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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS

El ministro de Universidades quiere más criterios mínimos homogéneos en la EBAU


Hay una voz en el Gobierno que discrepa en cierta forma sobre la prueba de selectividad o Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Y nada menos que la de Manuel Castells, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. El ministro quiere que haya «criterios mínimos de equidad» en toda España que tengan que respetar todas las comunidades autónomas en la prueba de selectividad. Javier Laquidain, periodista y consultor de comunicación, analiza la situación del debate.
Javier Laquidain, periodista y consultor de comunicación 24 de febrero de 2020 Enviar a un amigo
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Manuel Castells Oliván
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«No puede ser que cambie tanto de una comunidad a otra y que los estudiantes tengan que cambiar de comunidades para cumplir las reglas», ha manifestado. Manuel Castells quiere «criterios mínimos» en toda España en la Selectividad: «No puede ser que cambie tanto por CCAA». (Olga R. Sanmartín. EL MUNDO, 21 de febrero de 2020).El ministro ha hecho esta declaración durante su comparecencia en la Comisión de Universidades del Congreso, la primera ocasión en que ha explicado sus propósitos desde que fue nombrado al frente del departamento.

La posición de Castells difiere algo de la de Celaá, que está dispuesta solo a introducir algunos cambios en cuanto a criterios comunes de corrección y a mantener unos mínimos de contenidos homogéneos que llegarían al 55 y el 65 por ciento del total, según se trate de comunidades con lengua propia o no, como ratifica el proyecto de ley de la Lomloe, elaborado por Celaá para reformar la actual ley de educación.

Las posiciones de ambos miembros del Gobierno no parecen tan distantes, puesto que, en todo caso, de lo que se trata es de introducir lo que el ministro llama criterios mínimos de equidad frente a los porcentajes de contenidos comunes que maneja la ministra. El tema de fondo es concretar si esos mínimos de equidad tienen que ser mayores que los porcentajes antes mencionados y se agranda el campo de actuación de la Administración educativa central en este terreno. 

Tener diecisiete sistemas educativos en España no es una buena idea, porque se rompe la homogeneidad en los contenidos que aprenden los alumnos y el conjunto de sus conocimientos. El nivel máximo de equidad sería que todos los alumnos estudiasen los mismos contenidos, salvo en el caso de las comunidades con lengua propia, en las que habría que hacer una parte específica de la prueba, ya que en sus universidades se imparten clases en sus respectivos idiomas. Pero no tiene sentido que haya diferencias de contenido en historia, geografía o ciencias. Lo importante es que los estudiantes alcancen una visión global de la diversidad de la nación española y no se centren los temarios en cuestiones de orden regionalista o nacionalista, porque eso contribuye a desestructurar la nación como conjunto.

Castells quiere estar en la comisión de expertos

Se ha confirmado que la comisión anunciada en verano por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se constituyó, integrada por los dos ministerios, las comunidades autónomas y los campus universitarios, pero su trabajo está estancado y no se ha llegado a ninguna conclusión para introducir cambios en la EBAU, razón por la cual la prueba del próximo mes de junio será como hasta ahora. 

Según Castells, el asunto no se está llevando bien y la ministra Celaá no lo tiene tan claro. Por eso, se ha comprometido a autonombrarse miembro de ese grupo de trabajo para «participar y ver si es tan complicado hacer cambios y se pueden hacer cosas técnicamente correctas que garanticen la igualdad de derechos en todas las comunidades autónomas sin invadir competencias».

Una modificación de este calado corresponde a las comunidades autónomas, añadió el ministro, que se ha manifestado abierto a hacer retoques, aunque eso no signifique que la selectividad vaya a ser única en toda España, como piden algunos grupos del Congreso. 

La discrepancia es, por tanto, muy relativa y se puede resolver modificando los porcentajes de contenidos reservados al Estado y a las comunidades. El diferente grado de dificultad de cada prueba, otro de los asuntos de los que se quejan los alumnos, es algo más complejo de resolver a no ser que las pruebas se elaboren de forma conjunta en una comisión de la que formen parte todas las administraciones implicadas para unificar los criterios de corrección. Lo que carecería de racionalidad es que en cada territorio las faltas de ortografía se sigan valorando de forma distinta, como ahora sucede.


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