La decisión del Gobierno central de desistir en la defensa judicial de la prórroga de 60 años otorgada a Ence ha coincidido con la globalización de las protestas de los jóvenes contra el calentamiento global, apoyadas por la ciencia. Fue confirmada ante el fin de semana en el Pleno municipal de Pontevedra, donde una moción del PP presentada fuera de plazo y por vía urgente para retrasar la decisión fue derrotada por la mayoría de izquierdas del nacionalista BNG, PSOE y Marea.
El informe de la Abogacía del Estado entiende que la nueva concesión de la pastera no puede durar hasta 2073, porque el límite legal para estar en terrenos protegidos desde que estos son ocupados no puede superar los 75 años. La Abogacía también expone que no hay justificación para que la fábrica ocupe dominio público marítimoterrestre.
Según las estimaciones de un informe que esgrime Ence de la consultora KPMG, la fábrica mantiene más de 5.100 puestos de trabajo, aporta unos 460 millones de euros al año (el 28% del PIB pontevedrés) y es el principal actor del mercado forestal, propiciando una vertebración del territorio de la que se benefician unas 200.000 familias.
Los retrocesos de la cotización de Ence han descontado ya en su valor capitalizado los citados185 millones en estos dos dias, y mucho mas desde que el pasado mes de agosto y principios de septiembre alcanzó su máximo. Las subidas de Inditex y Telefónica del viernes y el repunte semanal de los bancos colocaron al selectivo de nuevo sobre los 9.300 puntos, en niveles del pasado octubre, y permiten al índice recuperar el 2,3% en la semana, a la espera de novedades sobre el pacto comercial.
La Bolsa española se ha revalorizado en lo que va de año el 9,39%, tras anunciar con sus últimos resultados las del Ibex 35 (donde entró Ence este año) que desembolsarán con cargo a los resultados de 2018 un total de 25.000 millones de euros en concepto de dividendos, un 9% más que un año anterior.
Cuando el 20 de enero de 2016 el Gobierno central concedió una prórroga de 60 años a Ence para mantener el emplazamiento de la planta de celulosa de Lourizán, hasta 2073, tres entidades recurrieron la decisión a la Audiencia Nacional: el Concello de la ciudad, la Asociación Pola Defensa da Ría y Greenpeace. La Dirección General de Costas se personó en los procesos para defender la decisión del Estado.
Con independencia de estos litigios, la compañía dirigida por Ignacio de Colmenares, tras conocerse la ampliación de la concesión, se comprometió a invertir 71 millones en la planta y dice que ya ha desembolsado 40 millones y comprometido otros 10 millones, junto con tres millones para un Plan social específico para la ciudad de Pontevedra y un programa adicional de 47 millones para toda Galicia.
La empresa cifra en 185 millones el impacto "único y extraordinario" que tendría en sus cuentas el cese de la actividad de su planta de celulosa en la ría de Pontevedra. En 2017 y 2018 fue una de las empresas con mayor revalorización bursátil (en algunos momentos duplicó su valor) y el ultimo año generó un resultado bruto de explotación (ebitda) de 291 millones de euros, de los que el 84 %, 245 millones, correspondieron al negocio de celulosa y de éstos, 99 millones a la planta de Pontevedra, según datos de la compañía, que también genera energía.
"En el improbable supuesto de que se produjera el cese de actividad, tendría lugar un impacto único extraordinario en la cuenta de resultados del entorno de 185 millones", explica Ence en su comunicado al supervisor bursátil. De esta cifra, 74 millones de euros corresponden al impacto en caja por los costes de desmantelamiento (43 millones), la cancelación de contratos en vigor (16 millones) y el coste que tendría el expediente de regulación de empleo de extinción total (15 millones).No obstante, la compañía defiende que en este peor escenario, la fortaleza de su balance y su bajo endeudamiento, unido a los altos precios de la celulosa previstos para los próximos años, le permitirían "hacer frente a la situación reformulando su plan estratégico sin renunciar a sus objetivos".
