El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido mantener la responsabilidad penal del Banco Santander como adquiriente del banco Popular.
En el escrito de recurso del Banco Santander se dice que "la resolución del antiguo Popular se equipara a su disolución material, con la consiguiente extinción de su eventual responsabilidad penal". Una interpretación que el instructor "no comparte en absoluto" y que por tanto ha procedido a desestimar el recurso de reforma interpuesto por Santander contra el auto del Juzgado de fecha 15 de enero de 2019, el cual se confirma en su integridad.
No obstante, Calama, que investiga el caso del banco Popular, recuerda que se trata de una cuestión jurídica prácticamente inédita en la práctica judicial –la transmisión de la responsabilidad penal entre empresas- y que en las escasas resoluciones sobre la materia no se ha ponderado la trascendencia que tiene en el ámbito jurídico empresarial.
La resolución analiza el precepto aplicado en este caso, el artículo 130.2 de Código Penal, incluido en el capítulo sobre "las causas que extinguen la responsabilidad criminal" y señala que, a su juicio, el legislador "quiso remarcar una diferencia, en el ámbito de las sociedades: la pérdida de su personalidad jurídica o su transformación no conlleva aparejada la extinción de su posible responsabilidad penal, sino todo lo contrario, de existir dicha responsabilidad, se transmite a la nueva sociedad".
