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OTRAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
También subvenciona a ONGs religiosas y entes investigadores

El Gobierno lanza un plan anti trata de mujeres y niñas para explotación sexual hasta el 2018


El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Plan de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018. La dotación económica, sumados los cuatro años de aplicación del Plan, supera los 104 millones de euros. Aboga por llevar a la asistencia y reparación de las víctimas el dinero intervenido tras laa operaciones contra el patrimonio de los tratantes. Otras medidas anunciadas incluyen subvenciones a Cáritas, evangelistas y ayudas contra enfermedades raras.
Redacción 19 de septiembre de 2015 Enviar a un amigo
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El documento, que se presenta sin un balance del que sucede y que abarcó el periodo 2009-2012, pretende dar una respuesta en todos los ámbitos y desde muy variadas perspectivas a un fenómeno que atenta contra los derechos humanos, en especial los de las mujeres, y que es una fuente de negocio a quienes organizan, en muchas ocasiones, auténticas redes criminales.

El Plan piensa, fundamentalmente, en la defensa de los derechos humanos y, por ello, fija su atención casi exclusivamente en la protección y reparación de la víctima, lo que conduce no sólo a plantear propuestas para evitar situaciones de trata (prevención), sino también a reforzar y mejorar los mecanismos de asistencia a la mujer, sobre todo en una perspectiva psicosocial. No obvia el Plan la intensificación de la lucha contra el delito, contra las redes criminales que operan detrás de las situaciones de trata, ni la apuesta por una mayor coordinación institucional.

Ante un fenómeno degradante, sobre todo con las mujeres (Eurostat concreta que el 80 por 100 del total de las víctimas europeas de trata de seres humanos son mujeres, si bien en el caso de la trata con fines de explotación sexual el porcentaje supera el 90 por 100), el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha llevado al Consejo de Ministros un Plan que se asienta en cinco ejes esenciales (prevención, formación, identificación de las víctimas, persecución del delito y cooperación y coordinación) y se compone de 143 medidas. La dotación económica, sumados los cuatro años de aplicación del citado Plan, supera los 104 millones de euros.

Ejes del plan contra la trata

Los ejes que estructuran el Plan y algunas medidas destacadas son las siguientes:

Eje 1. Detección y Prevención. Las campañas de sensibilización, como demuestra la lucha contra la violencia de género, son efectivas para transmitir a la sociedad la intolerancia hacia situaciones de trata de seres humanos. El Plan apuesta por reforzar este campo, en particular a través de mensajes que puedan calar en la población más joven, con el fin de desincentivar la demanda en dichas franjas de edad. En octubre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad activará una nueva campaña contra la trata, que buscará concienciar a la sociedad de la realidad que esconde este fenómeno. En esta línea, se quiere intensificar la cooperación con las delegaciones diplomáticas en España de aquellos países de los que procede la mayoría de las víctimas, con el fin de articular iniciativas de concienciación y sensibilización.

Eje 2. Identificación, protección y asistencia a víctimas.Las mujeres de grupos considerados más vulnerables (con discapacidad o con hijos, entre otros) recibirán asistencia y atención más pormenorizada. En este sentido, tal y como recoge la nueva Ley de Infancia, se propone fomentar la contratación mediante bonificaciones a la Seguridad Sociales de las empresas. Además, uno de los objetivos más relevantes de este apartado del Plan consiste en la mejora del procedimiento de identificación formal, para lo que promoverá la redacción de un modelo único de acta de información.

Eje 3. Mejora del Conocimiento. Respuesta eficaz.Una de las conclusiones del Plan anterior, al igual que diferentes recomendaciones de organismos internacionales, tiene que ver con la necesaria apuesta por recopilar datos más fiables. El Gobierno se propone, por tanto, hacer más estudios y análisis, y hacerlos especializados en algunos casos. Así, el Plan aboga por analizar los perfiles de las víctimas y de las redes criminales para conocer mejor la incidencia de la trata en nuestro país y en los del entorno.

Eje 4. Persecución del delito.En el nuevo Plan las novedades inciden en la importancia de investigar y actuar contra el patrimonio de los tratantes. Una de las principales propuestas del Plan consiste en trasladar a las víctimas las cuantías económicas derivadas del comiso de los productos y bienes de los tratantes. Se trata de potenciar la financiación de los proyectos de asociaciones destinados a la recuperación, asistencia y protección de las víctimas.

Eje 5. Cooperación y Coordinación.El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende estrechar la cooperación y coordinación entre administraciones autonómicas en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, así como en la Federación Española de Municipios y Provincias y en el Foro Social contra la Trata.

El Plan ha recogido aportaciones de una amplia variedad de organismos e informes nacionales e internacionales, y en su redacción, además, han participado las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Fiscalía o el Foro Social contra la Trata, que congrega a organizaciones especializadas en la atención a las víctimas de trata y que, en consecuencia, conocen el terreno minuciosamente.

