Casi tres semanas después de la desaparición de los estudiantes en ataques de la policía y sicarios, sus compañeros acordaron con medio centenar de organizaciones sindicales y sociales incrementar la presión sobre las autoridades para que los encuentren con vida.
Las movilizaciones contemplan la toma de control a partir del jueves de los ayuntamientos de los 81 municipios de Guerrero, incluido Iguala, donde fueron atacados los jóvenes la noche del 26 de septiembre.
También se prevén bloqueos de carreteras y la ocupación de casetas de peaje de la turística autopista que conecta Ciudad de México y el balneario de Acapulco (Guerrero), donde también se llamó a una gran manifestación el viernes.
"El acuerdo es seguir la movilización para presionar al Estado (…) Va muy lento el trabajo (de búsqueda), no hay nada hasta el momento", dijo a la AFP Tonantzin Beltrán, miembro de la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero).
La CETEG, una fracción radical del sindicato nacional de maestros, ya encabezó las fuertes manifestaciones del lunes en Chilpancingo, capital de Guerrero, que derivaron en choques con la policía y el incendio parcial de la sede del gobierno regional.
En Guerrero, una de las regiones más empobrecidas y azotadas por el narcotráfico, existe un crisol de activas organizaciones sociales en conflicto permanente con las autoridades. La misma CETEG llevó a cabo el año pasado una campaña de protestas durante meses contra una reforma educativa nacional.
Crece la tensión de los entudiantes
La falta de noticias sobre el paradero de estos jóvenes, alumnos de una combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa (Guerrero), está desesperando a México y sobre todo a su comunidad educativa.
En Ciudad de México, miles de alumnos de grandes universidades públicas en huelga marcharon el miércoles hasta la céntrica sede de la fiscalía general y algunos de ellos, la mayoría encapuchados, rompieron a pedradas los vidrios de su fachada.
Mientras la tensión sigue en aumento, el presidente Enrique Peña Nieto pide tiempo para esclarecer este caso que ha llamado la atención mundial y que está plagado todavía de interrogantes.
Las autoridades sostienen que los 43 estudiantes que sobrevivieron a los ataques, en los que hubo seis muertos, fueron entregados por policías de Iguala y de la vecina localidad de Cocula a miembros del cártel local Guerreros Unidos.
Basándose en testimonios de sicarios detenidos, los investigadores sospechan que los jóvenes fueron asesinados y enterrados en algunas de las numerosas fosas clandestinas halladas después en los cerros de Iguala, un feudo de los criminales donde se deshacen de sus víctimas.
Las pruebas de ADN a los primeros 28 cadáveres encontrados determinaron que entre ellos no están los estudiantes, pero sumaron otro capítulo de horror a este caso.
Ahora hay otras 28 personas, que no se sabe quiénes son, que fueron asesinadas y enterradas en Iguala, como al menos otra cincuentena en lo que va de año en esta localidad bautizada como "cementerio" clandestino por sus propios y aterrados habitantes.
Los familiares de los jóvenes se resisten a creer que ése fue el destino de sus hijos y aseguran que siguen en manos de policías de Iguala fugitivos.
Mientras se analizan otros cadáveres encontrados, cerca de un millar de policías y miembros de grupos de autodefensa de Guerrero siguen desplegados en Iguala y alrededores, a solo 200 km de Ciudad de México.
La fiscalía ha detenido a casi 50 personas -incluidos 40 policías- pero admite que aún no tiene a los autores intelectuales del crimen ni puede determinar sus motivos.
Más pruebas van apareciendo de la infiltración en Iguala de los Guerreros Unidos, el cártel dominante en esa región.
La fiscalía reportó la noche del miércoles la detención de Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero de los Guerreros Unidos.
Según la fiscalía, Núñez Salgado entregaba cada mes 600.000 pesos (43.000 dólares) al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien es buscado por la policía al igual que el alcalde de Iguala y su esposa.
