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Tras caer por la compra sus acciones un 33%, ahora en alza

Bayer dice que las "listas negras" de periodistas críticos con Monsanto en Europa no eran ilegales

El producto Round Up, comercializado por Monsanto y contenedor de glifosato Mike Mozart / Flickr

La química europea Bayer, que compró el año pasado al gigante norteamericano Monsanto, fabricante del herbicida glifosato, ha asegurado en un comunicado que las ´listas negras´ con datos de personas críticas a Monsanto no son ilegales y que sólo contienen información pública, tras reconocer su existencia en Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia España, Reino Unido e instituciones de Bruselas.
Redacción / actualizada el 16 de agosto de 2020 5 de septiembre de 2019 Enviar a un amigo
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En un comunicado, Bayer ha precisado que el bufete de abogados Sidley Austin LLP ha concluido su exhaustivo análisis de más de 2,4 millones de archivos relacionados con los listados y asegura no haber hallado datos "sensibles" sobre las 1.475 personas que figuran en ellos, de las cuales 144 son españolas.  En los últimos 14 meses las acciones de Bayer se han desplomado un 33%. Y aunque seguro que hay variedad de motivos, hay uno que pesa como ninguno: Monsanto y las 18.000 demandas pendientes sobre los efectos cancerígenos del glifosato que esperan en los tribunales de Estados Unidos. Pero el cambio de estrategia reputacional de Bayere ha impulsado un 7% las acciones de la compañía y ha elevando su capitalización hasta los 62.500 millones de euros. Y no es para menos, porque aunque los equipos legales de la compañía han logrado contener las indemnizaciones, algunas de los primeros fallos pedían hasta 2000 millones de indemnización.

Según el informe del bufete de abogados citado por Bayer, no existe duda de que "las listas elaboradas eran detalladas, metódicas", aunque asegura que tenían como único objetivo "defender claramente las posturas de Monsanto frente a grupos de interés y la opinión pública".

Dice Bayer que tampoco hay pruebas de que esas listas hubiera sido elaboradas con información obtenida de manera ilegal, sino que todos los datos proceden de datos públicos y las redes sociales de los sujetos en cuestión. "No hemos encontrado evidencias en relación con las acusaciones de que las listas incluyen aficiones u otros datos personales de interés", afirman en el informe. 

Según el director de relaciones públicas y sostenibilidad de Bayer, Matthias Berninger, "la conclusión y publicación de la investigación constituyen otro paso importante más para crear transparencia".Bayer considera, además, que en base al informe del bufete de abogados, los empleados no infringieron la ley entonces vigente ni órdenes internas de Monsanto. Las listas en cuestión fueron elaboradas entre 2016 y 2017 por una agencia privada por encargo del fabricante de herbicidas. Monsanto encargó la investigación cuando trataba de lograr una nueva aprobación de su producto estrella, Roundup, en el mercado europeo. 

Por aquel entonces, ya habían saltado el escándalo en numerosos medios de comunicación y estudios independientes que apuntaban que el glifosato, el principal componente de Roundup, era cancerígeno. Cientos de personas demandaron a la compañía. 

Más de 18.400 demandas 

El año pasado, Bayer adquirió Monsanto en plena crisis por 63.000 millones de dólares (unos 59.000 millones de euros) y se enfrenta actualmente a 18.400 demandas en relación con el herbicida Roundup. 

Desde agosto de 2018, tres tribunales han condenado a Bayer a pagar cuantiosas indemnizaciones, ya que han considerado que sí existe relación entre el uso del glifosato y el cáncer que han sufrido miles de afectados. 

En mayo, la farmacéutica alemana encargó al bufete Sidley Austin LLP investigar estos listados tras las acusaciones aparecidas en los medios en cuanto a que contenían datos confidenciales y privados.

Entre el 31 de mayo y el 9 de agosto, el bufete contactó a las 1.475 personas que figuran en las listas, entre ellas, además de las 144 en España, 466 en Francia, 202 en Alemania, 152 en Polonia, 93 en Reino Unido, 51 en Italia, 20 en Holanda, 4 en Bélgica, 3 en Estados Unidos, 1 en Suiza y otras 339 en una lista de instituciones de la UE de diferentes nacionalidades europeas.

