miércoles,26 enero 2022
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Como la previa de líderes gubernamentales de hace dos meses

La cumbre de ministros de empleo del G20 termina sin soluciones a la precariedad global

Redacción
Envejecimiento de la población, jóvenes muy formados con empleos precarios y baja natalidad eran principales desafíos de la reunión de responsables de Trabajo del G-20 en Matsuyama (Japón). La ministra Valerio representó a España y destacó las medidas tomadas por su Gobierno en funciones.Pero esta cumbre laboral termina hoy como hace días la del G-7 y dos meses antes la de jefes de Estado y Gobierno del G20:sin medidas efectivas y concretas par afrontar problemas denunciados por los sindicatos

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, participó este domingo en la primera sesión de la Reunión de Ministros y Ministras de Trabajo y Empleo del G-20 que se desarrolla en Matsuyama, Japón. Esta jornada, en la que ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, se ha dedicado a abordar los cambios demográficos a los que se enfrenta el mercado de trabajo, tanto en lo que se refiere al empleo de los trabajadores mayores como de los más jóvenes.

Unai Sordo declaró que CCOO estuve presente en este #L20 el grupo laboral del #G20 y que @CCOO reivindicó que el desarrollo debe ser inclusivo y sostenible, ambiental y socialmente, lo que solo es posible con trabajo decente. Previamente, su secretària Confederal d'Internacional i Cooperación,  Cristina Faciaben, anunció que los sindicatos reclamaron a #G20 empleos y formación de calidad,  formalización del trabajo, derechos laborales y protección social, crecimiento sostenible, verde e inclusivo, y distribución equitativa ingresos, según relatan en una declaración de 6 folios que relata las prioridades de los sindicatos, la mayoría de ellas eludidas en la cumbre por los ministros (ver recuadro final).

El Gobierno de España en funciones aprovechó el evento para difundir una nota donde enumenra sus planes anunciados contra algunos de los problemas abordados en la cumbre, donde considera que el reto demográfico requiere de una estrategia transversal a largo plazo:

"En nuestro país, un 6% de la población en España tiene más de 80 años y un 1,2% tiene más de 90 años, a la vez que es un país con una alta esperanza de vida, 83,2 años y bajas tasas de natalidad (7,86 nacimientos por cada mil habitantes en 2018). Todos estos aspectos suponen un desafío no solo para nuestro mercado de trabajo, sino también para la sostenibilidad de nuestro Estado territorial y, en definitiva, nuestro modelo de convivencia.

Para abordar estas cuestiones, se ha creado el Alto Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico y se han aprobado las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que se centra en la despoblación, el envejecimiento y los efectos de la población flotante.

Además, con el objetivo de adaptarse a los cambios asociados al envejecimiento de la población, España ha puesto en marcha una serie de iniciativas que promueven la participación de las personas de más edad en el mercado de trabajo y el desarrollo de vida laborales más largas. Entre ellas, destacan la Estrategia Española de Activación para el Empleo, que actúa de manera prioritaria con mayores de 55 años; el Plan Reincorpora-T, que busca apoyar a los desempleados de larga duración, entre los que abundan los mayores de 55 años; y la jubilación flexible, que posibilita compatibilizar pensión y trabajo y, de esta forma, alargar la vida activa. Asimismo, se promueven iniciativas de mejora de la formación a lo largo de la vida, como el Plan de Formación de Competencias Digitales, enfocado a grupos de población concretos como los trabajadores y trabajadoras de más de 45 años.

El empleo de los jóvenes

Los niveles de desempleo juvenil son un desafío a nivel global que hay que abordar de forma conjunta. La precariedad laboral y salarial hace difíciles los proyectos de emancipación de las personas trabajadoras de menor edad. “Son jóvenes que, pese a ser la generación más preparada de la historia de nuestro país, no consiguen encontrar trabajo”, explicó la ministra. Y ello puede redundar en un aumento de los conflictos, el desapego social y las migraciones.

“En España nos enfrentamos a altas tasas de desempleo juvenil desde hace años (el 33,1% para los menores de 25 años en el segundo trimestre de 2019), y aunque la tasa de desempleo juvenil ha descendido en casi 24 puntos desde el peor momento de la crisis, no podemos sentirnos satisfechos”.

