La situación perjudica sobre todo a mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, mayores y niños y niñas. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no es ajeno a esta realidad, y por ello, tal y como ha recalcado hoy el secretario de Estado del Departamento, Juan Manuel Moreno, el Gobierno “está buscando todas las fórmulas posibles para atajar la pobreza, en especial la pobreza infantil”.
En Valladolid, con motivo de la inauguración del II Congreso Estatal de Participación de Personas en situación de Pobreza o Exclusión Social, en el que también ha participado la Junta de Castilla y León por medio de su consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, el secretario de Estado ha trazado el panorama de las muchas personas y familias a las que la crisis ha llevado a una coyuntura próxima a la exclusión social.
Por un lado, porque son numerosos los casos de familias que ahora sufren una presión económica que antes no tenían y que, por esta misma razón, “se están volviendo más frágiles”. También porque “existe un alto riesgo de pobreza entre los niños de los hogares, en ocasiones porque sólo uno de los padres tiene trabajo remunerado”. Un contexto así ha creado en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad “un gran motivo de preocupación”.
Según ha indicado Juan Manuel Moreno, “el 12% de la población trabajadora se sitúa en riesgo de pobreza”, lo que afecta en mayor medida a mujeres, mayores, personas con discapacidad, jóvenes y menores. Es imposible permanecer al margen de la realidad, así que el secretario de Estado ha proclamado “el compromiso del Gobierno con las personas más desfavorecidas”. De hecho, tal y como ha afirmado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “ha puesto a punto todos los mecanismos de protección social de los que dispone, sobre todo si se trata de luchar contra la pobreza infantil”.
Uno de esos mecanismos, ya aprobado, es el Plan de Infancia y Adolescencia, dotado de más de 5.000 millones de euros para los próximos cuatro años y formado por 120 medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de los menores. A éste se sumarán en próximas fechas otros dos: uno, previsto para comienzos del año que viene, es el Plan de Apoyo a las Familias, que “reforzará su protección social, jurídica y económica, e incidirá en los ámbitos de conciliación, empleo, salud o fiscalidad”, ha avanzando Juan Manuel Moreno. El otro, cuya puesta en marcha está prevista para finales de año, es el Plan para la Inclusión Social 2013-2016.
Todo ello, más las subvenciones sociales con cargo al IRPF, que en la próxima convocatoria alcanzarán una cuantía de 211 millones de euros, conforman el grueso de las iniciativas con las que el Gobierno pretende “dar respuesta a las necesidades de muchos españoles”, en palabras de Juan Manuel Moreno.
Las subvenciones del IRPF permiten financiar 1.100 programas de 425 ONG dedicadas a atender y asistir a las personas que más lo necesitan. Son proyectos que ayudarán a 25 millones de personas, de los que 6 están en riesgo de exclusión.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, asimismo, se ha congratulado de “la ola de solidaridad” que la crisis ha despertado, pues ha aumentado el número de voluntarios en un 20%, rebasándose la cifra de las 4.200.000 personas, y del trabajo de las organizaciones del Tercer Sector, de las 29.000 entidades sociales de toda España.
Organizaciones que están sosteniendo su actividad en un contexto de tesorería difícil, de ahí que el Gobierno haya puesto en marcha un Plan de Apoyo a las entidades sociales con un presupuesto de 3.000 millones de euros, dirigidos a saldar sus deudas con las administraciones.