Por eso, en un cambio radical de estrategia, el gigante farmacéutico alemán ha anunciado que ofrece hasta 8.000 millones de dólares para frenar una tendencia que, hasta ahora, le ha hecho perder una y otra vez todos los juicios a los que se ha enfrentado. Bayer parece decidida a acabar con el problema judicial.

Según Bloomberg, frente a los 8.000 millones que ofrece Bayer, los abogados exigen unos 10.000 millones para retirar las demandas y cerrar futuros casos. La negociación, coordinada por Kenneth Feinberg (quién ya ocupó un papel similar en las compensaciones del 11 de septiembre), pondría final a largo conflicto judicial que ha conseguido poner en cuestión la relación entre la ciencia y el sistema judicial. Queda por determinar cómo resolver los casos de consumidores que aún no hayan sido diagnosticados. Las negociaciones, de carácter confidencial, se están desarrollando en Nueva York. De momento Bayer ya ha pedido retrasar un juicio en San Louis. La empresa teme que un nuevo veredicto millonario eleve la factura del acuerdo.

Bayer obtuvo un beneficio neto atribuible de 1.645 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que representa un retroceso del 40,1 por ciento respecto de su resultado en la primera mitad de 2018, ha informado el grupo químico y farmacéutico alemán, que ha confirmado sus pronósticos anuales, aunque ha advertido de que estos son resultan "cada vez más ambiciosos" ante las dificultades para el negocio agrícola.

"Las ventas en Crop Science se vieron frenadas principalmente por las condiciones climáticas extremas en América del Norte, mientras que en Farmacéutica registramos un crecimiento alentador", ha declarado Werner Baumann, presidente del consejo de Bayer, quien advirtió, sin embargo, de que las perspectivas para 2019 se estaban volviendo cada vez más ambiciosas.

De este modo, Bayer confía en alcanzar los 46.000 millones de euros en ventas, lo que representaría un crecimiento del 4 por ciento en datos ajustados, así como un incremento del Ebitda ajustado al tipo de cambio y antes de atípicos de unos 12.200 millones de euros.

En los seis primeros meses de 2019, las ventas de Bayer sumaron 24.500 millones, un 31,6 por ciento más que un año antes, con un crecimiento del 9,1 por ciento en Europa, Oriente Próximo y África, mientras que en Norteamérica aumentaron un 69,8 por ciento, hasta 9.409 millones, en Asia Pacífico un 12,1 por ciento, hasta 4.530 millones, y un 55 por ciento en Latinoamérica, hasta 2.368 millones.

Los ingresos del negocio agrícola, Crop Science, crecieron un 91,3 por ciento en el semestre, hasta 11.232 millones de euros, incluyendo un aumento del 48,2 por ciento de las ventas de herbicidas y del 15,3 por ciento en las de insecticidas, mientras que el negocio farmacéutico incrementó un 5,8 por ciento su facturación, hasta 8.776 millones.

En el segundo trimestre, Bayer registró un beneficio neto atribuible de 404 millones de euros, un 49,1 por ciento menos que un año antes, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 22,4 por ciento, hasta 2.486 millones. Por su parte, las ventas de Bayer entre abril y junio crecieron un 21,1 por ciento, hasta 11.485 millones de euros.

Por otro lado, Bayer informó de que hasta el pasado 11 de julio, habían sido notificadas en EEUU aproximadamente18.400 demandas en relación con el glifosato, añadiendo que la compañía tiene la intención de defenderse vigorosamente en todas ellas, aunque, de forma paralela al litigio, Bayer participará constructivamente en el proceso de mediación ordenado por un juez de distrito en California

Bayer, que tiene previsto mantener constantemente actualizada la información sobre la investigación en su página en internet, adquirió Monstanto en junio del año pasado por 63.000 millones de dólares (unos 56.000 millones de euros).

