La creciente oposición social a estás medidas surge cuando el Gobierno prepara una reforma fiscal que dice permitirá bajar los impuestos a partir de 2015 y cuando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social va a modificar la normativa que regula el acceso de los autónomos a la prestación por desempleo para que también paguen mas por ello, si bien la justifica con el objeto de "suavizar los requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la práctica el legítimo disfrute de este derecho".
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho que el Gobierno no puede tratar de aumentar los ingresos de la Seguridad Social con medidas "de picoteo", sino que lo que debe hacer, añadió, es "resolver el problema coyuntural de liquidez" de la Seguridad Social. Según ABC, "Empleo suaviza el acceso de los autónomos al cobro del paro", mientras que para LA VANGUARDIA "el Gobierno obliga a los nuevos autónomos a cotizar por desempleo".
Asimismo, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, pidió este viernes a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, una reunión "urgente" para abordar el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social de las retribuciones en especie, según informó ayer el presidente de CEIM y vicepresidente de la patronal, Arturo Fernández. "Esperemos que nuestra ministra reciba a Rosell y que lleguemos a un consenso para que no se llegue a materializar, porque supondría un costo para todas las empresas que seguramente no lo podríamos soportar", dijo Fernández.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría insistió ayer en que el decreto que obliga a que determinados conceptos retributivos, como las aportaciones a planes de pensiones y los vales de comida, coticen en la Seguridad Social, es "una forma de proteger al pensionista". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó que "los ingresos de hoy en esas cotizaciones son las garantías de sostenimiento de los pensionistas que están cobrando ahora".
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, volvió a defender la decisión del Gobierno. En declaraciones a Onda Cero, señaló: "lo que hacemos es integrar en la base de cotización, sobre la que luego calculan pensiones y prestaciones, unos conceptos que estaban convirtiéndose en auténticas vías de agua por las que muchas empresas y sectores eludían una parte significativa de la cotización".
La oposición cree que el real decreto destruirá empleo, y sus grupos parlamentarios criticaron el real decreto. En una intervención previa a la Comisión de Empleo en el Congreso, la diputada socialista Isabel López criticó la falta de diálogo y acuerdo en la aprobación de la medida, rechazando la misma porque supondría, según dijo, "una rebaja de los salarios de los trabajadores".
El portavoz del grupo parlamentario catalán, Carles Campuzano, anunció que este real decreto no contará con el apoyo de su grupo, al considerar que tanto las medidas que afectan a los autónomos como a las empresas, "incrementan el coste de la contratación y desincentivan la creación de empleo".
Por otro lado, para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), encarecer más las cotizaciones sociales "resta competitividad a las empresas y constituye una barrera para generar nuevos empleos". En la misma línea, la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), mostró su "total desacuerdo·".
Editoriales de la prensa
Los editoriales de la prensa resaltan el que las su idas de impuestos y cotizaciones se hagan sin previo debate, la creciente subida de impuestos y la dificultad de crear empleo por estas vías.
Así, el PAÍS dice: Las mayorías absolutas "incentivan la tendencia al arbitrismo" y la frecuente apelación al decreto ley como sustitutivo de la ley, frecuentemente sin concurrir el requisito de la ´extraordinaria y urgente necesidad´. Eso ocurrió con el real decreto ley sobre fomento de trabajo a tiempo parcial del pasado 20 de diciembre, "que se aprovechó para colar de rondón la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por las retribuciones en especie; entre otras, las aportaciones a los planes de pensiones privados o los vales de comida". "Lo peor de esta norma estriba en su provocador itinerario procesal". Se dictó "en plena pausa navideña, sin apenas publicidad y sin debate previo o al menos información a los agentes económicos y sociales". "¿Es así como se pretende perfilar la reforma laboral, aquejada desde el principio de súbitos vaivenes y déficits de calidad técnica?". Este aumento de facto de las cotizaciones sociales "contradice lo prometido por el Gobierno en 2012: que se bajarían, como contrapartida a la subida del IVA". Y "opera como obstáculo objetivo para la creación de empleo". Un asunto que debería haberse abordado con "calma, previsión y debate con los interlocutores sociales", al compás de la reforma fiscal integral pendiente. "Gobernar a golpe de decreto ni es muy eficaz, ni concita consensos, ni resulta a la larga sostenible".
Por su p arte, LA VANGUARDIA resalta que "todos los organismos económicos internacionales han recomendado que las cotizaciones sociales se reduzcan, ya que constituyen un "impuesto contra el empleo". Por ello "ha sorprendido que, de forma un tanto subrepticia, el Gobierno haya optado por el camino opuesto y las haya subido, en contra de lo que había prometido". "En un país con el 26% de desempleo supone un tremendo error". Patronal y sindicatos han coincidido en criticar la decisión, que costará a empresas y trabajadores 900 millones más cada año. El sobrecoste laboral puede tener un grave impacto en la competitividad, ahora que ha empezado a recuperarse, y provocar una nueva oleada de desempleo. A corto plazo, es cierto que la recaudación adicional que se obtenga contribuirá a reducir el déficit de la Seguridad Social, pero lo más probable es que a medio y largo plazo suceda lo contrario y el déficit se multiplique como consecuencia del aumento del paro y del déficit de cotizantes. "Sería prudente que el Gobierno hiciera caso a patronal y sindicatos y reconsiderase su decisión".
El titulo del editorial de EL ECONOMISTA es que Montoro no deja de subir impuestos. La voracidad fiscal del Ejecutivo "puede dar al traste" con el esfuerzo de las empresas españolas, que han salido adelante a pesar de las condiciones adversas: dificultad para conseguir financiación y presión fiscal un 8% más cara que sus competidoras europeas. Desde que llegó al Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, "cuyo santo y seña era bajar impuestos, según decía en agosto de 2011", no ha hecho sino elevar la presión fiscal y olvidó que él mismo justificaba la necesidad de bajar la tributación para aumentar la recaudación. También desoyó las recomendaciones de Bruselas que aconsejan subir IVA y bajar cotizaciones sociales. La última subida de cotizaciones "supone una carga de profundidad contra los costes laborales con graves consecuencias para el empleo". "Mientras la Administración es incapaz de reducir el gasto, pide más esfuerzos a los contribuyentes". Con estas subidas continuadas, el Gobierno "ralentiza la recuperación, atenta contra el empleo y fomenta la economía sumergida".
En esta línea, en su promera página y en otras seis páginas, el mismo diario dice que l presión fiscal sobre las empresas españolas supera en 8 puntos a la UE. Añade que Montoro ha subido 41 veces la carga tributaria desde que prometió bajar los impuestos.
