibo los costes de las emisiones de carbono a pesar de haber producido energía con fuentes renovables, nucleares o hidroeléctricas que no generan gases de efecto invernadero. Este nuevo mecanismo tendría un impacto de entre 800 millones y 1.000 millones de euros en las arcas de las grandes eléctricas que disfrutan de estos "beneficios caídos del cielo", lo que supondría un ahorro en la factura de los consumidores de entre el 4% y el 5%. El Ejecutivo también dio 'luz verde' a un proyecto de ley que liberará a los consumidores del coste de las primas de las energías renovables y que se repartirá entre las empresas. Ambas iniciativas supondrán una reducción del 15% de la factura de los consumidores domésticos e industriales, según la ministraTeresa Ribera, pero no entrarán en vigor antes de fin de año.

Por su parte, Unidas Podemo,según el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha pedido crear una empresa pública de energía para garantizar una "competencia real" entre las grandes compañías,  medida que según el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ayudaría a una rebaja importante del precio de la luz al tener esa empresa pública "criterios sociales" y no solo el de la maximización de beneficios.Garzón también planteó hace unos días reformas que conlleven una rebaja estratégica de la factura como el incremento de las energías renovables que son las "más baratas".

Otra propuesta de las asociaciones de consumidores es rebajar los impuestos de la factura eléctrica. La OCU considera indispensable que se reduzca el precio de la energía con una rebaja del IVA de la luz al 10% (actualmente es el 21%) y la eliminación del Impuesto de la Electricidad, que grava un 5,11 % la factura. Rubén Sánchez, de Facua, también aboga por reducir el IVA en el recibo de la luz.

Por otra parte, se sabido que la exigencia de la Comisión Europea consiste en recordar una obligación impuesta por la¹ desde 2016, aunque aún no trasladado a la normativa española. El Gobierno pidió una excepción en el año 2018 para dar a conocer estos datos a la oficina estadística Euroatat. El Ejecutivo espera tener los datos más afinados correspondientes al segundo semestre del año y poder así entregárselos a Eurostat.

Transición Ecológica aprobó a finales de abril una Orden TED/456/2021, por la que se determinaba el contenido y las condiciones en las que el Ministerio debe recibir la información sobre los precios aplicados a los consumidores finales. Dicha Orden entró en vigor el pasado 13 de mayo de 2021 y obliga ahora a fijar las compañías encargadas de informar.

Antes del 1 de diciembre de cada año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas una propuesta de listado de comercializadoras obligadas a remitir la información relativa a los precios aplicados a los consumidores de energía eléctrica pero para este año, el Gobierno acaba de sacar a consulta pública las empresas que deberán cumplir con todos estos requerimientos de información.La medida de la Comisión Europea pretende poder comparar con una mayor precios los precios de la electricidad que se están registrando en cada país.Los pasos adelante coinciden con la petición realizada por parte del Gobierno a la CNMC de que vigile la evolución de precios de la energía después de la entrada en vigor de la nueva tarifa con tres tramos horarios para 

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