Un jurado dictó en Estados Unidos una sentencia contra Monsanto, en la que obliga a la empresa a pagar 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros) a una pareja de ancianos al considerar que el cáncer que padecen tienen su origen en el herbicida Roundup, del fabricante estadounidense, a base de glifosato.Es el tercer fallo contra el fabricante en relación con el herbicida desde agosto de 2018.
 

Bayer admite listas negras en Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia España, Reino Unido e instituciones de Bruselas 

"En estos momentos partimos de la base de que la agencia FleishmanHillard elaboró por encargo de Monsanto listas de partes interesadas en Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia España y Reino Unido, así como de partes interesadas relacionadas con instituciones de la UE", precisa Bayer en un comunicado. 
El consorcio alemán agrega que se ha encargado al bufete de abogados Sidley Austin una investigación "independiente y exhaustiva" en la que "continuará analizando esta cuestión por encargo de Bayer para determinar si también existieron en otros países listados de partes interesadas".
Está previsto que el bufete contacte a las personas incluidas en la lista -"principalmente periodistas, políticos y otros grupos de interés"- "en un futuro próximo, a más tardar a finales de la semana que viene" para informarles detalladamente del tipo de datos recopilados, precisa el consorcio alemán.
Por otra parte, Bayer comunica que tras conocerse la existencia de estos listados, la cooperación con la agencia FleishmanHillard en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas ha quedado suspendida, mientras los proyectos de marketing se mantienen por el momento.
La existencia de una lista en Francia con personas críticas con Monsanto -entre ellas la exministra francesa de Medio Ambiente Ségolène Royal y dos centenares de nombres más- salió a la luz a principios de este mes, tras lo cual la Fiscalía de París abrió una investigación contra el fabricante del glifosato por recolección ilegal de datos personales.

The Guardian ha tenido acceso a documentos que demuestran que Monsanto adoptó una estrategia en diversos frentes para perjudicar a Carey Gillam, reportera de Reuters que investigó la relación entre un pesticida a base de glifosato producido por la empresa y el cáncer. Monsanto, propiedad del gigante farmacéutico alemán Bayer, también utilizó su "centro de inteligencia y respuesta" para vigilar a una organización sin ánimo de lucro que indaga sobre cuestiones alimentarias. Se trata de un departamento de la empresa denominado con el mismo término que usan el FBI y otros organismos de inteligencia para nombrar sus operaciones de vigilancia y antiterrorismo. 
La Agencia Europea de Químicos no considera cancerígeno el glifosato
 
Los documentos, conocidos como "Los papeles de Monsanto" y que datan en su mayor parte de entre 2015 y 2017, salieron a la luz como parte de la batalla abierta en los tribunales contra los riesgos para la salud provocados por el herbicida RoundUp –nombre comercial del glifosato producido por Monsanto–. En esos documentos demuestran que:
- Monsanto planeó una serie de "acciones" para atacar el libro de Gillam, incluso antes de que fuera publicado. Llegaron a escribir argumentarios para terceros con los que criticar el libro y dirigir a "agricultores y profesionales" a la hora de publicar críticas negativas sobre el libro en sus redes sociales.
- La compañía pagó a Google para promover que en sus buscadores aparecieran resultados críticos con el libro cuando se tecleara "Monsanto glifosato Carey Gillam". El equipo de relaciones públicas de Monsanto también mantuvo conversaciones internas para ejercer una presión significativa sobre Reuters. Llegó a decir que "continúan presionando a los editores [de Gillam] en cada oportunidad que se presenta" y que esperaban "que la asignaran a otra cobertura".
- Los responsables del "centro de respuesta" de Monsanto escribieron un largo informe sobre el activismo del cantante Neil Young contra Monsanto, en el que se detallaba su impacto en redes sociales y se consideraba la adopción de "medidas legales". El "centro de respuesta" también siguió de cerca y redactó informes semanales sobre la actividad en redes de la organización no gubernamental US Right to Know (Derecho a saber, Estados Unidos, o USRTK por sus sigla en inglés).
- Empleados de Monsanto mostraron en repetidas ocasiones su preocupación ante la publicación de noticias sobre las relaciones económicas de la empresa con científicos que podrían ratificar las acusaciones de que "se encubrían las investigaciones poco favorables".
Las comunicaciones internas de la empresa echan leña al fuego de las acusaciones, de largo recorrido y actualmente ante la justicia, de que Monsanto ha presionado a científicos y activistas que han tratado de desvelar el peligro que supone el glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo. En el último año, dos jurados populares en Estados Unidos han fallado que Monsanto tenía responsabilidad jurídica ante demandas presentadas por quienes padecen de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer en la sangre, y ordenó a la empresa que pagara grandes cantidades de dinero a los pacientes. Bayer continua afirmando que el glifosato es seguro.
El herbicida RoundUp es uno de los más vendidos del mundo / Mike Mozart
 