Para hacer frente a esta situación el Gobierno de España ha aprobado el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, que cuenta con seis ejes de actuación: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional. Este Plan va a contar con 2.000 millones de euros para sufragar, entre otras cosas, el aumento sustancial de orientadores que atienden a jóvenes desempleados, el fomento de la formación profesional dual, la formación en competencias claves como digitales o lingüísticas, el fomento de start up y proyectos TIC de mujeres, etc.

Otras medidas puestas en marcha que favorecen a los jóvenes son la subida del salario mínimo interprofesional un 22,3% en 2019, el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, el Plan de retorno a España, el Plan Reincorpora-T, destinado a las personas paradas de larga duración, muchas de las cuales son jóvenes, y la equiparación plena de los permisos por nacimiento de hijo de padres y madres, que redunda en una mejora de la conciliación familiar y laboral.

La ministra también remarcó que el desempleo juvenil es “un reto colectivo”, por lo que el Gobierno español “está trabajando intensamente con la Iniciativa Global de Empleo Decente para los Jóvenes de la Organización Internacional del Trabajo, como instrumento que ha permitido aglutinar esfuerzos por mejorar el empleo productivo de los jóvenes en el ámbito internacional.

Nuevas oportunidades de empleo en el sector de los cuidados

En el marco de los retos demográficos, el envejecimiento de la población también presenta nuevas oportunidades de empleo ligadas a la denominada “economía plateada”. En este sentido, destaca la importancia del sector de los cuidados. En España, la tasa de dependencia de la población mayor de 64 años, calculada sobre la población activa de 16 a 64 años, es casi de un 30%. Como en muchos otros países del G-20, en España este sector ha estado tradicionalmente caracterizado por altos niveles de temporalidad, parcialidad e incluso informalidad.

Una situación que se agrava si se tiene en cuenta que entra las personas trabajadoras vinculadas al sector de los cuidados se encuentran sobrerrepresentados grupos de población especialmente vulnerables, como los trabajadores menos cualificados, mujeres, personas desempleadas de larga duración o migrantes. Para abordar esta situación el Gobierno de España ha adoptado una serie de medidas como la promoción de la formación profesional de colectivo de cuidadores no profesionales en el marco del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (medida incluida en el Plan Reincorpora-T).

Con el objetivo de reforzar la protección social, el Gobierno ha recuperado la financiación pública de las cuotas del sistema de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que pone en valor la figura del cuidador no profesional y permite integrar los años dedicados al cuidado de la persona dependiente en la vida laboral y así generar derecho a prestaciones como la de jubilación.

Otras medidas orientadas a la mejora de las condiciones laborales del sector de los cuidados es el ya citado Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 y el incremento del salario mínimo interprofesional.

Reuniones bilaterales

Durante la primera sesión de trabajo de los Ministros y Ministras de Trabajo Trabajo y Empleo del G-20 que se desarrolla en Matsuyama, Japón, la ministra Valerio también ha mantenido encuentros bilaterales con la comisaria europea responsable de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, con el secretario de Estado de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Björn Böhning, y con la ministra de Trabajo de Francia, Muriel Pénicau.

También ha mantenido un encuentro informal con la representante de Argentina, la secretaria de Promoción, Protección y Cambio Tecnológico, Graciela Guzmán, y con la embajadora de México, Melba Pria", temina la nota de prensa oficial del Gobierno.

 

Algunas de las prioridades laborales de los sindicados eludidas en la cumbre 

Frente a este relato de planes anunciados, la declaración de los sindicatos ante este L-20 rezuma un gran pesimismo y termina con la conclusión de que, "en ausencia de un mecanismo sólido que vele por la coherencia de las políticas, como una reunión conjunta de Ministros de Trabajo y Finanzas que incluya una fuerte contribución de los interlocutores sociales, existe el riesgo de obtener efectos contradictorios entre los resultados de los canales de empleo y finanzas del G20, en particular con respecto a las áreas prioritarias para las reformas estructurales.

