La citada Recomendación de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal fue adoptada en Ginebra el 12 de junio de 2015. Consta de nueve partes en donde se señalan los objetivos y el ámbito de aplicación de la Recomendación, los principios rectores y los marcos jurídicos y de políticas. Asimismo, se refiere a las políticas de empleo con el objetivo de crear empleos de calidad en la economía formal, contemplando los derechos y la protección social y se centra en el cumplimiento de las normativas y el control de su aplicación, destacando la adopción de medidas apropiadas para evitar la evasión del pago de impuestos y cotizaciones sociales y el incumplimiento de la legislación laboral. En España, la economía informal, concepto más extendido en Latinoamérica, afecta a mas de una cuarta parte del producto total y de los trabajadores.
La Recomendación contempla la libertad de asociación y libertad sindical, diálogo social y papel de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, el manejo de los datos y el cumplimiento de las disposiciones de la Recomendación.
No abarca la Recomendación las actividades ilícitas, en particular la prestación de servicios y la producción, venta, posesión o consumo de bienes prohibidos por la legislación, incluyendo la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes, la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la trata de personas y el blanqueo de dinero, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes. Tales actividades ilícitas son estimadas e incluidas cuantitativamente desde hace dos años en el cálculo del PIB, del que hasta 2015 estaban excluidas. Ello elevó la estimación oficial en varias décimas.
La economía informa es definida así como todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que — en la legislación o en la práctica — están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto.
Sorprende a tal efecto que, a los efectos de la presente Recomendación, en las unidades económicas de la economía informal quedan comprendidas "las cooperativas y las unidades de la economía social y solidaria", además de por ejemplo las unidades que emplean mano de obra, y las unidades que pertenecen a personas que trabajan por cuenta propia, ya sea en solitario o con la ayuda de trabajadores familiares auxiliares no remunerados.
El tránsito entre los circuitos de la economía formal a la informal y viceversa está sujeto a criterios individualizados de coste-beneficio, no exclusivamente crematísticos, como ocurre con cualquier actividad humana y, particularmente, con las económico-financieras. Las relaciones entre las actividades formales y “sumergidas” en una economía y sociedad cualquiera son dinámicas y cambiantes y resulta prácticamente imposible separar las dos vertientes con precisión y de manera radicalmente nítida.
Algunas implicaciones para el Gobierno
Al impulsar ahora esta transición, el Gobierno cumple la indicación de que los países miembros dela OIT deberían reducir, cuando corresponda, los obstáculos a la transición a la economía formal y adoptar medidas para promover la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción. En ese caso, deberían promover las ventajas de una transición efectiva a la economía formal y proporcionar incentivos para realizarla, como un mejor acceso a los servicios para las empresas, al financiamiento, a la infraestructura, a los mercados, a la tecnología, a los programas de educación y capacitación y a los derechos de propiedad.
La la recomendación de la OÍT así adoptada por España reconoce que la alta incidencia de la economía informal, en todos sus aspectos, representa un importante obstáculo para los derechos de los trabajadores, con inclusión de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como para la protección social, las condiciones de trabajo decente, el desarrollo inclusivo y el Estado de derecho, y tiene consecuencias negativas para el desarrollo de empresas sostenibles, los ingresos públicos y el ámbito de actuación de los gobiernos, en particular por lo que se refiere a las políticas económicas, sociales y ambientales, así como para la solidez de las instituciones y la competencia leal en los mercados nacionales e internacionales;
También reconoce que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento; que los déficits de trabajo decente — la denegación de los derechos en el trabajo, la falta de suficientes oportunidades de empleo de calidad, una protección social inadecuada y la ausencia de diálogo social — son más pronunciados en la economía informal; que la transición de la economía informal a la economía formal es esencial para alcanzar un desarrollo incluyente y hacer efectivo el trabajo decente para todos; la necesidad de que los Miembros adopten medidas urgentes y adecuadas para facilitar la transición de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal a la economía formal y asegurar al mismo tiempo la preservación y la mejora de sus medios de subsistencia durante la transición, y por ultimo que las organizaciones de empleadores y de trabajadores desempeñan una función importante y activa en la facilitación de la transición de la economía informal a la economía formal.
