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Creciente participación de España en la UE pero muy decreciente presencia en las elecciones

Foto de ponentes en el acto de @EconomistasOrg y Cámara de Comercio de España

Consejo General de Economistas documentó la decreciente participación de España en las elecciones europeas (de un 63% en 1999 a un 44% en 2014), así como la creciente europeización en materias que afectan directamente a los ciudadanos y las empresas de nuestro país.Un ejemplo:España copa el 43% de los casos hipotecarios que llegan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; hay 738 lobbies españoles registrados en la UE, y un 70% de los decretos tiene contenido derivado de Directivas europeas
Redacción 9 de mayo de 2019 Enviar a un amigo
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Coincidiendo con la celebración del Día de Europa y a poco más de dos semanas de las elecciones al Parlamento Europeo, la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas han organizado conjuntamente una nueva edición de “Punto de encuentro: liderazgo, economía y sociedad”, en la que Carlos Martínez Mongay, director general adjunto de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, ha analizado las previsiones de primavera de la Comisión Europea, que fueron presentadas anteayer en Bruselas, y ha explicado la situación de la economía española en el contexto europeo. 
 
Abrió el acto el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, quien señaló que “en estos momentos nos hallamos en Europa ante una encrucijada: seguir como una unión monetaria con la gobernanza actual o dotarnos de instrumentos más eficientes y adaptados a la realidad presente y, sobre todo, futura”.

De los 10 Reales Decretos Leyes aprobados en 2019, un 70% tiene contenido derivado de Directivas europeas; 

Según Pich, “la unión monetaria ha cumplido sus fines, pero ya no parece resultar suficiente para resolver los problemas y retos de la Europa actual”. “Si realmente nos creemos Europa y queremos hacerla fuerte frente a otros bloques, como EEUU o China, hemos de dotarla de los mecanismos propios de una gobernanza federal, completando la unión bancaria, llevando a cabo una unión fiscal, incrementando las herramientas de gestión de crisis, estableciendo una política exterior, de defensa y de seguridad para todos los Estados miembros, e, incluso, planteándonos a medio plazo unos presupuestos únicos” –ha afirmado–.“Todo esto no es incompatible con el respeto de la diversidad de los países que componen la UE y el reconocimiento de sus particularidades” –ha dicho para concluir–.

De los 10 Reales Decretos Leyes aprobados en 2019, un 70% tiene contenido derivado de Directivas europeas; en 2018 se transpusieron al Derecho español 54 directivas (21 de ellas se encontraban ya fuera de plazo); España deberá transponer al menos 18 directivas europeas cuyo plazo de vencimiento está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 

 
Intervención de Carlos Martínez Mongay
 
La presentación de Martínez Mongay ha corrido a cargo de Carles Gasòliba, miembro del Comité Central de la Liga Europea de Cooperación Económica en Bruselas, quien ha agradecido su participación en este acto. “En el momento actual hay síntomas de estancamiento y preocupación sobre la evolución de la economía de la UE, en general, y de España, en particular; por ello la intervención de Carlos Martínez Mongay, uno de los funcionarios españoles de más alto nivel en la Comisión Europea y experto en el análisis de las economías que integran la eurozona no podía ser más oportuna” –ha señalado Gasòliba–. 
 
