viernes,19 agosto 2022
Espacio euroiberoamericano de diálogo sobre la innovación social, profesional y académica
InicioSociedad, Política y SostenibilidadPolíticas y ODSEn libertad diez de los empresarios detenidos por las facturas falsas de...
Sigue la escalada de casos de corrupción distintos a Gurtel

En libertad diez de los empresarios detenidos por las facturas falsas de formación en Andalucía

Redacción
El juez de Sevilla que investiga las facturas falsas de UGT-A decretó ayer la libertad con cargos para los primeros diez empresarios y trabajadores detenidos en la segunda fase de la Operación Cirene. El sindicato negó tener una caja-b. Estas informaciones destacan hoy en los titulares de prensa tras los relativos a la imputación de la infanta Cristina, la dimisión de la exministra Magdalena Álvarez por su imputación en el caso de los ERE y el escándalo sobre las pensiones de eurodiputados.

Algunos de los acusados negaron ante el juez, Juan Jesús García Vélez, que se inflaran dichas facturas, aunque admitieron el cambio de conceptos en los recibos, tras recibir indicaciones por parte de los responsables del sindicato, y siempre creyeron actuar legalmente. El extesorero de UGT-A Federico Fresneda se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil. 

El fiscal anticorrupción no ha pedido ninguna medida personal ni de responsabilidad civil para los acusados. La operación sumó ayer dos nuevas detenciones de extrabajadores de firmas proveedoras que trabajaban para UGT en Alicante. La causa permanece bajo secreto de sumario.

EL ECONOMISTA informa que el juez ha puesto los focos sobre la organización de consumidores Facua como presunto colaborador de la trama fraudulenta. Según fuentes citadas por este diario, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está investigando, en concreto, si el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, podría haber falsificado facturas para que el sindicato obtuviera ayudas.

Por su parte, LA RAZÓN publica correos electrónicos de UGT-A en los que el sindicato daba instrucciones precisas a las empresas sobre cómo facturar los servicios para imputar el gasto a programas de ayudas de la Administración.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró ayer que en su organización "no se concibe ningún tipo de caja b" y que "los fondos de formación se utilizan para formación". Méndez mostró su "respeto por la actuación de la justicia", y pidió que no se saquen "conclusiones precipitadas" en base a informaciones periodísticas y notas emitidas por el Ministerio del Interior.

Entretanto, el Gobierno andaluz dio ayer instrucciones a su gabinete jurídico para que analice los posibles perjuicios para la Administración e inicie las acciones oportunas en defensa de los intereses públicos, una vez que los procedimientos judiciales lo permitan, con el fin de personarse en la causa.

Procesada la infanta Cristina 

Por otra parte, el juez José Castro dio ayer por concluida la instrucción del caso Nóos confirmando la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales al considerar que hay "sobrados indicios" de que interviniera en la presunta trama "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido", Iñaki Urdangarin, mediante una "colaboración silenciosa de su 50% de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon", fondos procedentes del lucro obtenido por el Instituto Nóos de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear, a los que se añaden el dinero que Urdangarin no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales".

En el auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias, Castro asegura que no debe pronunciarse sobre "si la explicación a esa actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido" ni sobre los efectos penales que pudieran derivarse de ella, por lo que será "un eventual tribunal sentenciador" el que abordará la cuestión. Asimismo, considera "difícil compatibilizar" que Aizoon fuera "una sencilla y entrañable entidad familiar" con el hecho de que cambiara varias veces de domicilio y lo compartiera con numerosas sociedades del entramado. El juez recuerda que el notario que constituyó Aizoon dijo que se creó para "tener un escudo frente a Hacienda".

Sobre el presunto blanqueo de capitales, el juez Castro considera que Doña Cristina realizó gastos privados con los ingresos que obtuvo de Aizoon de "actividades supuestamente delictivas", y recuerda que en la causa figura "una ingente cantidad" de "gastos privados" del matrimonio que se cargaron a Aizoon. Los gastos de las fincas propiedad de Aizoon fueron superiores a los ingresos por alquiler en 2007 y 2008, por lo que el juez considera "matemáticamente imposible" que permitieran sufragar dichos gastos personales.

Por otro lado, el instructor considera que los supuestos delitos contra Hacienda que se imputan a Iñaki Urdangarin "difícilmente se podrían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa", "por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira hacia el otro lado".

