domingo,5 diciembre 2021
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¿Debemos amar a Google?

Google ha venido realizando compras estratégicas para hacerse con el dominio absoluto de cualquier servicio ligado a la telefonía móvil, dispositivos que ya son -pero aun lo serán más con la internet de las cosas- el mayor espacio operativo para cada uno de nosotros.

En el imaginario colectivo, Google es ejemplo de empresa amable (“friendly”): Abierta, dinámica, flexible, conciliadora, etc. También deslumbró en su día a los legisladores, que cuando apuntaban su mirada hacia ese nuevo universo, se quedaban embobados contemplando su propio dedo, sin poner freno alguno mediante las reglas de la competencia a una renovada “invasión de los bárbaros”.

Indudablemente, si tuviéramos que prescindir de Google Chrome, de Google Académico, de Google Drive o de Google Maps (acaso sea mejor Waze, detalle menor por también engrosar las filas del oligopolio) sufriríamos una notable pérdida.

También unas cuantas organizaciones de la sociedad civil organizada, huérfanas del mecenas, acusarían la pérdida de convenios pecuniarios, en un tablero de juego donde el dinero público cada vez apela con mayor fuerza el venir acompañado de recursos privados.

Así las cosas, ¿Quién no ama a Google?

Sin ánimo de aguar fiesta alguna, vayan algunas pinceladas del “lado oscuro” del universo Google:

    • Google Europa se emplaza en Dublín (Irlanda), radicación oportunista al calor de un trato tributario muy favorable: Nominalmente, un impuesto de sociedades al 12,5 %, que deviene hacia tipos efectivos expresados en cifras decimales.

Competencia del todo desleal hacia sus compañeros de la Unión, que a tenor del “tax ruling” (acuerdos previos entre la Administración y el contribuyente) se han visto obligados a disminuir paulatinamente sus impuestos corporativos (cuestión de supervivencia) y evitar mayores efectos depredadores de una Irlanda creciendo hoy por encima del 20% (PIB a precios de mercado), al socaire de nutrir más del 65% de su recaudación por imposición corporativa con las multinacionales “best in class”.

La continuada y sistemática erosión de la base imponible y traslado de beneficios de una nueva economía digital monopolizada por un puñado de Big Tech dio pie, a partir de la acción decidida de las instituciones de la Unión Europea y del Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE (compuesto por 44 países, todos ellos pertenecientes al G-20), a impulsar en la segunda década de este siglo el denominado “Plan de Acción BEPS” , freno imprescindible ante la cruda sustracción -en países como el nuestro- de una porción significativa de los impuestos asociados a la actividad comercial de Google.

Desafortunadamente, un estudio reciente de este organismo (julio del 2020) confirma que persiste el desajuste entre el lugar donde las multinacionales desarrollan su actividad comercial principal y aquel en el que declaran sus beneficios. Valgan como prueba dos indicadores contundentes: el número de trabajadores radicados en los numerosos centros de inversión y sus activos intangibles asociados, apenas representan, respectivamente, una y dos quintas partes de los beneficios declarados en esas jurisdicciones.  La Unión Europea es indudablemente el territorio más damnificado.

    • Apuntemos, empero, hacia la noticia que ha animado esta reflexión: la multa de 2.424,5 millones de euros que recientemente ha respaldado el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), sanción impuesta en 2017 desde el valiente liderazgo de Margrethe Vestager, a la sazón Comisaria de Competencia, una vez rastreadas más de 1.300 millones de búsquedas desde ese 2008 que dio paso a “la Gran Depresión”. Para concluir que la gran mayoría de los productos exhibidos por Google Shoping favorecían el posicionamiento propio o el de sus socios comerciales, en escandaloso conflicto de intereses.

Para más inri, vulnerando expresamente el “sacrosanto” principio del digitalismo: La privacidad de los datos personales aportados por los usuarios, que discurrían libremente -y no precisamente a título gratuito- en flagrante elusión de las debidas autorizaciones. Buenos nutrientes para alimentar las bases de datos de su sinérgico entramado empresarial, cuando no las de sus socios comerciales.

Sentencia (aún no definitiva) que vendrá con seguridad acompañada por la sanción impuesta en 2018 (4.343 millones a Alphabet, matriz de Google) por obligar a los fabricantes de móviles con el sistema Android a instalar de serie sus aplicaciones, como es el caso de Play Store, trampa mortal para la población más joven y vulnerable, que incurren en compras compulsivas, en buena parte asociadas a la gran lacra de los videojuegos.

“Last but not least”, el pasado mes de junio, la Comisión ha abierto una nueva investigación relacionada con presuntas prácticas monopolísticas en el mercado de la publicidad. Con seguridad, no será la última sanción, lo visualizarán mejor si no desisten en la lectura y saltan al siguiente párrafo.

Breve y apresurada historia: Google, casi desde sus inicios allá por 1998, siempre en descarnada lucha contra Microsoft y Apple, ha venido realizando compras estratégicas para hacerse con el dominio absoluto de cualquier servicio ligado a la telefonía móvil. Y es bien sabido que estos dispositivos son -y aun serán más con la internet de las cosas– el mayor espacio operativo para cada uno de nosotros, con independencia de que actuemos en nuestra condición de productores, distribuidores o consumidores de productos y servicios digitales.

Así, Android (hoy por hoy, con gran ventaja sobre Apple) fue en 2005 su primera gran adquisición. Y a partir de ahí, todo lo demás. Ruego consulten el enlace antes de seguir leyendo: Compras estratégicas de Google

Y desde ahí, la gran capacidad de Google Search, Google Travel, Google Shoping, etc., etc.

El caso que nos ocupa llama a evocar el genial pasaje de “La vida de Brian”, donde unos cristianos bajo el yugo de Roma se preguntan qué habrán hecho por ellos esos “malditos romanos”. No les queda otra que desgranar, a pesar de su miserable situación, un inventario abrumador, desde la concepción del Derecho hasta las primeras infraestructuras avanzadas de conducción fluvial.

Más ese Imperio Romano, en el devenir de los tiempos, cayó en Occidente. Hoy, el retrato de extrema desigualdad -ahondado por la pandemia- apremia a desempolvar una suerte de legislación “antitrust” que deviniera en trocear éste y algún otro oligopolio de carácter tan abusivo y acaparador.

Y en ese más que improbable caso, aconsejaría la plena adhesión a ese tan cacareado tópico del capitalismo popular, animando la adquisición de participaciones de una Google en honesta transición hacia un modelo de empresa justo y sostenible.

Noviembre de 2021

Carlos Trias Pintó

Miembro del Comité Económico y Social Europeo

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