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Recupera el centralismo por 61 diputados entre los de Macron

Inconstitucional en Francia la inmersión lingüística de centros públicos en bretón,catalán o euskera

Manifestación en Bayona por la diversidad lingüística. Bob Edme.Gara-Naiz

El Consejo Constitucional de Francia, con una rapidez inusitada en España, anuló este viernes la posibilidad legal de enseñar lenguas o usar grafías autóctonas en escuelas públicas de regiones donde se habla bretón, catalán o euskera. Era el artículo cuarto de la ley para la protección y la promoción de las lenguas regionales, aprobado el 8 de abril pasado en el país vecino, redescubridor y mensajero mundial del derecho basado en la razón como pilar del centralismo administrativo y lingüístico.
Redacción / 22-05-2029 y actualizada en sus enlaces 7 de agosto de 2021 Enviar a un amigo
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El Constitucional se apoya en el artículo 2 de la Constitución declarando el francés la lengua de la República para declarar que, en la relación entre la Administración y los particulares, estos “no puede arrogarse (...) el derecho a usar otra lengua que no sea el francés, ni ser obligados a tal uso” por el predominio de otra lengua distinta al francés en centros públicos. Se estima que, de los 12 millones de alumnos del sistema escolar francés, unos 170.000 reciben clases en sus lenguas regionales, entre los cuales solo una minoría reducida frecuenta escuelas privadas donde se practicaba la inmersión, hasta ahora no regulada.

Antes de que ser publicada,  recurrieron la ley 61 diputados del partido de Macron al Consejo Constitucional, con apoyo del ministro de Educación, Jean Michel Blanquer, quien según LeMonde dijo en un encuentro con diputados macronistas que quería evitar “vivir, en Francia, el fenómeno catalán”. 

Aunque la sentencia reconoce la constitucionalidad del artículo que regula la financiación del aprendizaje de otras lenguas, declara inconstitucional la pedagogía basada en la inmersión lingüística. De este modo, no solo la deja fuera de la escuela pública, sino que también la rechaza para las escuelas privadas, como en el caso vasco la federacion  de ikastolas Seaska, que temen verse privadas de financiación pública. 

La llamada ley Molac, ofrecia la opción en algunas escuelas, y siempre que los padres y educadores lo solicitasen, de superar el 50% el número de asignaturas en la lengua regional. Su promotor,  el diputado bretón Paul Molac, del grupo Libertades y territorios, teme que la decisión del Constitucional acabe afectando a las escuelas privadas donde rige la inmersión, como los centros de la red Diwan en Bretaña.

El Consejo dictaminó ayer que el uso de inmersión lingüística son inconstitucionales porque son contrarias al artículo segundo de la Constitución, que dice que la lengua de la República es el francés. El Consejo Constitucional ha convertido así el soporte legal en desamparo. Sin embargo, los representantes y la sociedad civil de Ipar Euskal Herria se han conjurado contra esos jacobinos reaccionarios y en defensa de la riqueza cultural y los derechos. Han dicho que no aceptarán el fallo. Les avala una perseverancia inquebrantable, según declaró Paul Molac al juzgar con severidad en nombre de esa entidad vasca la decisión del Constitucional: “Son nacionalistas franceses, personas que no soportan que un francés no sea al mismo tiempo de cultura francesa”, dijo a March Bassett de El PAÍS. “Para ellos es una cuestión de principios: el francés debe aplastarlo todo”.

El Constitucional, en la misma decisión, declaró legales las subvenciones a escuelas privadas que enseñen la lengua regional, pero vetó el uso en los documentos del estado civil grafías no francesas, como la ‘ñ’ del nombre bretón. El argumento es el mismo que el de la inmersión: admitir que los particulares usen en sus relaciones con la Administración y el servicio público otra lengua que el francés vulnera el artículo 2 de la Constitución.

La decisión se interpreta como una victoria para el centralismo frente al regionalismo, corrientes que dividen Francia como mínimo desde los años revolucionarios de finales del siglo XVIII cuando se enfrentaban jacobinos contra girondinos. Los primeros prevalecieron. Y tanto el centralismo político como la uniformidad lingüística en nombre de la igualdad y la abolición de los privilegios del Antiguo Régimen acabaron considerándose esenciales para la cohesión nacional y la construcción de la República.

