Con motivo del 30 aniversario de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, el Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano especializado en materia de auditoría del Consejo General de Economistas y principal organización de auditores de España– ha celebrado un acto en el que han participado los seis expresidentes y el actual presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) –autoridad responsable del sistema de supervisión pública en materia de auditoría de cuentas adscrita al Ministerio de Economía y Empresa–, quienes han analizado el camino recorrido en el campo de la auditoría de cuentas en estos últimos 30 años y los objetivos concretos para seguir avanzando en la transparencia y el aumento de la calidad de la información económico-financiera.
Por orden de antigüedad en el cargo, han intervenido Ricardo Bolufer Nieto (primer presidente del ICAC: octubre de 1988 a septiembre de 1996); Antonio Gómez Ciria (septiembre de 1996 – octubre de 2000); José Luis López Combarros (octubre de 2000 – mayo de 2004); José Ramón González García (mayo de 2004 – junio 2009); José Antonio Gonzalo Angulo (junio 2009 – febrero 2012); Ana María Martínez-Pina (febrero 2012 – noviembre 2016) y Enrique Rubio Herrera(noviembre 2016-actualidad). En la mesa redonda que se ha celebrado a continuación, todos ellos han respondido a tres cuestiones: ¿Cómo estábamos en el 88 y cómo estamos ahora en materia de información económico-financiera?; el papel de los profesionales del sector en estos años, y retos en pos de la transparencia y la calidad de la información económico-financiera (se adjunta la transcripción de las opiniones emitidas por los siete presidentes sobre estas tres cuestiones) .
Con respecto a la primera cuestión, todos los presidentes han coincidido en destacar los importantes avances en materia de transparencia y el aumento de la calidad, la comparabilidad y la fiabilidad de la información económico-financiera en nuestro país. Así mismo, también han valorado de manera unánime la profesionalización del sector y el aumento de la calidad de los trabajos realizados, así como su capacidad de adaptación a los cambios legislativos y a las demandas realizadas por los usuarios de la información. En cuanto a los retos del sector, han señalado, entre otros, los siguientes: la necesidad de mantener la obligación de auditar en los niveles de tamaño actual –en cuanto que la rebaja de estos niveles supondría una importante pérdida de calidad de la información–; la colaboración público-privada para la mejora de la transparencia de la información de las administraciones públicas; avanzar en materia de buen gobierno corporativo e información no financiera, y adaptarse al desafío tecnológico.
Situación de la auditoría en España (comparativa 1990-2017)
En el marco de este acto de aniversario, el presidente del REA, Carlos Puig de Travy, ha analizado los datos recogidos en una comparativa sobre la situación de la auditoría en España entre 1990 (primer año del que existen datos oficiales del sector) y 2107, realizada por el Servicio de Estudios del REA (se adjunta cuadro comparativo).
Llama especialmente la atención el hecho de que el número de auditoría voluntarias haya aumentado un 392% entre 1990 y 2017 (de 3.490 a 17.183), dato este especialmente relevante si tenemos en cuenta que el número de empresas en España apenas se ha duplicado en esos casi 30 años (poco más de un millón y medio de empresas en 1990 y cerca de tres millones trescientas mil en 2017).
De esta comparativa, llama también la atención el descenso del número de auditores individuales en estos años (un 19% menos: 4.933 ejercientes en 1990 y 4.016 en 2017), lo que es debido a que “muchos auditores han tenido que asociarse en despachos para poder afrontar los requerimientos normativos y poder competir en el mercado”. De ahí que el número de sociedades de auditoría haya aumentado de forma notable (un 116% más: 645 en 1990 y 1.394 en 2017).
En la clausura del acto, el presidente del REA reivindicó la figura de las pequeñas y medianas firmas de auditores, que en el actual contexto se encuentran en una situación desfavorecida. Según Puig de Travy, “un tema que en la actualidad está sobre el tapete es cómo pueden simplificarse las normas de auditoría para encargos de empresas de pequeño tamaño o poco complejas, a los efectos de evitar trabajos innecesarios que no dan eficacia a la auditoría y que recargan sus costes con el correspondiente prejuicio tanto para las pymes como para los propios auditores de estas entidades”. Así mismo, el presidente del REA señaló que debería desterrarse la falsa idea de que tanto los actuales requerimientos de información financiera como de auditoría son cargas administrativas o gastos innecesarios principalmente para las pymes”.
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5 empresas llevaban trabajando más de 10 años con la misma empresa de auditoría: Banco Popular(35 años), Banco Sabadell (34 años), Técnicas Reunidas (28 años), Gas Natural Fenosa (26 años) y DIA (25 años).
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Ninguna de las 35 empresas prohíbe la contratación de otros servicios diferentes a los de auditoría legal con la misma empresa auditora. Sin embargo Telefónica es la única empresa del IBEX 35 que, a pesar de no prohibirlo expresamente, si lo hace en la práctica.
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En 2 empresas la facturación de la empresa auditora por servicios distintos a la auditoría legal superaron el 50% del total facturado. Acciona (59%) y Aena (51%). Además casi en un tercio de las empresas del IBEX 35, los ingresos por servicios distintos de la auditoría legal suponen más del 40% de la facturación total.
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Solo 4 empresas de las 35 (Enagás, Iberdrola, Merlin Properties y Telefónica), aportan información detallada de los servicios contratados, es decir, conceptos e importes.
