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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS
Salvarlo de forma equitativa para todos será casi imposible

Un curso académico malherido este de 2019-2020

La ministra de Educación, Isabel Celaá

Seis comunidades autónomas no aceptan el conjunto de propuestas de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para cerrar el curso escolar 2019-20. Lo extraño es que hayan sido las únicas, puesto que la posturadel departamento ministerial tiene muchas lagunas. Es la opinión de Javier Laquidain, periodista y consultor de comunicación acreditado desde hace varias décadas en asuntos educativos, económicos y de investigación científica.
Javier Laquidain, periodista y consultor de comunicación, asuntos educativos, económicos y de investigación cie 23 de abril de 2020 Enviar a un amigo
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La ministra, siguiendo lo expresado por el Consejo Escolar del Estado, ha propuesto que la evaluación del tercer trimestre tenga un carácter diagnóstico, sin efectos académicos, con lo que no contará negativamente para la nota final. Se deja en manos de los gobiernos regionales la decisión de avanzar o no en el temario en esta última etapa o reducir contenidos. 

En consonancia con la actitud beatífica en materia de educación tradicional de la izquierda, Celaá mantiene que la regla general será la promoción automática y repetir curso será la excepción. Afirmación que ha llevado a muchos ciudadanos a interpretar que se aboga por el aprobado general. Pero no es así, el aprobado general sería injusto, añade la ministra. Cada alumno recibirá su evaluación y en la nota final tendrá más peso el resultado de los dos primeros trimestres, mientras que la del tercero servirá para subir nota. Otra muestra de buena voluntad para con el alumnado.

En todo caso, la propuesta ministerial establece que alcanzar la titulación al final de cada etapa escolar debe ser la práctica habitual para los alumnos de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y FP y para eso se podrá adaptar la evaluación, y que todo lo no impartido este curso será tratado el siguiente, algo complicado cuando hay cambio de etapa; y no digamos ya cuando el salto es del Bachillerato a la universidad. Incluso en verano podrían hacerse actividades de refuerzo, pero sin actividad lectiva.

La situación de los alumnos de segundo de Bachillerato es especial, porque tienen por delante la prueba de selectividad, la EBAU, y se juegan el acceso a la universidad. Los que no hayan podido seguir el tercer trimestre por medios digitales quedan prácticamente excluidos de acudir a la prueba, y todos en conjunto han visto perjudicado su esfuerzo por ponerse a punto para afrontarla. El número de los que se presenten a la prueba y sus resultados nos dirán hasta qué punto ha llegado el perjuicio.

En manos del profesorado

La calificación del curso y la decisión de quien debe repetir queda en manos del profesorado, que es el que conoce la situación de cada estudiante, y se podrá pasar de curso con asignaturas pendientes. Los equipos docentes decidirán también quién se titula al final de cada etapa, aunque tenga alguna asignatura suspendida.

La propuesta ministerial pretende aplicar a una realidad compleja una actitud bienintencionada, y se lava las manos sobre el resultado final, cuya responsabilidad recae en el profesorado. Pero olvida algunas cosas, como que hay alumnos que se han quedado descolgados del sistema docente a raíz del cierre de las aulas porque no han tenido acceso a la formación digital, a pesar de los esfuerzos autonómicos para remediar esta deficiencia. Se calcula que puede ser un 10 por ciento del alumnado el que se encuentra en esta situación, aunque algunos hablan del 20 y del 25 por ciento.

Para algunas autonomías, no es de recibo la promoción general de los alumnos y obtener la titulación de final de etapa con asignaturas suspensas. La propuesta de Celaá, además, ignora la ley vigente, alegan algunas organizaciones del profesorado, que establece limitaciones para pasar de curso con materias pendientes. La competencia exclusiva para regular la obtención de títulos académicos es del Estado, por lo que estas organizaciones piden que sea el ministerio quien dicte las condiciones pertinentes, y no deje esa responsabilidad al profesorado. 

Por su parte, Celaá se enroca en su posición y rechaza que su departamento deba fijar el límite de suspensos, porque son los profesores los que conocen la situación de cada alumno, independientemente de lo que diga la ley.

A la disparidad de situaciones entre el alumnado, con estudiantes que han seguido esforzándose en el tercer trimestre, otros que han relajado su actitud por distintas causas y algunos que no han podido seguir el ritmo por falta de recursos digitales o por sus circunstancias personales se suma la tradicional diferencia entre comunidades a la hora de evaluar los contenidos educativos. Un panorama ciertamente complejo.

El curso 2019-20 está lo suficientemente afectado por la crisis sanitaria como para considerarlo bastante perdido o, cuando menos, malherido. Salvarlo de forma equitativa para todos va a ser prácticamente imposible. Habrá situaciones injustas, pero inevitables, porque sin haber cursado con normalidad las materias por las circunstancias que sean no será posible que el alumnado pase de curso por una decisión ministerial. Y no siempre se podrán recuperar los contenidos no impartidos, lo que tendrá repercusiones negativas en los cursos siguientes. En definitiva, un curso que resta conocimiento en lugar de sumar.


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