Las lenguas regionales quedaron al borde de la extinción o en extrema precariedad. Pero ni la idea girondina, ni el regionalismo desapareció del todo. Su manifestación más reciente fue la adopción hace cinco semanas de la ley de las lenguas regionales, hoy parcialmente liquidada. “Para ellos”, dice el diputado Molac en alusión a los miembros del Constitucional, “la escuela debe servir para formatear al ciudadano. Piensan que es el Estado el que hace al ciudadano, y no a la inversa”.

Aunque la República en marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron, suele votar casi en bloque a favor de las propuestas del presidente, la ley para la defensa y la promoción de las lenguas regionales fue una excepción. No era iniciativa del Gobierno y, por sorpresa, acabo siendo aprobada en la Asamblea Nacional con 247 votos a favor, 76 en contra y 19 abstenciones. Cien diputados de LREM apoyaron la ley, muchos de ellos procedentes de zonas con lenguas regionales, como Occitania o Bretaña.
 

El viernes previo a la decisión del Consejo Constitucional sobre el recurso presentado por 61 diputados de la mayoría macronista contra la llamada Ley Molac, dos centenares de personalidades se pronunciaron en favor de la norma a iniciativa del escritor Erik Orsenna, miembro de la Academia francesa. También hubo una movilización el miércoles en Baiona para reclamar el derecho de pasar los exámenes en euskara, como refleja la foto superior de Bob Edme.
Escritor y licenciado en Ciencias Políticas, Erik Orsena –nombre de batalla de Eric Arnoult– es el impulsor de la columna publicada en ‘Le Monde’ con el apoyo de 200 personalidades Llega en vísperas de que, este viernes, 21 de mayo, el Consejo Constitucional dé a conocer su decisión en relación al recurso presentado por 61 diputados de la mayoría macronista contra la llamada Ley Molac.
En ese artículo el colectivo de los 200 remarca que «es responsabilidad de los poderes públicos salvaguardar y promover nuestras lenguas regionales», una aseveración de partida con la que se sitúan en una posición frontalmente contraria a esos diputados que, instigados desde el propio Ministerio francés de Educación, optaron por elevar su queja al Constitucional después de que su posición política saliera perdiendo en el debate en la Asamblea Nacional, cámara que adoptó el 8 de abril esa norma que lleva la firma del diputado bretón y defensor infatigable de las minoritarias, Paul Molac.
«Rica en diversidad por los territorios que la componen, Francia cuenta con 75 lenguas llamadas regionales. Factor de división para algunos, ese número importante de lenguas tiene para nosotros otra acepción: el de la increíble riqueza para la humanidad que alberga nuestro país, en gran medida subestimada cuando no abandonada», expresan en ese artículo esas 200 personalidades.
«Francia no llega a dar su justo valor a ese tesoro nacional hoy en peligro, ya que, a diferencia del francés, todas esas lenguas figuran en gran riesgo de extinción y por por lo tanto de desaparición, según la clasificación de la Unesco» añaden los firmantes para referirse luego a las consecuencias que tiene para las lenguas minorizadas el propio sistema político e institucional francés.
«La democracia más centralista del mundo»
«Nuestra República se ha construido al cabo del tiempo según un modelo centralizado y unitario jacobino, hasta el punto de que Francia es hoy una de las democracias más centralizadas del mundo» expresan, para recodar que «ese modelo ha llevado a la construcción de una unidad nacional, a través, precisamente de la imposición en exclusiva del uso del francés en la esfera pública».
Los firmantes no obvian señalar el alto precio que se ha pagado a causa de esa política, con menciones explícitas a los castigos en las escuelas a niños-as que «persistían en hablar en su lengua» o la cadena de desprecios cuando no de prohibiciones que han acompañado a ese proceso de uniformización lingüística.
Fruto de todo ello, según indican, «para muchos franceses hoy se trata de la lengua que hablaban sus padres o de sus abuelos». Y advierten de que «cuando las lenguas no se trasmiten una parte de nuestra identidad y de nuestra visión del mundo desaparece».

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