Gillam ha explicado que "siempre he sabido que a Monsanto no le gustaba mi trabajo e hizo lo posible para presionar a mis editores y silenciarme". La periodista, que colabora con The Guardian -y cuyas informaciones sobre Monsanto también ha publicado eldiario.es-, se ha convertido en responsable de investigación de USRTK y agrega: "Nunca imaginé que una empresa valorada en miles de millones de dólares gastaría tanto tiempo, energía y trabajo en mí. Es asombroso". 
Gillam, autora de "Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science", un libro publicado en 2017 –que no ha sido traducido al español y podría traducirse como "Historia de un herbicida, el cáncer y la ciencia corrupta–, dice que lo desvelado en los papeles de Monsanto es "solo un ejemplo más de la forma en la que la empresa trabaja entre bastidores para tratar de manipular lo que sabe el público sobre sus productos y su comportamiento". 
Monsanto tenía una hoja de cálculo llamada "Libro de Carey Gillam" con más de 20 medidas para oponerse al libro antes de que se publicara. Entre ellas había propuestas para "relacionarse con terceros favorables a la ciencia" a la hora de criticarlo y establecer alianzas con "expertos en SEO –posicionamiento en buscadores–", para expandir el alcance de los ataques. La estrategia de marketing de la empresa pasaba por pintar a Gillam y otros activistas como "activistas contrarios al glifosato y organizaciones capitalistas pro orgánicas".  
Gillam, que trabajó en la agencia de noticias Reuters durante 17 años, dijo a The Guardian que al poco tiempo de publicarse su libro recibió una cascada de valoraciones negativas en Amazon. Muchas parecían responder a un argumento común.  
"Es mi primer libro, acaba de publicarse. Las reseñas de los profesionales son muy buenas", dice Gillam. Pero en Amazon "decían cosas horribles sobre mí. Fue muy molesto. Ahora sé que era falso y lo organizó la industria. Pero no sé si los demás lo sabían".  
Un portavoz de Bayer, Christopher Loder, no quiso responder a preguntas concretas sobres los documentos o el "centro de respuesta", pero envió un comunicado a The Guardian en el que afirma que los documentos muestran que "las actividades de Monsanto tenían como fin garantizar un diálogo preciso, justo y de base científica sobre la empresa y sus productos, en respuesta a una gran cantidad de desinformación; entre la que se encuentran los pasos dados para responder a la publicación de un libro escrito por una persona que critica habitualmente los pesticidas y los organismos genéticamente modificados".   
Bayer afirma también que los documentos han sido "seleccionados de manera interesada por los abogados de quienes nos demandan y quienes trabajan para ellos" y no contradicen las pruebas científicas que apoyan la continuidad del uso del glifosato. Añadió que "nos tomamos la seguridad de nuestros productos y nuestra reputación muy en serio y trabajamos para garantizar que todos… tengan acceso a información precisa y equilibrada". 
Un portavoz de Reuters señala, por su parte, que la agencia "ha cubierto a Monsanto con independencia, de manera justa y robusta" y que "defiende su reportaje".
"Nos consideraron una amenaza"
Los documentos de uso interno de Monsanto no ofrecen detalles relevantes sobre las actividades o competencias del "centro de respuesta" pero muestran que sus operaciones de "inteligencia" incluían actividades como una vigilancia constante a Gillam y otras personas. Un empleado identificado con el cargo de "Relaciones Institucionales de Monsanto, Centro de Respuesta", ofreció análisis detallados sobre tuits relacionados con el trabajo de Gilliam en 2016.
La periodista Carey Gillam y Lee Johnson, el paciente de cáncer que ganó su juicio contra Monsanto.
 
