La
secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, fue quien presidió l
a Conferencia Sectorial de Igualdad, con la participación de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, así como la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dispuesto también
9,5 millones de euros para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género.
Por otro lado, el
Gobierno y comunidades autónomas han aprobado el título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones socio laboral sin la necesidad de interponer denuncia. En este caso, se ha diseñado un
modelo común y consensuado para unificar la acreditación administrativa en todo el territorio.
El objetivo de esta medida, es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos socio-laborales de las víctimas sin supeditarlo a la
judicialización del caso.
El
Real Decreto ley 9/2018 de 3 de agosto reconoce la
validez de los informes de los servicios sociales, especializados o de los de acogida destinados a víctimas de violencia de género de cara a la posibilidad de acceder a los derechos y prestaciones socio-laborales previstos en la
Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
medidas de protección integral frente a la violencia de género.
Cabe señalar que la
denuncia policial sigue siendo la única vía para acceder a la protección policial y para iniciar un proceso judicial.
En referencia al
título de habilitante, las comunidades autónomas establecerán los
organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a esta medida.
Fondos del Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género en comunidades autónomas
El crédito, de
100 millones de euros, será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción socio-laboral;
campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un
sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las
Unidades de Valoración Forense Integral.
La distribución del crédito aprobada en el
Conferencia Sectorial responde a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo. Asimismo, se tendrá en cuenta
la población rural y la densidad de población.
La
Conferencia Sectorial ha acordado repartir
9.5 millones de euros, de los cuales 6,5 se destinan a programas para la asistencia social integral, un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores, y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
Participación de España en la CSW
La secretaria de
Estado ha informado sobre la participación de España en el sexagésimo tercer periodo de sesiones de la
Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de ONU Mujeres, donde se debatió como tema prioritario "Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas".
Soledad Murillo, que encabezó la delegación española en la
CSW, ha destacado el "relevante papel de
España en la defensa de los derechos humanos de las mujeres" y ha informado además de la firma del Marco de Asociación Estratégica
(MAE) 2019-2021 con el que
España renueva su compromiso con
ONU Mujeres, organismo prioritario para la cooperación española y la acción exterior de España en materia de género en el ámbito multilateral.
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