La
declaración está abierta a la adhesión de otros
Estados miembros, a los que se ha presentado para que puedan
realizar las aportaciones que consideren oportunas. El escrito ha recibido un
apoyo total de un amplio
número de países y el respaldo parcial de otros
Estados miembros.
Este documento
conjunto aboga por una
mayor flexibilidad para que los
Estados miembros puedan aprobar las
medidas de actuación en relación con la aplicación del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca(FEMP) 2021-2027, en el
nuevo periodo de programación, para tener en cuenta todas las
circunstancias de cada flota.
Asimismo, defiende una mejora de las
tasas de cofinanciación, del
75 al 80 por ciento con carácter general,
85% para los
grupos de acción local pesqueros (GALP) y del
100% para las
regiones ultraperiféricas.
Además, se considera que las medidas que no constituyen un
incremento de capacidad de pesca deben suponer una
mejora de la seguridad y de las
condiciones de trabajo de los tripulantes y de la
eficiencia energética de los buques pesqueros, así como las destinadas a
modernizar puertos, lugares de desembarque y
nuevas lonjas.
De igual forma, se
plantea flexibilizar la definición de
pesca costera artesanal, para que buques en
condiciones similares a los de pequeño porte puedan beneficiarse del
Fondo, es decir, que no se tenga en
cuenta únicamente la eslora sino otras circunstancias, como la duración de la
jornada pesquera (marea) o la proximidad al puerto de atraque.
Según ha declarado el ministro a los medios de comunicación,
"la pesca es y debe ser un sector sostenible, desde el punto de vista de los recursos, pero también tiene que modernizarse".
Planas ha recordado que la
propuesta de reglamento sobre el FEMP está siendo objeto de examen en el
Grupo de Política Pesquera del Consejo. La presidencia rumana de turno de la
UE presentará, previsiblemente,
un documento de posición común, en la reunión del próximo mes de junio del
Consejo de Ministros del ramo de la UE.
Nuevo modelo de aplicación de la PAC
En relación con los temas de agricultura, el
Consejo de Ministros de la UE ha continuado el debate sobre el nuevo
modelo de aplicación de la PAC post 2020. El
Gobierno de España está preparando con las
comunidades autónomas el primer
Plan Estratégico Nacional, que se presentará aproximadamente dentro de año y medio a
la Comisión Europea.
En este ámbito,
España considera oportuno simplificar el informe de rendimiento anual de los
planes nacionales, que los
Estados miembros deben enviar a
la Comisión, de tal forma que haya un
margen de flexibilidad, no desde el punto de vista presupuestario
sino de los objetivos. Planas considera que, al tratarse de un ejercicio totalmente nuevo,
"es lógico que seamos muy prudentes a la hora de fijar objetivos y rendimientos".
Por otra parte,
la Comisión ha presentado en el
Consejo el informe regular sobre los
acuerdos comerciales de la UE con países terceros. Tras la
entrada en vigor del acuerdo con
Canadá, España ha incrementado casi un
90% sus
exportaciones agroalimentarias a este país. Además, el reciente acuerdo alcanzado con
Japón plantea muy buenas
oportunidades de negocio.
Por lo tanto,
España, como octava
potencia agroalimentaria del mundo, tiene un gran interés en lograr que sus productos lleguen a
países terceros. No obstante, el ministro ha aclarado que los
productores españoles se encuentran en ocasiones en condiciones de
competencia desigual.
En concreto, hay países que utilizan
técnicas y productos fitosanitarios distintos a los de la
Unión Europea. Ante esta situación,
España es partidaria de introducir el principio de reciprocidad en
los intercambios comerciales, de tal forma que si un
producto fitosanitario no está admitido en
la UE, no puedan introducirse en la
Unión mercancías en cuya producción se haya empleado.
A este respecto,
Planas ha recalcado que, desde el punto de
vista comercial, "debemos dar un paso adelante, y así lo he hablado con el
comisario Hogan, para plantearnos no sólo la equivalencia en los
parámetros de seguridad de los productos sino la reciprocidad en la forma en que éstos se producen".
España es consciente de la
aportación que puede realizar la agricultura, la ganadería y la silvicultura a la lucha contra el cambio climático, y así se ha plasmado en el
Plan Nacional de Energía y Clima y en el anteproyecto de
Ley de Cambio Climático. 
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