sábado,21 mayo 2022
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El Gobierno demora la reforma del sistema

Andalucía reduce a un millón el fraude en los cursos de formación y Madrid lo eleva a 17 millones

Redacción
El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, informó ayer en el Parlamento andaluz que de la investigación interna abierta por la junta sobre la gestión de los cursos de formación profesional se desprende que sólo hay cuatro expedientes de los 1.728 analizados en los que ha habido fraude por un uso no justificado de las ayudas, mientras en Madrid supera los 17 millones y el Gobierno lleva demora de varios meses en la anunciada reforma del sistema.

La Consejería les ha pedido el reintegro de 1.059.176 euros de los 2.326 millones que destinó desde 2007 a 2013. Alonso y el portavoz socialista, Francisco Menacho, criticaron al PP por haber dado por buena la cifra de 2.000 millones que publicaron los diarios. Según el PP, la Junta no investiga, "sino tapan y de forma lenta".

Por otro lado, la Fiscalía Superior de Andalucía ve indicios de delito en las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas andaluza al fiscalizar las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo para los cursos de formación.

Mientras, LA RAZÓN apunta que, según las investigaciones de la Policía, empresas subvencionadas por la Junta se constituyeron días antes de recibir las ayudas. La Policía detecta 7 millones en subvenciones a las 17 empresas de Málaga implicadas en el fraude.

Por su parte, La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha querido dejar claro este lunes que el caso de los fondos para la formación es un "fraude" a la administración andaluza y ha garantizado "transparencia" de su Gobierno, al tiempo que ha reclamado que se dé a Andalucía el mismo trato que se está dando a la Comunidad de Madrid, donde también se ha detectado un fraude de este tipo.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Díaz ha manifestado que por la información que se tiene, ya hay dos comunidades a la que atañe este asunto de los fondos de formación, Madrid, en la que el asunto ya está judicializado, incluso con detenidos, y Andalucía. Ha manifestado que ella lo que pide es que Andalucía tenga el mismo trato que otros territorios.

Ha indicado que su Gobierno tendrá toda la transparencia ante este asunto y "contundencia absoluta, se llame como se llame y afecte a quien afecte". "Quien haya provocado un quebranto en las cuentas públicas tiene que pagarlo", ha señalado Díaz, quien ha pedido que, durante la investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se separe muy bien quien viene a defraudar, "del nombre de Andalucía y de la administración andaluza".

Contra la corrupción

"Aquí no estamos ante un fraude de la Administración, sino ante un fraude a la Administración", según Susana Díaz, quien ha pedido el "mismo respeto" que se ha tenido con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque algunos tienen la tentación de volver al "serial que desgraciada y bochornosamente tuvimos que vivir en Andalucía en el caso de los ERE".

Para Díaz, la corrupción hay que combatirla, pero no utilizarla contra nadie. Ha insistido en que en este país hay que avanzar en transparencia, de manera que cuando los ciudadanos sepan cómo se gasta hasta el último euro de sus impuestos, va a ser más complicado "que algunos utilicen la picaresca para defraudar a las administraciones".

Ha recordado que cuando accedió a la presidencia de la Junta, trasladó a su Gobierno varias cosas, la primera que rigiera el principio de transparencia en toda la acción del Ejecutivo y la necesidad, conociendo el caso de los ERE, de poner más controles en la Junta para que las "lagunas que habían aflorado, se corrigieran".

En ese momento, según agregó, se introdujo en Andalucía algo que no había en otra comunidad, como es la fiscalización previa de las transferencias de financiación, al tiempo que planteó la no exoneración, es decir, que ninguna entidad podrá recibir una nueva subvención de la administración sin haber justificado la anterior.

Eso obligaba, según ha apuntado, a revisar una serie de expedientes, en este caso los de ayudas a los cursos de formación. Para la presidenta, también es fundamental cambiar la Ley de Formación en Andalucía, y en España, para hacer hacerla más moderna y unir la universidad con la empresa y para poner más controles.

En Madrid el asunto es más grave. El montante total que deriva del fraude de los cursos de formación asciende a 17 millones de euros. Pese a que en un primer momento se hablabla de 15 millones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal cuantifica ya en 17 millones el dinero detraído de las arcas públicas. Así lo indicaba ayer el editorial de El País.  

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