El Constitucional se apoya en el artículo 2 de la Constitución declarando el francés la lengua de la República para declarar que, en la relación entre la Administración y los particulares, estos “no puede arrogarse (…) el derecho a usar otra lengua que no sea el francés, ni ser obligados a tal uso” por el predominio de otra lengua distinta al francés en centros públicos. Se estima que, de los 12 millones de alumnos del sistema escolar francés, unos 170.000 reciben clases en sus lenguas regionales, entre los cuales solo una minoría reducida frecuenta escuelas privadas donde se practicaba la inmersión, hasta ahora no regulada.
Antes de que ser publicada, recurrieron la ley 61 diputados del partido de Macron al Consejo Constitucional, con apoyo del ministro de Educación, Jean Michel Blanquer, quien según LeMonde dijo en un encuentro con diputados macronistas que quería evitar “vivir, en Francia, el fenómeno catalán”.
Aunque la sentencia reconoce la constitucionalidad del artículo que regula la financiación del aprendizaje de otras lenguas, declara inconstitucional la pedagogía basada en la inmersión lingüística. De este modo, no solo la deja fuera de la escuela pública, sino que también la rechaza para las escuelas privadas, como en el caso vasco la federacion de ikastolas Seaska, que temen verse privadas de financiación pública.
La llamada ley Molac, ofrecia la opción en algunas escuelas, y siempre que los padres y educadores lo solicitasen, de superar el 50% el número de asignaturas en la lengua regional. Su promotor, el diputado bretón Paul Molac, del grupo Libertades y territorios, teme que la decisión del Constitucional acabe afectando a las escuelas privadas donde rige la inmersión, como los centros de la red Diwan en Bretaña.
El Consejo dictaminó ayer que el uso de inmersión lingüística son inconstitucionales porque son contrarias al artículo segundo de la Constitución, que dice que la lengua de la República es el francés. El Consejo Constitucional ha convertido así el soporte legal en desamparo. Sin embargo, los representantes y la sociedad civil de Ipar Euskal Herria se han conjurado contra esos jacobinos reaccionarios y en defensa de la riqueza cultural y los derechos. Han dicho que no aceptarán el fallo. Les avala una perseverancia inquebrantable, según declaró Paul Molac al juzgar con severidad en nombre de esa entidad vasca la decisión del Constitucional: “Son nacionalistas franceses, personas que no soportan que un francés no sea al mismo tiempo de cultura francesa”, dijo a March Bassett de El PAÍS. “Para ellos es una cuestión de principios: el francés debe aplastarlo todo”.
El Constitucional, en la misma decisión, declaró legales las subvenciones a escuelas privadas que enseñen la lengua regional, pero vetó el uso en los documentos del estado civil grafías no francesas, como la ‘ñ’ del nombre bretón. El argumento es el mismo que el de la inmersión: admitir que los particulares usen en sus relaciones con la Administración y el servicio público otra lengua que el francés vulnera el artículo 2 de la Constitución.
La decisión se interpreta como una victoria para el centralismo frente al regionalismo, corrientes que dividen Francia como mínimo desde los años revolucionarios de finales del siglo XVIII cuando se enfrentaban jacobinos contra girondinos. Los primeros prevalecieron. Y tanto el centralismo político como la uniformidad lingüística en nombre de la igualdad y la abolición de los privilegios del Antiguo Régimen acabaron considerándose esenciales para la cohesión nacional y la construcción de la República.
Las lenguas regionales quedaron al borde de la extinción o en extrema precariedad. Pero ni la idea girondina, ni el regionalismo desapareció del todo. Su manifestación más reciente fue la adopción hace cinco semanas de la ley de las lenguas regionales, hoy parcialmente liquidada. “Para ellos”, dice el diputado Molac en alusión a los miembros del Constitucional, “la escuela debe servir para formatear al ciudadano. Piensan que es el Estado el que hace al ciudadano, y no a la inversa”.
Aunque la República en marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron, suele votar casi en bloque a favor de las propuestas del presidente, la ley para la defensa y la promoción de las lenguas regionales fue una excepción. No era iniciativa del Gobierno y, por sorpresa, acabo siendo aprobada en la Asamblea Nacional con 247 votos a favor, 76 en contra y 19 abstenciones. Cien diputados de LREM apoyaron la ley, muchos de ellos procedentes de zonas con lenguas regionales, como Occitania o Bretaña.