El centro de respuesta también elaboró gráficos detalladossobre la actividad en Twitter de Neil Young, que publicó un álbum en 2015 llamado "The Monsanto Years" (Los años Monsanto). Un empleado escribió que el centro evaluó "las letras del álbum para desarrollar una lista de más de 20 temas sobre los que, en potencia, trataba" y creó un plan para "producir contenidos de manera activa y estar preparados para emitir respuestas". No solo eso. Añadió que "seguían de cerca el debate" sobre un concierto en el que aparecieron Young, Willie Nelson, John Mellencamp y Dave Matthews.
En uno de los correos electrónicos, se lee: "Nos hemos comunicado con el equipo legal y los mantenemos informados de las actividades de Neil en caso de que correspondan medidas legales".
El perfil en LinkedIn de alguien que decía ser encargado de "inteligencia global e investigación" de Monsanto describe que estableció "un centro de inteligencia y respuestas internas" y gestionó un "equipo responsable de recogida y análisis de actividades terroristas, geopolíticas, extremistas y activistas que afectan a la empresa y sus operaciones a lo largo de 160 países". Decía que había creado también el programa de "amenazas a la empresa" para dirigir el equipo de analistas que colaboraban en "tiempo real en lo relacionado con los riesgos físicos, cibernéticos y a la reputación". 
"Nos veían como una amenaza", dijo en una entrevista Gary Ruskin, cofundador de USRTK. "Desarrollaban actividades de inteligencia sobre nosotros, y más que eso, hicieron cosas que no sabemos". 
Los centros de respuesta gubernamentales han provocado que aumente la preocupación en torno a la privacidad y sobre el modo en que diversas agencias de los gobiernos vigilan, recogen y comparten información sobre los ciudadanos. Existen empresas privadas que cuentan con centros de recolección de "inteligencia" en los que se trabaja ante amenazas criminales reales como los ataques cibernéticos, pero "es preocupante cuando uno ve que las empresas utilizan sus recursos para investigar a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión", afirma Dave Maass, investigador principal de la Electronic Frontier Foundation, una organización que trabaja en el ámbito de la privacidad digital.  
David Levine, titular de la Cátedra Hastings y profesor de derecho en la Universidad de California, explica que no sabe de otras empresas que mantengan "centros de respuesta" de esas características. También que no le sorprende que Monsanto se haya implicado con tanta intensidad en seguimientos de el comportamiento digital de quienes se oponen a sus actividades. 
Los documentos muestran también que Monsanto estaba preocupada por las peticiones de información sobre sus actividades amparadas por la Ley de acceso a la información pública (FOIA) y que los documentos sobre sus relaciones con investigadores son "potencialmente muy perjudiciales" y podrían "afectar al conjunto de la industria". 
Foto: Donna Cleveland
 
En 2016, un empleado de Monsanto expresó la frustración que le provocaban las críticas a los pagos de la empresa dirigidos a miembros de la academia para que elaboraran informes favorables a sus productos: "El problema no era que quisiéramos pagar a los expertos sino el reconocimiento de que se necesitaba compensar a los expertos por el tiempo que invertían en elaborar respuestas a lo que se decía en público. ¡Nadie trabaja gratis!"  
Michael Baum, uno de los abogados que ha participado en las demandas contra el Roundup –glifosato– que sacaron a la luz los documentos, dijo que la información supone "una prueba más de un desprecio reprobable y consciente de los derechos y seguridad de la población" y que estarían a favor de indemnizaciones de intencionalidad punitiva contra la empresa y a favor de quienes hayan desarrollado cáncer debido al uso del Glifosato. 
"Todo esto muestra abuso del poder adquirido gracias a sus ingentes ventas", agregó. "Tienen mucho dinero y mucho que intentar ocultar".

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