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No ve ´Ministerio de la verdad´, como dicen PP, C´s y Vox

Bruselas acepta en principio el procedimiento de actuación del Gobierno «contra la desinformación»

Redacción /Actualizada el 13 Octubre 2020 a las 9,30 horas
Está muy claro, en general, que cualquier enfoque en el área de desinformación debe respetar la certidumbre legal y la libertad de prensa y de expresión. Pero digo esto como comentario general. No tenemos motivos para creer que esto ocurra en el caso español.Lo dijo este lunes en Bruselas el portavoz de la Comisión Europea,Johannes Bahrke,tras las denuncias de PP, Vox yCiudadanos sobre el plan de actuación del Gobierno "contra la desinformación" como la creación de un ´ministerio de la verdad´

Aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre, este procedimiento fue publicado con rango de simple orden ministerial el jueves pasado por el Boletín Oficial del Estado sin que el Gobierno lo sometiera al Parlamento, diciendo posteriormente que es una respuesta a la petición de la Unión Europea de desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación.Además, incide, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, en el derecho a la información veraz y plural como uno de los pilares que sustentan las sociedades democráticas. Un derecho que deben garantizar las instituciones, las Administraciones públicas y la propia sociedad, porque es el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión libre.

Ante la avalancha de críticas de la prensa que comparten con la oposición que Moncloa busca el control de los medios o la censura, no solo la manipulación llegada de otros países como dice el Gobierno, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció que en este caso ha fallado la comunicación gubernamental. Hasta EL PAIS lo calificó en un editorial de Orden desatinada, para  mantener que la lucha contra la desinformación masiva necesita un marco de política de Estado, después de que nada más aparecer la orden en el BOE reaccionaran en contra la Asociación de Medios de Información (AMI), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Gran parre de las críticas cuestionan no la necesidad de luchar contra la desinformación, sino que lo hagan habituales desinformadores, pues la Moncloa dirigida por Pedro Sánchez no se ha diferenciado en sus prácticas desde el principio a la de Mariano Rajoy, ni en la presentación de estadísticas oficiales, ni en la reiterada carencia de contextualización de sus actuaciones de Gobierno, como volvían a evidenciar por ejemplo Educación y Economía al presentar sus Presupuestos 2021 en tono triunfalista y sin marcos de referencia, ni siquiera en la ocultación de otras valoraciones de la actualidad nacional e internacional (Zapatero suspendió nada más llegar la pasada crisis la difusión diaria de los resúmenes de prensa nacional e internacional que elabora Moncloa y tanto Rajoy como Sánchez han mantenido esa práctica de ocultar información extraída con recursos públicos). Unos y otros gobiernos españoles han recurrido así a las 10 estrategias de manipulación mediática para controlar la mente, descritas según Wikipedia por Sylvain Timsit y adjudicadas a Noam Chomsky y con las que los gobiernos modernos manipulan y hacen lo que quieren mediante control, como resume este vídeo viral el último año:

 

Esa avalancha de noticias y comentarios en redes sociales sigue tras las primeras respuestas de la Comisión, presentadas por grandes medios como el citado y LA VANGUARDIA como que Bruselas avala el procedimiento español. Algunas esas nuevas criticas desde la información o la opinión resaltan que El plan contra la desinformación de Sánchez recoge lo contrario de lo que indica Europa (Elindependiente.com), Borja Adsuara: «El Gobierno pretende censurar noticias y opiniones críticas con la excusa de los rusos»(OKdiario.co  citando a uno de los más reconocidos expertos en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital de España),La Comisión contra la desinformación: entre Orwell y Kafka (Pedro Peña en Expansion). En redes sociales se extienden ironías como la del profesor titular de economía Mario Arias Oliva de que quizás @sanchezcastejon y  @PabloIglesias actuarán ahora contra la desinformación (con dinero público) del @inhcat (https://t.co/i7c5dGt5es), referida a las noticiuas sobre articulos históricos sobre que Colón se llamaba en realidad Cristòfor Colom y no era genovés, sino catalán, además de sus carabelas tampoco salieron a descubrir América desde Palos de la Frontera, sino desde Pals, pequeña villa catalana del Bajo Ampurdán.Se trata de una teoría defendida desde la asociación fundada en 2008 Cercle Català d'Historia y que el citado Institut Nova Historia  difunde con dinero público remitiendo a textos publicados desde 2003, teoría que gracias a ello ha llegado a foros académico con respaldo de universidades como la de Salamanca (caso del 56º Congreso Internacional de Americanistas), y defendidas en textos más recientes como  Cuando los documentos y las pruebas no cambian ni ante el escarnio ni las amenazas

