sábado,16 octubre 2021
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Se economizarán 809,6 millones de euros en 2014

Pensiones por 33.000 millones menos en nueve años

Redacción
El nuevo índice de revalorización de las pensiones permitirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy atesorar un total de 32.939, 95 millones de euros de aquí a 2022, al desligar la subida de las pensiones a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC)

Según consta en la memoria que analiza el impacto de la reforma enviada al Consejo Económico y Social (CES), la aplicación del nuevo índice de revalorización de pensiones permitirá un ahorro estimado en 809,6 millones de euros en 2014, el primer año de su aplicación, cifra que irá aumentando progresivamente hasta estabilizarse en el entorno de los 5.000 millones anuales en el periodo 2019-2022.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, negó que la reforma de las pensiones suponga un recorte del gasto en pensiones, y dijo que la propuesta diseña un sistema "sostenible en el tiempo, que aspire al equilibrio presupuestario". "Ahorrar no es recortar, es canalizar el gasto y asegurar que ese gasto creciente se acompase a las necesidades reales que va a tener la sociedad española y el sistema económico", añadió.

Burgos ha recordado que entre 2012, 2013 y 2014 el sistema de la Seguridad Social habrá acumulado un déficit de alrededor de 35.000 millones, lo que requiere necesariamente adecuar la ganancia de las pensiones a esa situación.

Eso no quiere decir que se recorte o se pongan restricciones, ha recalcado Burgos, quien ha destacado que al aplicar el nuevo índice de revalorización a las pensiones de los últimos quince años el resultado demuestra que la subida es siempre superior al IPC en un contexto de normalidad económica.

De acuerdo con ese ejercicio, sólo en los años 2011 y 2012 las pensiones habrían subido el mínimo del 0,25 %.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, dijo que si se hubiera aplicado a finales de los años 90 el procedimiento de revalorización de las pensiones que el Gobierno ha incluido en el anteproyecto de ley, éstas habrían subido por encima del IPC entre 1997 y 2010. Báñez defendió que "las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad".

El anteproyecto de ley establece que el índice de revalorización se determinará anualmente teniendo en cuenta un conjunto de parámetros que incluyen, entre otros, la inflación, el número de cotizantes, las bases medias de cotización y los ingresos y gastos del sistema durante 11 años.


Concretamente, para revalorizar las pensiones de un determinado año se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones corrientes de los seis años anteriores y la estimación de ese año y los cuatro siguientes -un total de 11 años-, a excepción de los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Además, se deducirán de estos capítulos los ingresos y gastos referidos a las prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a las pensiones no contributivas, salvo los complementos a mínimos.

Así, en los años en que el saldo resultante de estos cálculo gastos e ingresos sea menos favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza éstas podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación.

El Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico prevé que la Seguridad Social cierre todos los ejercicios hasta 2016 en déficit, asegura que con este nuevo indicador el sistema podría reducir sus desequilibrios en 809,6 millones de euros en 2014, en 1.640 millones en 2015, en 2.490 millones en 2016, en 3.359 millones en 2017 y en 4.242 millones en 2018.

Más ahorro desde 2019

Más adelante, el Gobierno espera aplicar el Factor de Sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento.

Este factor de "equidad intergeneracional" se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas, de manera que la prestación que recibirán -previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida– será equivalente a la obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.

En este punto, el Ejecutivo justifica que era preferible vincular la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida antes que a otros parámetros como los años necesarios para recibir el 100% de la prestación o el cálculo de la base reguladora para evitar que esta reforma se solapara con la puesta en marcha en 2011 y que aún está afectando a estos elementos.

Una vez entre en marcha este mecanismo en 2019, el Gobierno espera que la reducción de los desequilibrios de las cuentas de la Seguridad Social ronde ya los 5.000 millones anuales hasta 2022.

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