lunes,29 noviembre 2021
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Texto integro del informe del que BBVA solo daba parte

España elevaría su PIB hasta un 30% si mejorara sus instituciones y gobierno evitando corrupción

Redacción
Los niveles de empleo y renta de los españoles podrían aumentar a largo plazo un 20% de media (entre el 15% y el 30%) si mejorara la calidad institucional y de gobernanza, de forma que se redujera la corrupción y otros problemas vinculados. Entre los principales países desarrollados con los que se compara, España sólo queda en mejor posición que Italia y Grecia, al ser superada por Portugal. Lo dice un informe del BBVA anticipado sólo parcialmente el pasado mes de octubre a la prensa.

Al difundirse la elaboración de este informe, el pasado mes de ocrubre, casi toda la prensa española destacó que acabar con la corrupción elevaría un 16% el PIB per cápita español, según un estudio de BBVA,si bien Ibercampus.es precisó que la Fundación BBVA e Ivie no publican en detalle sus hallazgos, introduciendo así la noticia: 

Mejorar la calidad institucional y acabar con la corrupción podrían elevar un 16% el PIB per cápita en 15 años, equivalente a añadir cada año en torno al 1% de la economía española. Así se indico en el seminario ´Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España´, celebrado en València impulsado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) tras varios años de estudios de ambas instituciones, no publicados en sus web.

SIn embargo, ahora si se ha publicado el texto íntegro del informe titulado´Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España´, ignoramos si antes o después del escándalo sobre que él aún presidente del BBVA logró destruir pruebas acusatorias de FG Valores con el incendio del Windsor. España solo mejora desde el 2012 en efectividad gubernamental y voz y voto, pero empeora especialmente en corrupción, así como también aunque algo menos en iimperio de la ley y calidad regulatoria.

España solo mejora desde el 2012 en efectividad gubernamental y voz y voto, pero empeora especialmente en corrupción, así como también aunque algo menos en iimperio de la ley y calidad regulatoria.

Si  podíamos ver entonces que España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, que constituyen modelos de economía avanzada. Se extrae ese indicador combinado de calidad como un promedio de cinco indicadores: la voz y rendición de cuentas (democracia y libertades públicas), la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el respeto a ley y los contratos y, por último, el control de la corrupción, según puede verse en el gráfico adjunto:

El nivel de calidad institucional sitúa a España en torno al percentil 81 (es decir, entre el 20% de países con mejor calidad a nivel mundial). Esa debilidad debe ser compensada por la fortalezas en otros factores Vinculados a la  productividad, como podría ser su capital humano.Si todos los factores productivos de la economía española se situasen en ese nivel relativo de la calidad institucional (es decir, si se situasen en el percentil 81 de su distribución mundial), la productividad de la economía española sería un 17% inferior, lo que nos dejaría en los niveles de estado como Eslovenia.

El país presenta su mejor desempeño en las categorías de voz y rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y los contratos, y efectividad del gobierno. Sin embargo, las mayores debilidades aparecen en los indicadores sobre calidad regulatoria, donde se sitúa 1,2 puntos por debajo de Alemania, Francia y Reino Unido, y, sobre todo, en control de la corrupción (2,3 puntos por debajo).Este último indicador mide la confianza en los políticos, los funcionarios, el sistema judicial, el sistema de recaudación de impuestos y la existencia de pagos irregulares en contratos públicos.

Por su parte, la calidad regulatoria recoge aspectos como el exceso de regulación y sus costes para las empresas, la facilidad para iniciar negocios, la existencia de posibles impuestos discriminatorios, controles de precios y la libre competencia. En este caso, España se sitúa en el percentil 79 de la distribución mundial, lo que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 21% a la de la economíaespañola y equipararía a España con, por ejemplo, Grecia y la República Checa.

El país presenta su mejor desempeño también en cumplimiento de la ley y los contratos, y efectividad del gobierno.

Sin embargo, las mayores debilidades aparecen sobre todo, en control de la corrupción (2,3 puntos por debajo). Este último indicador mide la confianza en los políticos, los funcionarios, el sistema judicial, el sistema de recaudación de impuestos y la existencia de pagos irregulares en contratos públicos. En la comparativa mundial, España aparece en el percentil 75, que es el que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 23% a la de la economía española (en los niveles, por ejemplo, de Eslovaquia).

