Es obvio que en este severo castigo que viene sufriendo el mundo del trabajo desde la Transición en adelante, existen responsables aunque ninguno de ellos lo asuma abiertamente. Bajo mi punto de vista, entre los principales están, sin que ello implique jerarquía en el orden, los tres siguientes: la globalización financiera sin control, eso que genéricamente se denomina los mercados; los partidos políticos que han asumido responsabilidad de gobierno, básicamente el PP y el PSOE, aunque también los nacionalistas; y los sindicatos, principalmente CC.OO y la UGT.
El primer actor es la globalización financiera. Desde que España ingresó en la Unión Europea, en 1986, y en 1999 adoptó el euro, pasó a formar parte del núcleo duro de la globalización financiera que, hablando con propiedad, es práctiecamente la única que que hasta el momento se ha producido en la economía. Es evidente que una economía con plena liberalización de los movimientos de capital y muy abierta al exterior -y España lo está y mucho- se hace más vulnerable ante las crisis económicas. En ese proceso se han dado dos fenómenos aparentemente contradictorios: por una parte, junto a la privatización de las empresas y la internacionalización de muchas de ellas, se ha producido una desregularización financiera internacional, sin reglas ni control, que fue impuesta por Estados Unidos en los inicios de los años setenta del pasado siglo y que ha llenado de basura al mundo desarrollado, principalmente a la Unión Europea; por otra parte, al pertenecer España a la unión económica y monetaria, tiene que cumplir con unas reglas precisas de control de sus desequilibrios macroeconómicos, en particular los relativos al déficit presupuestario y al endeudamiento público. Al perder sus competencias monetarias y cambiarias, la única forma de poder hacer frente a la mayor competencia internacional, es incrementar la productividad y abaratar los costes, sobre todo los del mercado de trabajo. Y así se ha hecho.
El segundo de los actores es el gobierno. Todos los gobiernos españoles desde el inicio de la transición hasta el presente, han realizado una política beligerante contra el mundo del trabajo. La crisis económica de los setenta obligó a una fuerte reconversión industrial a la que se añadió la bancaria, de la que se ha hablado menos pero que consumió más recursos públicos que la industrial. Estos ajustes se resolvieron con despidos masivos y jubilaciones anticipadas. Desde los años ochenta en adelante se comenzó a organizar una pésima administración autonómica que ha despilfarrado –y así continua- muchos recursos en actividades escasamente productivas y que en nada han beneficiado a la creación de un empleo sólido.
La inmensa mayoría de las medidas que se han tomado sobre el mercado de trabajo se han centrado en administrar el paro y en realizar reformas que han favorecido la precarización del empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. No ha habido ni un solo plan encaminado a orientar las inversiones –públicas y privadas- a actividades productivas relacionadas con los sectores agrario e industrial, sino más bien en favorecer directa o indirectamente las de carácter especulativo, principalmente las inmobiliarias. No parece razonable que, entre 1999 y 2010, de cada 100 euros destinados a la inversión, 63 hayan ido al sector de la construcción y sólo 1,1 euros se hayan invertido en el agrario.
La formación de la burbuja inmobiliaria que tan graves consecuencias está teniendo sobre la economía española en términos de endeudamiento y de paro, tiene su origen en la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre régimen del suelo, promulgada por el PP, por la que se declaraba susceptible de ser urbanizado todo el suelo en el que no concurriesen razones para su preservación. Este mensaje lo entendieron muy bien los partidos políticos –nacionales y nacionalistas- de una buena parte de España, principalmente la del denominado eje mediterráneo de la corrupción (Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares).
El tercer actor son los sindicatos. Es insólito que los dos principales sindicatos de ámbito nacional, CC.OO y UGT, ambos en sus orígenes de inspiración marxista, autodefinidos de clase y con un ámbito de actuación nacional que abarca todo el abanico de actividades laborales, hayan experimentado una reconversión ideológica tan drástica que les ha llevado a convertirse en los más firmes defensores de un sistema económico, el capitalista, contra el cual supuestamente nacieron. Pero lo es mucho más en el caso de CC.OO, que se enfrentó al franquismo desde dentro siguiendo una trayectoria brillante y esperanzadora para la clase obrera; cosa que no se puede decir de la UGT, que resurgió de la nada en la democracia tras una larga etapa de silencio y práctica desaparición durante la dictadura franquista.
Estas centrales sindicales, junto a otras que también venían de la clandestinidad, desempeñaron un papel muy positivo y responsable en los años iniciales de la Transición al contribuir, a través de la concertación (1980-85), en tratar de resolver la crisis económica siendo plenamente conscientes de que el mayor coste de la misma recaía sobre la clase trabajadora. A partir aquí el cumplimiento de sus supuestas obligaciones en defensa de los trabajadores, dejan mucho que desear. Por eso han perdido parte de su credibilidad ante los trabajadores y casi totalmente ante la sociedad española.
Las razones que parecen explicar este comportamiento son, entre otras, las siguientes: primero, la sustanciosa financiación que han obtenido de la administración tanto en forma de subvenciones directas como indirectas –sobre todo a través de la formación, una de sus principales fuentes de financiación-; segundo, al generoso trato que han recibido, también de la administración, para conseguir liberados sindicales; y tercero, la retribución en especie mediante la cesión del patrimonio sindical, tanto histórico como acumulado.
Con el tiempo, CC.OO y la UGT se han ido convirtiendo en maquinarias electorales jugando en el sindicalismo un papel muy similar al que desempeñan el PP y el PSOE en el político: lo que más les importa es conservar el poder y para ello no han reparado en medios, incluidas las prácticas corruptas. Estos sindicatos no han presentado nunca un plan económico sólido y alternativo al del gobierno que fuese capaz de generar empleo; tampoco se han pronunciado abiertamente en contra de la ruptura del mercado de trabajo que se ha producido en algunas Comunidades Autónomas (señaladamente en Cataluña y País Vasco); ni lo han hecho de forma contundente contra el fraude fiscal y del paro (un buen ejemplo ha sido el Plan de Empleo Rural). En todos estos casos, más bien han sido unos fieles aliados o han guardado silencio.
Por lo que realmente se han preocupado las grandes centrales sindicales, ha sido por su propia supervivencia: por obtener generosas subvenciones de donde han podido y por mantener a unos liberados sindicales –se estiman en unos 300.000- que se han convertido en unos profesionales del ramo que, en muchos casos, han gozado de inmerecidos privilegios a pesar de no estar entre los trabajadores más ejemplares, honestos y preparados.
Por las razones indicadas y por el creciente predominio del sector de los servicios en la actividad productiva, han surgido, al margen del sindicalismo clásico (representado básicamente por CC.OO y la UGT) y más bien contra del mismo, una serie de sindicatos de todo tipo de ideologías (AST, ACAIP, ANPE, CGT, CSIF, COS, SATSE, STC, SO, STEs, UNT y USIT-EP), entre las que no faltan las de tinte amarillistas y las muy conservadoras. Estos nuevos sindicatos, constituidos al amparo de la Ley reguladora del derecho de asociación sindical de 1977, han centrado el grueso de su acción sindical entre los trabajadores del sector público. Algunos de ellos se autocalifican de independientes -en clara oposición a los sindicatos de clase- por defender intereses específicos del colectivo al que representan que, en ocasiones, se asimilan en sus prácticas corporativas al de los colegios profesionales más conservadores.