El juez José Castro imputa, además de la Infanta, a otras 15 personas, entre ellas Iñaki Urdangarin, su socio, Diego Torres, y su esposa, y representantes de los gobiernos de Valencia y Baleares, entre ellos el expresidente Jaume Matas. En concreto, al Duque de Palma le atribuye nueve delitos: malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y delitos fiscales. El instructor exoneró, entre otros, al secretario de la Infanta, Carlos García Revenga, quien estuvo" al tanto" de las actividades de Urdangarin pero no facilitó "apoyo estratégico" para la comisión de delitos.

La defensa de la Infanta Cristina, el fiscal Pedro Horrach y la Abogacía del Estado recurrirán la imputación de la Infanta Cristina. El abogado de Doña Cristina, Miquel Roca, dijo tener "el convencimiento pleno" de que no ha cometido ningún delito y que no hay base para imputarla. Roca insistió en que su criterio "no es subjetivo", sino que cuenta con el "aval" del Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria, que, según explicó, ostentan la "máxima autoridad".

Por su parte, el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach anunció ayer que recurrirá el auto del juez Castro en lo que se refiere a la Infanta, a la que, en su opinión, se la ha tratado de forma "injusta" y ha sido imputada "por ser quien es". También la Abogacía del Estado manifestó su intención de recurrir la imputación de Doña Cristina ante la Audiencia de Palma al no ver delito alguno en su actuación.

La Casa del Rey expresó ayer su "pleno respeto a la independencia del poder judicial". Los diarios recuerdan las palabras del Rey Felipe en su discurso de proclamación al asegurar que la Corona observará "una conducta íntegra, honesta y transparente". Asimismo, apuntan que, a diferencia de la primera vez que imputaron a la Infanta, ésta ya no forma parte de la Familia Real.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, emplazó a "esperar que se pronuncie la Audiencia de Palma" sobre los recursos sobre la decisión del juez Castro. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, insistió también en que en nuestro país el Estado de Derecho "funciona". Desde el PSOE, Soraya Rodríguez, mostró su "máximo respeto a la Justicia". El líder de IU, Cayo Lara, confió en que se pueda decir que la Justicia en España "empieza a ser igual para todos".

Todos los diarios abren sus ediciones con el auto del juez José Castro. "El juez pide procesar a la Infanta por su ´colaboración silenciosa´", titula EL PAÍS. En páginas interiores, el diario apunta que la Infanta está "a un paso del banquillo". LA VANGUARDIA señala que el juez considera a la Infanta Cristina "´cómplice´ de los delitos de su esposo". "Castro ve ´sobrados indicios´ para sentar a la Infanta en el banquillo", es el titular de EL MUNDO en portada. "La Infanta no se libra", titula EL PERIÓDICO. ABC considera que Castro "procesa a la Infanta Cristina en contra del fiscal y de Hacienda", mientras que LA RAZÓN se desmarca del resto de los diarios y destaca que la Infanta "no iría a juicio si la Audiencia de Palma tumba el delito de blanqueo".

Meyer dimite 

El eurodiputado de IU Willy Meyer, cabeza de lista de la formación en las últimas elecciones europeas, renunció ayer a su escaño y a todos sus cargos ejecutivos después de hacerse público que era beneficiario de un fondo de pensiones voluntario del Parlamento Europeo gestionado por una sicav. En su comparecencia ante los medios convocada de manera urgente, comunicó su dimisión e insistió en que él no tenía conocimiento alguno de que este fondo de pensiones, al que hizo aportaciones entre 2004 y 200, estaba gestionado por una sicav con sede en Luxemburgo.

Los diarios reflejan que la dimisión de Meyer se produce forzada por las presiones de cargos y militantes de su organización. Al respecto, Meyer aseguró que no ha recibido presiones por parte de la dirección, y añadió que lo que le ha forzado a dimitir es ver su nombre relacionado con un tema que aun siendo legal "no forma parte del discurso de IU". En su opinión, en estos tiempos en los que existe una "crisis de legitimidad" y cuando se avecinan elecciones autonómicas, municipales y generales, "es importante garantizar la coherencia con los discursos".

El martes, el diario digital Infolibre publicó que una sicav de Luxemburgo gestionó durante algunos años los fondos de pensiones de algunos eurodiputados. Un total de 39 eurodiputados españoles que han formado parte de las anteriores legislaturas participaron en el fondo de pensiones, entre ellos Cristóbal Montoro, Miguel Arias Cañete, Elena Valenciano y Rosa Díez. El ministro aseguró ayer que su participación fue incluida en la página web del Congreso. En rueda de prensa, el ministro explicó que "es un derecho que ha generado la etapa en la que fue eurodiputado, exactamente tres años y ocho meses", y añadió que "no tiene ningún tipo de misterio".