Conclusiones del informe BBVA sobre calidad institucional y corrupción 

Este informe compara la calidad institucional y los niveles de corrupción percibidos en el Estado español con los del resto del mundo, realiza una aproximación al coste económico que tiene el aparente déficit de calidad institucional del país y repasa algunas líneas de actuación que permitirían mejorar esa calidad.

La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, tanto más cuanto más avanzados son. Los costes económicos de la corrupción van mucho más allá del montante de los fondos públicos indebidamente apropiados ya que debilita elementos clave del funcionamiento de una economía.

La corrupción y la baja calidad institucional reducen los niveles de inversión porque disminuyen la rentabilidad de los proyectos empresariales e incrementan su incertidumbre, desvían recursos humanos y financieros hacia la búsqueda de rentas en lugar de dedicarlos a actividades productivas y desincentivan el emprendimiento y la innovación orientando los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios. La baja calidad de la gobernanza y la corrupción se traducen en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con mejor entorno institucional.

Una parte de los problemas institucionales del país puede radicar en la despreocupación que los españoles han manifestado tradicionalmente por la política. De acuerdo con la ola 2010-2014 del World Values Survey y una muestra aleatoria de 1.189 individuos, un 77,5% de la población española manifestaba en esos años que la política era poco o nada importante en su vida. Los ciudadanos deberían ser conscientes de que la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, la independencia y agilidad de la justicia o la calidad regulatoria de las instituciones públicas no son artículos de lujo intelectual sino factores que, conjuntamente, resultan claves para mejorar a largo plazo el empleo y los ingresos de toda la población.

Afortunadamente, esta actitud de despreocupación ha cambiado sustancialmente en los últimos años. La calidad de las instituciones de gobernanza españolas se sitúa en un nivel muy elevado cuando tomamos como referencia el conjunto de todos los países del mundo.

No obstante, la calidad institucional está en España por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el nivel de desarrollo alcanzado por su economía. En el contexto de las economías avanzadas, España presenta un déficit de calidad institucional que se concentra en los aspectos de calidad regulatoria, respeto a la ley y los contratos y, sobre todo, control de la corrupción.

Además, la dinámica de los últimos tiempos muestra una trayectoria ligeramente decreciente. El cálculo del efecto que tendría una mejora de la calidad institucional sobre el nivel de renta admite distintos escenarios y resultados. Ahora bien, todas las calibraciones realizadas dan lugar a un notable impacto potencial. Los niveles de empleo y renta de los españoles podrían obtener un notable impulso a largo plazo si se elevara la calidad institucional y de gobernanza del país. Planteando como modesto objetivo para el cálculo de esos beneficios, llevar la calidad institucional en España al nivel que le correspondería de acuerdo con la productividad actual de su economía, se obtiene un incremento potencial a largo plazo del PIB per cápita de alrededor del 20% (del 10,7% bajo los supuestos más conservadores y del 30,4% bajo los supuestos más optimistas).

Suponiendo que el impacto se produjera a lo largo de un período de unos 15 años, esto significaría una elevación del crecimiento medio anual de la economía durante ese período en torno a 1,2 puntos porcentuales. Con todo, la comparación de la calidad institucional y de gobernanza de los países y la cuantificación del impacto económico que tendría su mejora son tareas difíciles que están sujetas a márgenes de error no despreciables.

El reto de mejorar la calidad de las instituciones de gobernanza no es trivial puesto que incluye aspectos muy diversos que van más allá del control de la corrupción y que abarcan cuestiones como la fortaleza de los organismos de control, la calidad regulatoria, la eficiencia administrativa, la agilidad del sistema judicial, la transparencia del sector público y el buen desempeño del gobierno en la prestación de servicios públicos. En todo caso, y además de por razones éticas y políticas, la mejora de la calidad de la gobernanza debe constituir una pieza clave de la estrategia de desarrollo de la economía española a largo plazo.

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