La presentación se hizo horas antes de qe la Comisión del Pacto de Toledo cerrará un acuerdo para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme al IPC "real", sin estar supeditada esta subida a ningún otro parámetro. El acuerdo fue refrendado por todos los grupos representados en el Congreso, salvo ERC, que quiere analizar el documento ante las dudas de que no garantice realmente la ganancia de poder adquisitivo. El texto del acuerdo establece que "la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino -cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal-, aumentar dicho poder adquisitivo".El texto del acuerdo establece que "la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino -cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal-, aumentar dicho poder adquisitivo".La nueva recomendación, que pide recuperar el consenso de la que se firmó en 2011, cierra la puerta a que gobiernos futuros puedan establecer de forma unilateral otro mecanismo de revalorización diferente al IPC, ya que señala que cualquier debate o consulta debe ser en el marco del Pacto de Toledo.
El Consejo General de Economistas presentaba poco antes este miércoles “Las pensiones en España”, estudio dirigido por el catedrático de Economía Guillem López-Casasnova en el que participan economistas de diferentes enfoques y universidades españolas: Nacho Álvarez –de la Autónoma de Madrid–, José Ignacio Conde-Ruiz –Complutense de Madrid–, Josep González Calvet –Universidad de Barcelona–, Montserrat Guillén –Universidad de Barcelona–, Sergi Jiménez –Pompeu Fabra– e Ignacio Zubiri –Universidad del País Vasco. El estudio analiza el actual sistema de pensiones y su sostenibilidad, dando respuesta, desde diferentes puntos de vista, a tres preguntas clave : 1ª) ¿Deben mantenerse las pensiones en el espacio de financiación contributiva?; 2ª) ¿Es factible que una mejora futura del entorno económico pueda compensar una demografía adversa?; 3ª) ¿hasta qué extremos flexibilizar el sistema puede ser la solución?
Al inicio de la presentación, los representantes del Consejo General de Economistas de España expusieron una serie de datos que evidencian la necesidad de repensar el actual sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad. Entre estos datos, destacaron algunos especialmente significativos:
✓ La Comisión Europea estima que, durante las próximas décadas, el número de pensiones aumentará desde los 9,6 millones actuales hasta unos 15 millones a mediados de siglo.
✓ Dado que para mantener pensiones similares a las actuales (en relación al salario medio) se necesitan en torno a 2,4 empleos por pensionista, para financiar 6 millones de pensionistas más se necesitarán casi 14,5 millones de empleos adicionales. Esto supone que de aquí al 2050 casi se duplique el número de empleos, pasando de algo más 18 millones a casi 33 millones.
✓ Según las proyecciones de la Comisión Europea, entre los años 2020 y 2050, el empleo en España oscilará entre 18,5 y 19,5 millones de empleos, prácticamente como en la actualidad.
✓ De cumplirse las proyecciones de la Comisión Europea (2018), el déficit actual del sistema público de pensiones aumentará a medio y largo plazo desde el 1,6% al 6,3% del PIB en 2050.
✓ Con una tasa de crecimiento anual del PIB real del 1,8% durante el periodo 2017-2050 –y suponiendo una revalorización de las pensiones del 1,8% anual– el gasto en pensiones sobre el PIB pasaría del 11,7% actual al 14,8%.
✓ El trabajador promedio aporta actualmente para pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social en torno a 5.700 euros. Esto implica que en el año 2017 hubieran sido necesarios 3,3 millones más de empleos para que el déficit (alrededor de 18,8 mil millones) hubiera sido cero.
A la vista de estos datos, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, afirmó, no obstante, que “no es momento de caer en el desánimo, sino de actuar con urgencia”. En su intervención, Pich trasladó el “efecto Pigmalión” al ámbito de las pensiones. “Al igual que el miedo infundado a una quiebra puede hacer que los clientes retiren sus depósitos y que la entidad acabe quebrando de verdad, en el tema de las pensiones, si damos por sentado que el sistema no tiene solución, acabaremos por hundirlo”. “¿Cómo vamos a hacer previsiones sobre nuestro futuro si no se definen las reglas del juego?, ¿para qué va a esforzarse un autónomo en cotizar más si el sistema no le da garantías?” –se preguntó Pich.
