Los argumentos de Bruselas parten de un análisis técnico que deriva de numerosos estudios, donde el punto de inflexión siempre es el mismo: rebajar las cotizaciones sociales, aunque siempre de forma compensada con el aumento de los impuestos considerados como neutrales desde el prima del crecimiento y la competitividad, ya que las empresas exportadoras no pagan IVA.
Las alternativas que presenta son dos. Por un lado reducir el gasto público para poder bajar las cuotas o, sino, aumentar los impuestos que menos penalizan el empleo, es decir, el IVA, los que gravan la propiedad y los tributos medioambientales. Estos son, precisamente, los que no aborda la reforma fiscal llevada a cabo por el ministro Montoro.
Para la Unión Europea se trata de una “prioridad política” y que debe centrarse en los trabajadores con salarios más reducidos, que suelen ser los menos cualificados, para poder impulsar su productividad. Esto se debe a que tenderían a trabajar más horas para el obtener el mismo salario.