"Es importante mantener y mejorar las consultas con los interesados, y en particular el compromiso con los interlocutores sociales, incluso a nivel de los Líderes del G20, como ha sido una buena práctica en varias cumbres anteriores del G20. Los Líderes del G20 tienen la gran responsabilidad de predicar con el ejemplo y desarrollar un consenso en los foros multilaterales con el fin de coordinar la formulación de políticas y su implementación a escala mundial. Deben tener como objetivo abordar urgentemente una serie de amenazas mundiales inmediatas, tales como el cambio climático, la extendida precariedad del trabajo, la extremada concentración de riqueza, la especulación financiera y la inestabilidad, los altos niveles de endeudamiento, la carrera corporativa en pos de ventajas fiscales, el persistente desempleo y las múltiples formas de desigualdad en aumento", dice la declaración de los sindicatos, que empieza con las siguientes notas de pesimismo antes de exponer 9 medidas concretas para promover el trabajo decente, 2 para la mayor promoción de la igualdad de género, y otras para lograr una Transición Justa a una economía neutra en materia de carbono, garantizar que la innovación tecnológica beneficie a todos, y sobre todo eliminar la evasión, el fraude y el dumping fiscales y reforzar el sistema de comercio mundial, medidas que no ha tomado este G-20 ni su cumbre anterior de jefes de Estado y de Gobierno de finales de junio pasado ni previamente la de 2018 en Buenos Aires:

"Desde la reunión de Líderes del G20 en Buenos Aires, siguen acumulándose los indicios reveladores de una nueva desaceleración del crecimiento económico mundial, al tiempo que se observa un empeoramiento de la desigualdad económica, los riesgos financieros mundiales y la inestabilidad climática. La participación de la renta del trabajo en el PIB disminuye y los salarios se han quedado estancados si se les compara con la productividad. Millones de trabajadores/as tienen ingresos inferiores a lo que se requiere para vivir una vida decente, además de constatar que la inflación erosiona el valor de sus salarios. La desigualdad es elevada y creciente, lo que representa una gran amenaza para la cohesión social y el crecimiento económico inclusivo. La UNCTAD advierte que la deuda global representa tres veces la producción mundial. El extremo desequilibrio en la distribución de los ingresos obliga a los hogares a cubrir sus desequilibrios presupuestarios con deuda, al igual que obliga a los Gobiernos a cubrir los déficits derivados del fraude y de la evasión fiscal masivos del mismo modo. Entre tanto, un informe reciente de la OCDE subraya que la deuda de bonos corporativos ahora asciende a 13 billones de dólares, el doble que antes de la crisis financiera. En los próximos años vencerán importes sustanciales de deuda corporativa. Si la desaceleración del impulso económico se vincula con estas vulnerabilidades financieras, podría dar como resultado una crisis más profunda de lo previsto.

La digitalización podría crear enormes oportunidades para todos; sin embargo, como en muchos otros ámbitos, es una pequeña élite la que impulsa la transformación, incluso mediante la captación de macrodatos y redes. No hay garantías de que el cambio tecnológico desemboque en mayores mejoras sociales para los trabajadores y trabajadoras, las familias y las comunidades. Los costos de la transición, en forma de pérdidas de empleo, un empeoramiento de las condiciones de trabajo, y un aumento de la desigualdad de género y otras desigualdades, no deberían revertir en los trabajadores y las trabajadoras.

Un aspecto aún más importante es que la crisis climática amenaza los medios de subsistencia de miles de millones de personas y está obligando a muchos millones a emigrar. Los científicos advierten que el costo de la inacción o de mayores retrasos será mucho más grave, especialmente para las personas vulnerables en las economías en desarrollo, en transición e industrializadas.

El G20 y otros Gobiernos, conjuntamente con los interlocutores sociales, deben intensificar los esfuerzos para abordar estos desafíos y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 8 sobre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y el ODS 10 sobre la reducción de la desigualdad. Los Líderes del G20 tienen una gran responsabilidad, pero también una gran influencia para llevar al éxito a la comunidad internacional.

Se requiere un Nuevo Contrato Social, para reducir la precariedad y la desigualdad ocasionadas por el actual modelo económico mundial, y restaurar la fe de las personas y su confianza en Gobiernos e instituciones. . Una Garantía Laboral Universal incluye los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT –libertad sindical y derecho de negociación colectiva, prohibición del trabajo forzoso o infantil y de discriminación–, además de un salario vital, soberanía del tiempo de trabajo y normas de seguridad y salud en el trabajo.

La Agenda 2030 define a los trabajadores/as como agentes del desarrollo; por consiguiente, deberían promoverse y reforzarse sus acciones en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas a nivel nacional, regional y global. Para lograr los objetivos de la Agenda 2030, el G20 debe implementar todos los compromisos anteriores sobre trabajo decente, respeto y promoción del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva, así como todos los derechos fundamentales en el trabajo".

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