La mujer del edil, hermana de tres narcotraficantes, es señalada de pedir a la policía que actuara contra los estudiantes por temor a que arruinaran un discurso que iba a ofrecer como responsable local de un organismo público de protección a la infancia.
Los estudiantes, la mayoría entre 18 y 21 años, habían viajado de Ayotzinapa a Iguala para recaudar fondos y en el momento del ataque estaban a bordo de varios autobuses de los que se habían apoderado para regresar a su escuela.
En Honkong proponen el diálogo a los estudiantes
El Gobierno de Hong Kong ofrece diálogo a los estudiantes después de tres semanas de crisis en las que –la tradicionalmente pacífica excolonia– ha ocupado las portadas globales con calles cortadas por aglomeraciones, fragorosos enfrentamientos y palizas policiales.
El jefe del Ejecutivo, CY Leung, ha aclarado hoy en rueda de prensa que las reuniones para tratar las reformas políticas podrían empezar la siguiente semana. "En los últimos días hemos expresado a los estudiantes que nos gustaría empezar el diálogo para discutir el sufragio universal tan pronto como sea posible", ha dicho el líder de la excolonia.
No es la primera vez que se anuncian las inminentes reuniones entre ambos bandos para desatascar el conflicto. La semana pasada, después de que el Gobierno las hubiera aceptado, las anuló aludiendo a la actitud escasamente constructiva de los estudiantes y a su más que probable fracaso.
Es improbable que las conversaciones vayan a finiquitar el conflicto aunque es posible que aligeren la tensión. Estudiantes y Gobierno han subrayado durante estas semanas sus diferencias irreconciliables.
Los primeros, junto con la plataforma cívica Occupy Central, exigen que el sufragio universal de 2017 cuente con la libre nominación de candidatos en lugar del filtro que impone Pekín. Leung ha repetido que las posibilidades de que el Gobierno central ceda son "cero" y que las negociaciones no podrán desbordar los límites de la Ley Básica (la miniconstitución de la excolonia) o las decisiones del Partido Comunista de China.
"Podremos escuchar los puntos de vista de todos. Aún hay margen para discutir asuntos como la formación exacta del comité de nominación", ha declarado Leung hoy.
A las cuestiones de fondo se añade la desconfianza hacia el jefe del Ejecutivo. Su rostro aparece en las concentraciones caracterizado como Hitler, un vampiro o un jefe mafioso. Los estudiantes exigen su dimisión por entender que es el responsable de la represión policial.
Los siete agentes de policía que ayer propinaron una paliza a un manifestante han sido suspendidos hoy, según ha confirmado en rueda de prensa el superintendente Kong Man-keung. El vídeo de la agresión circuló por la excolonia y medio mundo, colocando al Gobierno en una crisis profunda de relaciones públicas.
Estados Unidos ha pedido una investigación "rápida, transparente y completa" y mostrado su "profunda preocupación" por las informaciones sobre brutalidad policial.
La indignación se ha incrementado al saberse hoy que uno de los agresores es un alto cargo en la lucha contra las mafias, asegura el diario local South China Morning Post. Se trata de Joe Wong Wong Cho-sing, inspector jefe del Bureau contra el Crimen Organizado y las Triadas, quien aparece en el vídeo vigilando mientras sus compañeros propinan patadas y puñetazos a Ken Tsang, miembro del Partido Cívico.
La crisis ha torpedeado a la policía hongkonesa, con reputación de ser de las más pulcras y eficaces del continente. Cientos de personas se han concentrado hoy frente a la sede policial para mostrar su indignación por la paliza y guardado turno para presentar quejas formales, según la prensa local.
Los enfrentamientos entre estudiantes y policías se han reproducido esta mañana cuando los primeros intentaron bloquear una carretera próxima a las oficinas gubernamentales y fueron frenados con sprays pimienta. Los choques han sido más leves que los registrados ayer, cuando ambas partes se enfrascaron en peleas durante una hora que terminaron con 45 heridos.
Unos centenares de estudiantes permanecen en Admiralty, el principal punto de ocupación, sin aparentes intenciones de abandonarlo.