España, como país referente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, algo que acredita el camino iniciado hace más de diez años en la erradicación de la violencia de género, quiere ser también vanguardia en la lucha internacional contra la trata. España lleva un largo camino recorrido en la lucha contra la trata de seres humanos, en especial contra la trata con fines de explotación sexual. Ese bagaje se aprecia en el Plan anterior o en las actuaciones policiales, pero también en concretas medidas normativas o legislativas. De este modo, durante la presente Legislatura, además de la puesta en marcha del II Plan policial contra la trata, se ha reforzado el Código Penal y se ha mejorado la atención y asistencia a la víctima en el nuevo Estatuto de la Víctima, así como en la reciente Ley de Infancia.

Subvenciones a Cáritas, Cruz Roja y evangelistas 

El Consejo de Ministro ha aprobado la concesión de subvenciones, por importe conjunto de 67,6 millones de euros a Cáritas Española y a Cruz Roja, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En concreto, se ha autorizado una subvención de 25,5 millones de euros a Cáritas y otra de 42,1 millones a Cruz Roja, con las que se financiarán 95 proyectos (58 de Cruz Roja y 37 de Cáritas), en especial programas de urgencia dirigidos a la atención de las necesidades básicas de personas y familias en situación de pobreza.

Cáritas Española recibe la subvención para 37 programas a ejecutar en 2016, de los que se beneficiaran unas 454.000 personas. Entre los programas que se prevé financiar con la subvención destacan los siguientes:

  • Atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria.
  • Programas destinados a personas sin hogar ni alojamiento digno.
  • Promoción de la educación, sanidad y calidad de vida infantil.
  • Adecuación de centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad.
  • Fomento de la inclusión activa (acceso al mercado laboral, garantía de ingresos mínimos y acceso a servicios de calidad como educación, sanidad y vivienda) de personas en situación o en riesgo de exclusión.

Cruz Roja Española recibe una subvención para 58 programas de los que se van a beneficiar el año que viene unas 420.000 personas. Destacan los siguientes programas:

  • Atención urgente a necesidades básicas.
  • Centros de día.
  • Atención de inmigrantes.
  • Transporte en vehículos adaptados.
  • Prevención de la exclusión residencial.
  • Empleo para personas vulnerables.
  • Atención integral a personas sin hogar.
  • Teleasistencia domiciliaria.
  • Apoyo en prevención de la exclusión escolar.

En total, en la convocatoria de 2015 se ha subvencionado a 470 entidades, por un importe global de 220,98 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,3 por 100 respecto al ejercicio anterior. Este año la cuantía de las subvenciones es mayor, porque se ha incrementado la recaudación.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad distribuye el 77,72 por 100 de la cuantía asignada para fines sociales como consecuencia de las declaraciones del IRPF. En 2016, las entidades sociales acometerán, con las subvenciones recibidas con cargo al IRPF, 1.272 programas de acción social, que beneficiarán a más de seis millones de personas en nuestro país.

Igualmente, ha aprobado un Real Decreto que modifica la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

Con tal objetivo se modifica un Real Decreto del 5 de marzo de 1999 para hacer posible el cómputo de los períodos de ejercicio de actividad pastoral como ministros de culto anteriores a su integración en dicho Régimen General para acceder a prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

Con la aprobación de esta normativa se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de abril de 2012, en la que se declaraba que había existido una discriminación por motivos religiosos contra un pastor evangélico al no aplicársele las mismas normas que para los sacerdotes católicos.

En la fase de elaboración del proyecto de Real Decreto se han recabado informes de los ministerios de Empleo y Seguridad Social, Justicia y Hacienda y Administraciones Públicas, así como el dictamen del Consejo de Estado y el informe de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España en el trámite de audiencia.

La Seguridad Social estima que el coste medio por pastor de culto sería de 130.600 euros por pensionista de jubilación, 207.000 euros por pensionista de incapacidad permanente y 107.000 euros por pensionista de muerte y supervivencia.

En caso de que todos los posibles afectados tuviesen derecho a una pensión por aplicación de este Real Decreto el coste total estimado para el Sistema de la Seguridad Social sería de 16,4 millones de euros.

Acuerdos sobre investigación

El Consejo de Ministros ha autorizado elevar los límites presupuestarios para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros de cara a permitir, posteriormente, la firma de una Adenda al Convenio firmado en marzo de 2015 entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Supercomputación. Esta Adenda modificará la duración y el régimen de prórrogas, además de fijar las obligaciones de las partes para el periodo 2016-2019, ambos incluidos.

Así, el Ministerio de Economía y Competitividad aportará 5,81 millones de euros y la Generalitat, 2,82 millones de euros. Se trata de aportaciones anuales en cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios hasta 2019. Por su parte, la Universidad Politécnica de Cataluña asignará personal docente investigador y de administración y servicios además de ceder el uso permanente de 2.180 metros cuadrados.