Por su parte, la socialista Elena Valenciano dijo que no sabía que el fondo de pensiones que suscribió cuando llegó al Parlamento Europeo en 1999 se gestionaba con una sicav pero que sí se "preocupó" de tributar en España por dicho fondo. Valenciano añadió que ha pedido darse de baja de dicho fondo después de las informaciones periodísticas que han revelado su existencia, debido a la oposición del PSOE a los "abusos" de este producto financiero. LA RAZÓN publica que "Valenciano no declaró al Congreso su participación en el fondo de la sicav", mientras que "el ministro Montoro sí".

El precandidato del PSOE a la Secretaría General Alberto Sotillos confió ayer en que los eurodiputados socialistas que "se aprovecharon" de una sicav radicada en Luxemburgo para su fondo de pensiones privado sigan el ejemplo de Willy Meyer y dimitan.

La líder de UPyD, Rosa Díez, recordó que su formación nunca ha cuestionado el uso de las sicav sino el abuso que de ellas se ha hecho en España y enfatizó además que ella no tiene conciencia de que haya habido "nada oscuro" en el plan de pensiones. Además, urgió al Parlamento Europeo a dar explicaciones sobre la gestión de dicho fondo de pensiones y a cancelarlo en el caso de que se haya cometido "alguna irregularidad".

Magdalena Álvarez denuncia presiones del Gobierno

Entre tanto, la exministra de Fomento Magdalena Álvarez renunció ayer a la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones(BEI) por el "alto riesgo reputacional" que le puede suponer a la institución su imputación en el caso de los ERE en Andalucía, según apuntó en un comunicado. En una entrevista en la cadena SER, Álvarez insistió en que el motivo de la renuncia no es por estar imputada sino por la campaña de "acoso y derribo" del Gobierno contra ella. EL MUNDO destaca que en los años de mandato ha ganado un millón de euros y tendrá ahora una jubilación de 10.000 euros, noticia reiterada hoy por todos los medios públicos.

"El Gobierno quiere el puesto para otro y está dispuesto a hacer cualquier cosa; están haciendo un daño irreparable y todo tiene un límite. La maniobra, la manipulación y el acoso del PP hacen mella en mí, en el Banco y en España", añadió. Álvarez defendió su inocencia en el caso de los ERE, recordó que la juez Mercedes Alaya no la acusa de hacer mal uso de los fondos públicos, sino de haber autorizado "una partida presupuestaria que facilitó que otros usaran mal ese dinero".

En una entrevista que hoy publica EL PAÍS, la vicepresidenta del BEI insiste en las presiones del Gobierno, que "estaba dispuesto a internacionalizar una cuestión interna". Álvarez apunta que el Ejecutivo ha mantenido una "actitud contradictoria" y que en un principio le instó a seguir trabajando para después "moverse dentro del banco" para que la destituyeran y presentando la petición de su cese al consejo de administración. Atribuye ese cambio de actitud a que el Gobierno "busca puestos europeos a miembros del PP o personas cercanas".

Un portavoz del Ministerio de Economía citado por EL PAÍS apuntó que la imputación justifica la salida de Álvarez porque "compromete la reputación de España" y negó que existiera un "acoso y derribo" hacia la exministra. Desde el PP, el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, dijo que la dimisión de Álvarez responde a "enredos en los ERE de Andalucía". El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, dijo: "para un día que toma una decisión sensata podía ahorrarse la críticas a los demás y mirar los problemas que ella misma tiene".

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, dijo que cree en las explicaciones dadas por Álvarez". El que fuera presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves se apuntó a las explicaciones dadas por la exministra y acusó al Gobierno de mantener una actitud "cínica e hipócrita".

EL PAÍS apunta que Álvarez "achaca su dimisión a las presiones del Gobierno", mientras queEL PERIÓDICO dice que es por las "presiones del PP". "Magdalena Álvarez cede y deja la vicepresidencia del BEI", titula LA VANGUARDIA. ABC señala que dimite del BEI "forzada por su imputación en el caso de los ERE", mientras que LA RAZÓN recuerda que deja el BEI "un año después de ser imputada". EL MUNDO apunta que "Álvarez se va con 10.000 euros al mes hasta los 65 y pensión vitalicia". 

De interés

Artículos Relacionados