La Comisión Europea, frente a las denuncias de los tres grupos de oposición, se mostró  informada sobre este mecanismo para detectar y prevenir las campañas de desinformación,  por entender que “afrontar la desinformación a nivel nacional y europeo es un tema importante, más en las actuales circunstancias de la pandemia del coronavirus, que ha llevado a un aumento dramático de la información falsa o engañosa, incluyendo intentos de actores exteriores para influir en los ciudadanos y en el debate de la UE. Asumimos esto muy seriamente”. 

La iniciativa española dice basarse en un plan de la UE de 2018 para establecer un mecanismo de alerta rápida sobre las campañas de desinformación. El objetivo es facilitar el intercambio de datos y análisis, y coordinar las respuestas. Tiene que servir para cooperar con el grupo de trabajo que tiene en marcha la Comisión Europea, bajo las órdenes el Alto Representante, Josep Borrell, para afrontar la desinformación. Un organismo que ha detectado y denunciado en repetidas ocasiones campañas de desinformación, basadas en el covid-19 u otros elementos, procedentes de China y Rusia.

No obstante, ahora se ha sabido que al margen de este nuevo procedimiento como le llama el Gobierno, también el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del servicio secreto CNI, dispone al menos desde noviembre de 2019 de una herramienta de cibervigilancia denominada Elisa.La tarea del Observatorio Digital del centro de inteligencia consiste en monitorizar el ciberespacio para detectar, de manera temprana, la presencia de “campañas sistemáticas y maliciosas de distribución de desinformación que busquen generar polarización o desestabilizar la sociedad, exacerbando sus conflictos o aprovechando sus vulnerabilidades en beneficio de Estados extranjeros”, según fuentes del centro.El servicio secreto se limita a cibervigilar la red a partir de fuentes abiertas, por lo que su tarea no está sometida a control judicial. Su trabajo tampoco tiene más consecuencia práctica que los informes que eleva al Gobierno, pues no tiene competencias para promover el cierre ni para censurar ninguna web

Con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea, las acciones y procesos recogidos en el procedimiento ayudarán según el Gobierno de Coalicion del PSOE y Unidas Podemos a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido. El objetivo es evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país.

Con la intención de atajar la desinformación, se dice pretender asimismo incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, así como fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático.

Lo que dice buscar el Gobierno de España con este procedimiento es "definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos" y, en ningún caso, vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones, dentro del respeto a la libertad de expresión y de información, consagradas por la Constitución, precisó el Gobierno también desde La Moncloa También se propone el marco y la composición de un equipo de trabajo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.

Autoridades responsables de un plan creado en 2018  sin información pública 
El Plan de Acción contra la Desinformación fue creado en 2018 según se dice ahora a petición de la Comisión Europea para afrontar, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana o a la estabilidad de las instituciones. Tomando como punto de partida ese Plan, el procedimiento considera que es "necesaria una actuación más coordinada y acorde a nuestros valores democráticos que haga frente a los riesgos para las sociedades abiertas".
"Nuestras instituciones democráticas y nuestros valores comunes −la libertad de expresión y la libertad y pluralidad de los medios de comunicación, entre otros− son el fundamento de la resiliencia de nuestras sociedades frente a los desafíos", según remarca el texto.
En la lucha contra la desinformación estarán implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil. El procedimiento establece cuatro niveles de activación "que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas".

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