Tras hacer un resumen de las previsiones de primavera de la Comisión Europea –publicadas el 7 de mayo– en relación a la economía europea en general, Martínez Mongay ha centrado su exposición en nuestro país. Según ha explicado Martínez Mongay, para España, siguiendo la moderación del crecimiento que se registró el año pasado, la Comisión prevé una nueva desaceleración en 2019. El PIB podría crecer el 2.1 o el 2.2%, si se confirmase el dato avanzado del primer trimestre. Para 2020 –ha señalo el director general adjunto de ECFIN de la Comisión Europea– se prevé que la desaceleración continúe, aunque a un ritmo más pausado. El PIB podría crecer al 1.9%. El consumo privado sigue impulsado por el aumento en la renta de los hogares, pero se ralentiza, mientras que la inversión se desacelera, aunque en términos del PIB sigue por encima de los mínimos registrados en 2013. La aportación de la demanda externa al crecimiento se proyecta neutral. El ritmo de creación de empleo también se ralentiza. Con todo, la tasa de desempleo se podría situar en un entorno del 12 % en 2020. En este contexto, se prevé que los salarios crezcan por encima de la inflación. Finalmente, en 2018, el déficit público se situó por debajo del 3% del PIB y debería seguir reduciéndose a lo largo del periodo de predicción. Sin embargo, el déficit estructural seguirá siendo uno de los más elevados de la Unión. Como consecuencia, la deuda pública, que se situó en el 97% del PIB (99% en 2015), se reduce lentamente a pesar del elevado crecimiento de la actividad –por encima del 3% medio anual registrado en los últimos cuatro años–. 
 
También ha señalado Martínez Mongay que, en este contexto económico, el Informe sobre España 2019, publicado por la Comisión el 27 de febrero, indicaba que la elevada deuda pública y privada, aunque reduciéndose, sigue representando una fuente de vulnerabilidad de la economía española. Si bien el desempleo disminuye rápidamente sigue habiendo demasiadas personas con contratos temporales y la desigualdad de la renta es pronunciada. La productividad de la economía española crece tan solo al 0.1% anual, por debajo de la media de la eurozona. Esta brecha de productividad –según la Comisión– está determinada por una serie de factores estructurales, que van desde el bajo rendimiento en materia de innovación y carencias en materia de cualificaciones hasta la fragmentación en la regulación de los mercados de bienes y servicios. En este contexto, el informe de la Comisión concluía que las reformas económicas en España avanzan en general lentamente.

España concentra el 70% de sanciones por retrasos– (al final de esta nota se incluyen las principales conclusiones del citado documento)

 El cierre del acto ha corrido a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet,  quien ha afirmado que “la Unión Europea ha desempeñado un protagonismo clave en la consolidación del estado del bienestar en nuestro país, con todo el conjunto de prestaciones y garantías sociales que le acompañan”. Según Bonet, ”los fondos europeos recibidos, que ascienden a más de 181.000 millones de euros desde 1986, han contribuido a la modernización de nuestras infraestructuras y estructuras productivas, y las políticas de cohesión para las regiones también han ayudado a estrechar la brecha entre las regiones más pobres de España”. Antes de clausurar, el presidente de la Cámara de Comercio de España ha hecho una última reflexión:  “Las elecciones europeas de finales de este mes son cruciales para construir un Parlamento Europeo para los próximos 5 años que esté determinado, informado y comprometido con una ambiciosa agenda europea con visión de futuro; una Unión Europea que siga siendo un elemento sustancial para el desarrollo de la economía y la sociedad española, y, en definitiva, para nuestra paz, seguridad, democracia y prosperidad”. 
 
Principales CONCLUSIONES del documento elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas titulado La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas españoles:
 
