Alicia Bárcena afirmó que “La CEPAL y Alemania son aliados estratégicos”. Añadió que “la CEPAL provee una plataforma para el diálogo político en América Latina y el Caribe, genera conocimientos y recomienda políticas públicas a los países sobre temas económicos, sociales y ambientales, mientras que Alemania no solo apoya a la CEPAL en esta labor -gracias a su amplia red y experiencia- sino que además retroalimenta sus proyectos bilaterales con el conocimiento y las recomendaciones de la CEPAL”.
El acuerdo cuenta con cinco áreas prioritarias agrupadas en tres áreas estratégicas de intervención para lograr un enfoque holístico, integrado e intersectorial: procesos coherentes de planificación, financiación y seguimiento; cambio digital inclusivo y el gran impulso ambiental. Además, el acuerdo considera un programa regional sobre manejo sustentable de los recursos mineros en los países andinos.
El nuevo programa de cooperación 2020-2024 se desarrollará en dos ciclos, el primero de ellos entre 2020 y 2022, mientras que el segundo abarcará desde 2022 a 2024.
Posteriormente, Alicia Bárcena participó en el taller “Ciudades sostenibles e inclusivas: Oportunidades de aprendizaje conjunto entre gobiernos nacionales y municipales de América Latina y Europa”, organizado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, y el Instituto Alemán para el Desarrollo.
La alta representante participará el martes 28 de mayo en la Conferencia América Latina organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. En tanto, el miércoles 29, representará a la CEPAL en el Foro de Asuntos del Futuro: Revolución digital: Restablecimiento de la política de poder global, organizado por la Cancillería alemana, donde introducirá al panel 3 sobre “Democracia y digitalización: ¿la democracia sobrevivirá a la revolución digital?”.
Alemania es uno de los 46 Estados Miembros de la CEPAL desde 2005. El país europeo y el organismo regional de las Naciones Unidas mantienen desde 1979 un programa de cooperación que busca fortalecer la capacidad de los gobiernos latinoamericanos para formular, implementar y evaluar sus políticas públicas de desarrollo sostenible.