A continuación, el director del Estudio, Guillem López-Casasnovas, explicó los resultados del estudio, constatando la heterogeneidad de las respuestas de los expertos consultados (ver cuadro-resumen de las respuestas en las páginas 72 y 73 del Estudio) Así, mientras que unos ven necesario financiar parcialmente las pensiones con impuestos, otros consideran que financiarlas de esta manera supondría romper el principio de contributividad y que sería mejor plantearse un ajuste de las pensiones en función de las disponibilidades. Igualmente, mientras que unos ven factible que una mejora del entorno económico pueda compensar una demografía adversa, otros lo consideran un elemento de probabilidad muy baja y entienden que la transición a un sistema de cuentas nocionales podría ser la vía. En cuanto a flexibilizar el sistema para hacerlo viable, algunos de los expertos creen que no tendría grandes ventajas; otros, por el contrario, estiman que cierta flexibilidad (compatibilización trabajo y pensión, subsidiación fiscal complementaria, etc.) podría contribuir a mejorar el aseguramiento del sistema de pensiones.
En base a esta disparidad de opiniones, López-Casasnovas considera que “ciertamente no hay hoy en España una solución clara a la vista ni derivable de un solo instrumento. Se tratará de acompasar diversas medidas, ajustadas y ponderadas a cada situación, lo que requiere más debate técnico que diatriba política”. Así mismo, también señaló que “sin una mayor concienciación social, ciudadana, de los efectos intergeneracionales de mantener la actual situación de las pensiones y de las consecuencias de algunas de las alternativas de reforma hoy postuladas, va a resultar imposible reorientar la deriva de inequidad contra las generaciones futuras a la que estamos abocados. Las pensiones son una parte, las transferencias generacionales se han de valorar desde el conjunto del gasto social”. Por último, manifestó que “el orden de magnitud del problema de las pensiones y de la demografía en España es tal que no resulta manejable ya para Comisiones como la que hoy representa el Pacto de Toledo en el debate partidista general”. “Hace falta pensar en otra estrategia” –afirmó.
Por su parte, el presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL) –órgano especializado en materia laboral del Consejo General de Economistas–, Roberto Pereira, ha destacado que “si ahora ya se están padeciendo los desajustes en el sistema –como consecuencia del paro, del envejecimiento poblacional y del aumento del número de pensionistas–, en la frontera de los próximos 20 años, la transformación que va a experimentar la pirámide demográfica de la población trabajadora y jubilada será tremenda”. Según Pereira, “el futuro de las pensiones, la sostenibilidad del sistema, exige que se tomen medidas y se haga con el tiempo suficiente para que cada trabajador conozca anticipadamente a su jubilación cuáles son sus derechos y pueda, en su caso, complementar o planificar adecuadamente su futuro para no sufrir mermas en su poder adquisitivo y, sobre todo, no tener nunca dudas de la solvencia y capacidad del sistema para asegurarle su pensión de jubilación”.
En este sentido, Pereira, considera que, además del debate sobre la revalorización de las pensiones, se debería intentar dar respuesta a algunas preguntas clave, como las planteadas en este estudio del Consejo General de Economistas. Entre ellas, destacó algunas: ¿Nuestro actual sistema de reparto, tal y como estádiseñado, resulta sostenible?, ¿se deberían financiar las pensiones parcialmente con impuestos?, ¿debería concebirse la reforma del sistema de pensiones como parte de una reforma fiscal integral?, ¿sería viable la implementación de un sistema mixto de capitalización y reparto?, ¿se ha de hacer una transición hacia un sistema de cuentas nocionales? o ¿debe optarse por un sistema complementario de pensiones mediante planes privados?
En la presentación del estudio también ha intervenido el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, quien ha subrayado la necesidad de un Pacto de Estado en materia de pensiones. “No se puede soslayar una cuestión económica y social de primera magnitud, como son las pensiones, de cuyo acertado o desacertado tratamiento va a depender en gran medida el sostenimiento, a medio y largo plazo, del Estado del Bienestar” –ha afirmado Pedraza.
La clausura del acto ha corrido a cargo de Octavio José Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, quien ha señalado que “el sistema de pensiones nació en 1963 para resolver un problema prácticamente irresoluble y, desde entonces, sobrevivimos gracias a una adecuada combinación de generosidad y sentido de la anticipación”. Según Granado, “no podemos dejar que nuestras proyecciones se arrastren por el curso de nuestros prejuicios, que al final se conviertan en tautologías. Necesitamos poder imaginar varios escenarios y asignar sacrificios y beneficios pensando en el bienestar social”. Por último, el secretario de Estado ha afirmado que “el equilibrio del sistema exige algunas correcciones”. “No se trata de subir las cuotas –ha puntualizado– sino de reponer las cotizaciones que aportaban los empleadores y mejorar los salarios”.