  • Venimos asistiendo a una mayor europeización que afecta directamente a la realidad de ciudadanos y empresas. Es evidente que, tanto la legislación (Reglamentos Europeos de aplicación directa y las Directivas, a través de su transposición) como la jurisprudencia (sentencias del TJUE), tienen, cada vez más, procedencia europea. 
  • Ante las próximas elecciones europeas cabe incidir sobre la necesidad de evitar incongruencias y desequilibrios con el fin de propiciar una óptima armonización legislativa y jurisprudencial con Europa, ya que una parte importante de las sentencias de nuestros Jueces y Magistrados dependen de la normativa europea, y muchas disposiciones futuras de nuestra política nacional se decidirán previamente en Europa en el nuevo Parlamento europeo que salga elegido el próximo 26 de mayo. 
  • En 2018, el número de asuntos nuevos que España sometió a los dos órganos jurisdiccionales del TJUE fue de 1.683, cifra que supone un importante incremento respecto de años anteriores. De todos los Estados miembros, España copa el 43% de los casos hipotecarios que llegan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 
  • A fecha 22 de abril 2019 hay 738 lobbies españoles registrados en la UE (la mitad de ellos son de empresas). No estamos lejos de países de mayor tradición en este sentido como son Italia y Francia con 806 ambas, y algo más alejados de cifras como las de Alemania, con 1.102, y Reino Unido, con 1.119. 
  • La proporción de normas nacionales derivadas de Directivas ha seguido una tendencia creciente, especialmente en 2018 y 2019 a través de Reales Decretos Leyes para transponer de forma urgente Directivas pendientes. 
  • En 2018, de los 28 Reales Decretos Leyes aprobados en nuestro país, 12 derivan de Directivas europeas o están relacionados con las mismas, lo que supone un 43% del total de Reales Decretos Leyes aprobados. 
  • En 2019, de los 10 Reales Decretos Leyes aprobados en nuestro país, 7 tienen contenido derivado de Directivas europeas, lo que supone un 70% del total de ellos. 
  • España deberá transponer al menos 18 directivas europeas cuyo plazo de vencimiento está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 
  • España tarda de media 12 meses más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional. De ahí que nuestro país concentre el 70% de las sanciones por estos retrasos. 
  • Los últimos datos respecto de la calidad y cumplimiento del plazo de transposición de las Directivas por parte de nuestro país han permitido constatar una evolución ralentizada, como se deduce tanto del número de procedimientos de infracción incoados por la Comisión Europea como en los resultados que la Comisión Europea hace públicos dos veces al año respecto del control de la transposición de las Directivas del mercado. 
  • A lo largo de 2018 se transpusieron al Derecho español 54 directivas. 21 se encontraban ya fuera de plazo y cuatro de ellas han sido denunciadas por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE. Las cuatro directivas denunciadas por la UE se refieren a la adjudicación de contratos de concesión (para la cual la Comisión ha propuesto una multa coercitiva de casi 62.000 euros por día de retraso), la contratación por entidades que operan en los sectores de agua, energía, transportes y servicios postales (casi 124.000 euros), los contratos de crédito sobre bienes inmuebles de uso residencial (casi 106.000 euros) y las cuentas de pago básicas (casi 49.000 euros de multa por día de retraso). 
  • Según el Eurobarómetro del Parlamento Europeo, de primavera de 2019, que mide las actitudes del público hacia la UE, los españoles son, junto con los británicos, los que más piensan que el papel de la cámara comunitaria ha perdido peso dentro del funcionamiento de las instituciones europeas. El 32% de los españoles afirma que se ha debilitado su rol en los últimos años, tres puntos menos que los ciudadanos del Reino Unido, que lideran esta percepción con un 35%. 
  • A pesar de esto, el 75% de los encuestados españoles cree que España se ha beneficiado de ser parte de la UE, un 28% más que en el año 2013. 
  • Entre las principales preocupaciones expresadas por los europeos en el Eurobarómetro para estas elecciones están la lucha contra el desempleo juvenil, la economía y el crecimiento, la inmigración, la promoción de los derechos humanos y la democracia, y la lucha contra el terrorismo. Concretamente, en España la preocupación por el paro juvenil ha crecido nueve puntos, situándose actualmente en la principal preocupación para el 69% de la población, seguido de la economía con un 64% y la inmigración con el 47%. 
  • En cuanto al nivel de participación en España en las elecciones europeas, este ha tenido una tendencia decreciente. Así, de 1999 a 2014, se ha pasado de un 63% de participación en 1999, a un 44% en 2014. Estamos en cifras de participación similares a las de países de gran tradición europeísta como Francia y Alemania, y nos superan países como Italia, que llega al 57% y países nórdicos como Suecia con un 51%.

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