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POLÍTICAS
Para evitar más "vulnerabilidad, riesgo y desigualdad"

El Tercer Sector ofrece 10 propuestas electorales ante la inestabilidad política y económica

presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato,

En el ´Cara a cara entre ONG y partidos´ organizado por la Plataforma del Tercer Sector, ofreció un decálogo de propuestas frente al hecho de que "la inestabilidad política y económica provocan mayores dosis de vulnerabilidad, riesgo y desigualdad", entre ellos una reforma constitucional de derechos sociales y pactos por la infancia y contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad.También pide aumentar el presupuesto de ayuda oficial al desarrollo hasta el 0,5% de la Renta Nacional Bruta
Redacción 9 de abril de 2019 Enviar a un amigo
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En el citado acto, Maria Luisa Carcedo, ministra y candidata del PSOE,  propuso desarrollar la ley del Tercer Sector (TS) y el voluntariado, así como la estabilización de la financiación del TS, mientras Cuca Gamarra del PP propuso una mesa de diálogo del TS con lo responsables políticos e implicaren ella  al tejido empresarial. Pilar Garrido, de Unidos Podemos, abogó por una reforma fiscal donde aquellos que tienen más se hagan corresponsables con subvencionar las políticas públicas y del TS, en tanto Sara Gimenez de Ciudadanos propone el desarrollo y ampliación del reglamento del TS y mayores incentivos para que las grandes empresas colaboren.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, afirmó que “la responsabilidad pública para paliar esta situación corresponde al Estado, si bien el Tercer Sector debe asumir el liderazgo transformador que siempre ha dejado impreso en los procesos de cambio social”. Lo dijo en el debate celebrado este lunes en CaixaForum Madrid y al que han acudido más de 300 personas en representación de 200 entidades del tercer sector, cuyos perfiles de miles de entidades englobadas son muy diversos y distan de ser suficientemente conocidos y rigurosamente investigados, como apuntó este fin de semana Ibercampus.es a propósito de que las grandes fundaciones se presentan como ejemplos de "casos de exito" a seguir en transformación digital.

El presidente de la PTS ha traslado que “las tasas de pobreza y desigualdad que tenemos en nuestro país exigen un compromiso inexcusable con las políticas sociales y con el fortalecimiento e impulso del Tercer Sector, el marco del diálogo civil y la consolidación de fórmulas de cooperación entre la iniciativa pública y social”.

Por su parte, el vicepresidente de la PTS, Luis Cayo Pérez Bueno, ha apuntado: “Lo social es un elemento cada vez más valorado por la ciudadanía y es presupuesto ineludible de una vida democrática en comunidad decente, robusta y llamada a perdurar. Si los partidos políticos ignoran o menosprecian lo social, penalizará a los partidos y formaciones que no sepan ver esta realidad. De ahí la importancia de que en estas elecciones lo social sea cuestión predominante del debate”.

“El Tercer Sector de Acción Social, encarnado en la Plataforma del Tercer Sector (PTS), ha lanzado su decálogo que resume y compendia las grandes demandas sociales que los partidos deberían hacer suyas y poner en práctica tras el 28 de abril. Esperemos que estén a la altura del desafío”, ha concluido Pérez Bueno.

Asunción Montero, vicepresidenta de la PTS, ha destacado que “necesitamos establecer objetivos y mirar al horizonte conforme a planteamientos que no sean improvisados y, sobre todo, que no nos lleven marcha atrás. Los valores no pueden entrar en crisis, ni puede haber retroceso en el logro de los derechos sociales y humanos”.

Decálogo de propuestas electorales

Durante el acto, la Plataforma del Tercer Sector ha trasladado a los cuatro partidos políticos mayoritarios de nuestro país sus propuestas electorales en materia social, derechos e inclusión ante las elecciones generales 2019, que tendrán lugar el próximo 28 de abril.

Entre otras cuestiones, la PTS reivindica la consideración -a través de la reforma de la Constitución- de los derechos sociales, económicos y culturales como derechos fundamentales, la suscripción de un Pacto contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social; la asunción de un compromiso claro de los partidos políticos con un Pacto de Estado por la Infancia; el desarrollo de la Ley del Voluntariado y la adaptación del ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, el aumento del presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la adopción de medidas en relación al reto de la migración, el impulso de estrategias de desarrollo local y regional que eviten el despoblamiento y la promoción de marcos normativos que fortalezcan el trabajo de las organizaciones que acompañan a las personas en situación de vulnerabilidad son otras de las propuestas electorales que la Plataforma del Tercer Sector hace a los partidos políticos.

Decálogo de propuestas electorales en materia social, derechos e inclusión ante las elecciones generales 2019 



Cara a cara con los partidos

Las representantes de los cuatro partidos políticos mayoritarios de nuestro país que han participado en el ‘Cara a Cara entre ONG y partidos’ han sido María Luisa Carcedo, Secretaria Ejecutiva de Sanidad y Consumo de la Comisión del PSOE; Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP; Pilar Garrido, secretaria de Políticas Sociales de Podemos; y Sara Giménez, candidata de Ciudadanos por Madrid para el Congreso de los Diputados.

La primera en intervenir ha sido María Luisa Carcedo (PSOE), quien, entre otras cuestiones, ha hecho referencia al desarrollo reglamentario de la asignación tributaria del 0,7% de la declaración del Impuesto de Sociedades destinado a fines de interés social, y ha asegurado que “se está trabajando en él y es posible ponerlo en marcha a lo largo de este año”.