El Centro Nacional de Supercomputación se constituyó entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Barcelona con la finalidad de crear un centro español que permitiera ofrecer infraestructuras y servicios en supercomputación a los científicos españoles y europeos, además de generar conocimiento y tecnología para transferirlos a la sociedad. Este Centro se ha convertido en una referencia, tanto como infraestructura de supercomputación, como centro de investigación y desarrollo tecnológico. En la actualidad alberga la estructura del superordenador "Mare Nostrum" que posee una de las mayores capacidades de cálculo del mundo.

También ha autorizado dos suplementos de crédito en el presupuesto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ´Esteban Terredas´ (INTA) para financiar un centro de ensayos de aviones no tripulados y para planes de investigación científica y desarrollo tecnológico.

El primero de ellos irá destinado a que el Ministerio de Defensa devuelva al Ministerio de Economía y Competitividad el anticipo recibido para la financiación del Proyecto de desarrollo de un Centro de Ensayos de Aviones no Tripulados (Proyecto CEUS), en el Centro de Experimentación El Arenosillo, ubicado en Huelva, por un importe de 7.855.900 euros.

Por otro lado, el segundo suplemento, con una cuantía de 12.310.187,55 euros irá destinado a cofinanciar diversos proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico como:

  • Recubrimientos contra la formación de hielo y la erosión en elementos aerodinámicos de aeronaves.
  • UAVEMI. Modelado numérico y experimental de la inmunidad electromagnética en vehículos aéreos no tripulados frente a HIRF y efectos de descargas atmosféricas.
  • Desarrollo del Instrumento RAMAN para la Misión EXOMARS de la Agencia Espacial Europea.
  • Espectrómetro de infrarrojos para la Misión ECHO.
  • Fabricación del modelo, vuelo y retorno científico del Atmospheric Space Interaction Monitor.
  • Diseño Opto-termo-mecánico de un instrumento de infrarrojo medio/lejano para la Misión SPICA.
  • Fabricación e integración de SO/PHI (imagen por órbita solar)
  • Instrumento TWINS para la Misión Insight de la NASA.
  • Convenio de Colaboración para el proyecto de infraestructuras y equipamiento para la creación de un Centro de Investigación Aerotransportada.
  • Adenda al Convenio de Colaboración para el desarrollo de un Centro de Ensayos de aviones no tripulados cofinanciado con el FEDER.
Recurso contra la ley catalana de comercio

El Gobierno anunció asimismo que ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley de la Generalidad de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre, por el que se derogan la letra b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales.

El Gobierno entiende que la norma catalana impide que existan establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada, vulnerando lo dispuesto, con carácter básico, en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y en la Ley de Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, prohibición que además es contraria al derecho comunitario. Asimismo, cabe señalar que el Gobierno ya ha defendido la aplicación de estos principios frente a leyes de comercio similares de otras Comunidades Autónomas.

Además, se considera que el instrumento normativo elegido, un Decreto ley, no cumple los requisitos necesarios para su utilización, dado que su uso, según el artículo 64 del Estatuto de Cataluña, debe ser excepcional y justificarse por una necesidad extraordinaria y urgente, que en este caso no se cumple.

El recurso, que cuenta con el dictamen favorable y preceptivo del Consejo de Estado se interpone al no haberse alcanzado acuerdo dentro del procedimiento negociador previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y se solicita que, al amparo del artículo 161.2 de la Constitución, se produzca la suspensión de dicho Decreto ley.

Información sanitaria y enfermedades raras

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que formalizan, para el ejercicio 2015, los criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante de créditos a Comunidades Autónomas, por un importe conjunto de 3.025.020 euros, para el desarrollo y mejora de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud, y para la financiación de estrategias frente a enfermedades raras, así como prevención de otras enfermedades.

En primer lugar, se ha aprobado un Acuerdo por el que se distribuyen créditos, por un importe de 2.025.020 euros para el desarrollo y mejora de sistemas de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

Con estos fondos se apoyarán acciones de mejora del conocimiento de la morbilidad, imprescindible para la atención de las patologías y para el cálculo de indicadores para las estrategias de salud. Es decir, las actuaciones a realizar por las Comunidades Autónomas van a mejorar la metodología de las estrategias del Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud.

Los criterios a tener en cuenta en el reparto, aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, serán:

  • 50 por 100 de manera lineal aplicando un importe mínimo a cada Comunidad Autónomas y al INGESA.
  • 50 por 100 distribuido por criterios poblacionales.

Estrategias frente a enfermedades raras

Además, el Consejo de Ministros ha acordado el criterio para distribuir entre las Comunidades Autónomas un millón de euros destinados a mejorar la atención a los pacientes con enfermedades raras y a la prevención de otras enfermedades; en concreto, para financiar estrategias de salud.

El criterio a tener en cuenta en el reparto va a ser poblacional, según las cifras del padrón a 1 de enero de 2014. Las Comunidades Autónomas deberán solicitar estos fondos y presentar sus proyectos en la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.


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