En relación a la pobreza, ha afirmado que “nuestra propuesta es continuar implementando el ingreso mínimo vital, con unos presupuestos que lo permitan, para atajar la situación de pobreza más extrema y en concreto la infantil, acompañada de un escalonamiento de las prestaciones por hijo a cargo”.

Por su parte, Cuca Gamarra (PP), ha incidido en el papel protagonista que tiene que tener el Tercer Sector y ha señalado que debe ser “el colaborador que esté presente en todas las políticas públicas que afecten al Tercer Sector en sentido amplio.”

Además, ha afirmado que si su partido gobierna, desarrollarán el reglamento de la X con fines sociales del Impuesto de Sociedades, puesto que “para eso lo aprobamos en su momento” y ha señalado la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa en el tejido empresarial. Por otro lado, se ha comprometido a trabajar por una Estrategia nacional para luchar contra la Soledad.

Con respecto a las rentas mínimas, Gamarra ha hecho referencia a las políticas de empleo como “el lugar donde hay que poner el énfasis, especialmente para la población en riesgo de exclusión social.” Además, también se ha comprometido a desarrollar la Ley del Tercer Sector.

Pilar Garrido (Unidas Podemos), ha destacado que “es responsabilidad de la Administración del Estado garantizar los derechos sociales siendo el Tercer Sector un actor fundamental en este objetivo” y ha añadido que “hay un trabajo importante por hacer. Se deben reforzar los contenidos y sus garantías, acompañado de unos recursos económicos”.

Por su parte, Sara Giménez (Ciudadanos) ha subrayado que “es absolutamente necesaria una legislación estatal de servicios sociales que unifique criterios y la garantía de los derechos en todo el territorio español”.

Además, ha asegurado que su partido va a trabajar por una ley integral de igualdad de trato y no discriminación y por un pacto educativo inclusivo que aborde la discapacidad y que incluya una asignatura específica que se llame “Constitución”.

Quiénes son la Plataforma y sus miembros

La Plataforma del Tercer Sector se constituyó en enero de 2012 para defender, a través de una única voz, los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Con este objetivo se unieron las siete organizaciones más representativas del ámbito de lo social: la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES), la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)Coordinadora ONGD y Plataforma de Infancia.

A ellas se han unido posteriormente entidades colaboradoras y Plataformas del Tercer Sector de ámbito regional: LARES FederaciónInstituto para la Calidad de las ONG (ICONG),
Fundación Lealtad y convenio de colaboración con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). La Economía Social y el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) comparten espacios confluyentes y coincidentes en los que defienden los intereses de las personas, por lo que la colaboración mutua es una oportunidad para el fortalecimiento del conjunto del Tercer Sector y de la Economía Social española, basado en campos de actuación comunes y el establecimiento de líneas de trabajo de colaboración.

A día de hoy, la Plataforma está compuesta por veinte organizaciones y representa a cerca de 30.000 entidades del Tercer Sector, de las que forman parte 645.000 trabajadores y 1,3 millones de personas voluntarias.  
 

Las herencias de Zapatero y de Rajoy según el PP

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, en su intervención y en posteriores reseñas de los medios, defendió la búsqueda de un marco de financiación estable para el TS, así como la elaboración de una ley nacional de Servicios Sociales que preste "especial atención" al medio rural y que garantice la "igualdad" de los ciudadanos a la hora de acceder a ellos con independencia de en qué región de España vivan.Éstas han sido también lgunas de sus  propuestas en Segovia, al participar en un acto con las cabezas de lista al Congreso y la Senado por la provincia, así como con el secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez.
La vicesecretaria de Política Social situó al PP como el "colaborador necesario" en el desarrollo del sistema de bienestar en España y ha defendido que se trata del partido que ha trabajado "por y para los españoles, con los españoles", para construirlo. Asimismo, puso a Castilla y León como "referente" a la hora de "ver qué se hace", dado que cuenta con "uno de los mejores sistemas" en dependencia, sanidad o educación, gracias a que las políticas aplicadas durante "muchos años" en esta comunidad han sido "las del PP".
"Queremos la igualdad de derechos de todos los españoles, que vivamos donde vivamos, tengamos las mismas oportunidades, sin pagos debajo de la mesa para permitir gobiernos", recalcó luego en declaraciones a los medios, resaltando que durante el último Gobierno 'popular' se dotó al tercer sector de dos leyes --la del Tercer Sector y la del Voluntariado-- que están pendientes de desarrollo, pues se encuentran "paralizadas desde la llegada de Sánchez".
En este sentido, defendió la corresponsabilidad de estas organizaciones en la atención, ya que "donde llega la iniciativa social, no tiene que estar el sector público", pues "a más sociedad, mayor democracia y mejores servicios". Dijo que este sector cuenta con 30.000 asociaciones en España que engloban a 600.000 trabajadores y más de 1,2 millones de voluntarios.
Por su parte, la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Segovia, Beatriz Escudero, recordó que en España hay actualmente millón y medio de dependientes, de los cuales 250.000 están en lista de espera y 100.000 de ellos corresponden al más alto grado de dependencia, por lo que considera "necesario" aplicar medidas y propuestas "que den una solución" a estas personas. Sobre ello, ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy heredó del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un sistema de dependencia "colapsado", con un "desorden de gestión", que era "totalmente desigualitario", que carecía de "transparencia", con una deuda "de mil millones de euros" y unas listas de espera "tremendas".Frente a esto, ha sostenido que "cuando el PP dejó el Gobierno" se había reconocido a "más de un millón" de nuevos dependientes, se había "reducido a la mitad" la lista de espera y se había logrado un acuerdo con las comunidades autónomas que incluían el compromiso de "aumentar la financiación".

 


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